Acabamos de tener un fin de semana extremadamente violento que culminó con al menos 70 víctimas de homicidio doloso en diversas entidades federativas. Aunado a ello, esta semana inició con otro evento de alto impacto, esta vez fue el homicidio del alcalde de Huehuetlán el Grande, Puebla, lo que parece apuntar a que seguimos sin saber qué hacer ante esta crisis de seguridad, pese a que nos hemos enfrentado al crimen organizado por más de una década.

La clara evidencia es que continuamos escuchando que nuestras autoridades insisten en que los homicidios están ligados a la confrontación entre grupos de la delincuencia organizada. Aparentemente, nuestras autoridades consideran que esta característica los torna en acontecimientos menos graves y olvidan que si estos grupos luchan por el control de un territorio es porque las instituciones del Estado han fallado.

No podemos esperar resultados efectivos frente a la delincuencia si hay deficiencia para prevenir y sancionar los delitos, si no se implementa un sistema de readaptación social capaz de reincorporar plenamente a la sociedad a una persona que purgó una sentencia justa y proporcional al daño ocasionado. Si no corregimos este camino pareciera que estamos trabajando por una sociedad que mantenga viva la problemática delincuencial.

Es cierto que no es posible que dejen de cometerse homicidios en nuestro País, pero ello se debe a rasgos propios de la conducta y de la sociedad. El homicidio sí puede reducirse a tasas mínimas de incidencia y una de las acciones clave para conseguirlo es desvincularlo de actividades de la delincuencia organizada mediante acciones en dos vías: fortalecimiento institucional y reconstrucción del tejido social.

En México, ha sido clara la reproducción y el aumento del homicidio con sus respectivas implicaciones en nuestra calidad de vida. Asimismo, ha sido evidente que esto se debe a la falta de capacidad del Estado para disminuir el poder de los grupos delincuenciales; de generar oportunidades para que las personas opten por un desarrollo dentro de la ley; de castigar la conducta delictiva de manera oportuna; de permitir que la impunidad crónica, la falta de oportunidades y el subdesarrollo sean factores determinantes en la decisión de que quien empieza a delinquir, lo haga una y otra vez, cometiendo delitos cada vez más graves.

El contexto nacional, que se ha caracterizado por un combate a los grupos del crimen organizado, se ha vuelto cada vez más complejo dada la incidencia de delitos del fuero común que terminan en homicidios que tienden a ser negados y desatendidos por las autoridades locales correspondientes. Se ha vuelto más complejo porque nuestras autoridades han optado por tratar la crisis de seguridad como un mero problema mediático que debe ser manejado por el área de comunicación social.

Urgen instituciones sólidas y confiables, respetuosas de los derechos humanos, que combatan el delito, al tiempo que necesitamos políticas de prevención que logren su cometido.

Ya basta de buscar justificaciones para dejar reproducirse tanta violencia y delincuencia. Si se mantiene la actual tendencia de las estadísticas oficiales terminaremos el 2016 con 19 mil 560 víctimas directas de homicidio doloso y muchas más víctimas indirectas que pagarán las consecuencias de un País donde sus instituciones no logran garantizar la paz social ni el respeto de los derechos humanos.

Autoridades, es hora de que asuman su responsabilidad y dejen a un lado la retórica y las líneas discursivas convenientes. Autoridades, recuerden que nadie los obligó a asumir el cargo, ahora asuman su responsabilidad y reconozcan que no es seguro vivir en nuestro País, que enfrentamos una crisis de seguridad humana que no han sabido resolver. ¡Es hora de un México de leyes y derechos donde las personas vivamos seguras!

Twitter: @frarivasCoL.