Ciudad de México.– La violencia política en México, con 305 agresiones en el actual proceso electoral, entre ellos 94 asesinatos de candidatos y autoridades, representa un retroceso de la democracia que este país busca consolidar desde el inicio del siglo.

Entre la disputa de grupos delictivos por territorio y el combate oficial contra el narcotráfico, la violencia abona un escenario en el que las facciones políticas dirimen sus conflictos, influyen o imponen candidatos.

“Lo que define este proceso electoral es toda esta violencia que se ha orientado en hacer un lado a un candidato a través de medidas violentas, quitarle la vida, por ejemplo, o mediante amenazas”, dijo a Efe el director de la consultoría Etellekt, Rubén Salazar.

En su cuarto informe de Violencia Política publicado la semana pasada, esta consultora da cuenta de 305 agresiones contra actores políticos mexicanos y sus familiares desde que inició este proceso electoral, el pasado 8 de septiembre.

Esta estadística incluye los 94 asesinatos con tintes políticos y electorales, entre los que sobresalen 30 precandidatos, seis candidatos, además de autoridades electas, dirigentes partidistas y 44 familiares.

Salazar opinó que las autoridades están rebasadas por la violencia política porque “están atendiendo las campañas de sus partidos en lugar brindarle seguridad a todos los participantes”.

Este hecho, apuntó, “ha sido aprovechado por grupos políticos que han sacado partido de ese clima de violencia y de la incapacidad de la autoridad para ponerle freno”.

El asesinato más reciente, ocurrido este 11 de mayo, fue el del candidato de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena, izquierda) a presidente municipal de Apaseo El Alto, en el estado de Guanajuato, José Remedios Aguirre.

El informe destaca que desde que comenzaron la campaña electoral formal, el 30 de marzo, el 72 por ciento de los ataques ha sido dirigido a políticos y candidatos de oposición al Gobierno.

El estado de Guerrero registra el mayor número de asesinatos con 21 casos, seguido de Oaxaca (16), Puebla (10), Veracruz (8) y Estado de México (7).

“Tenemos un componente político muy fuerte de agresión en contra de opositores, a quienes en una palabra se les busca anular, desplazar o interferir sus actividades de campaña, conductas que han dejado pasar las autoridades”, señaló Salazar.

Explicó que ese tipo de actos interfieren y van en contra de la calidad del proceso democrático en México y “no son una buena señal” ante lo “inédito” del número de agresiones.

Comparados con las 70 agresiones y 20 asesinatos registrados durante las elecciones federales de 2015, los ataques de este tipo han aumentado un 400 por ciento, destacó.

Este aumento se debe a la alta concurrencia que provocado el proceso electoral, lo cual ha rebasado y limitado la intervención de las autoridades, sostiene.

Salazar cree que la violencia crecerá “en lo que se refiere a amenaza y agresiones en actos de campaña” y a medida que no haya una respuesta contundente de las autoridades, al menos para condenarla, “se enviará una mala señal” que abonará a la impunidad.

Ante este panorama, el presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, expresó su preocupación en una entrevista con el periódico Reforma.

“El hecho de que se esté presentando en pleno proceso electoral, el más grande en la historia del país, hechos de violencia como éstos deben alertarnos a todos”, apuntó Córdova.

Consideró que esta violencia tiene el significado de México está lejos, “como Estado, de generar las condiciones idóneas de paz pública y de seguridad para que las elecciones transcurran bien”.

En su encuentro en República Dominicana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo un observación sobre la “situación especial” de riesgo en que están los candidatos de diferentes filiaciones políticas.

La CIDH “confía en que el Estado va a continuar tomando medidas” para garantizar la seguridad en el proceso electoral y a investigar los casos reportados de manera diligente.

MÁS DE MIL CANDIDATOS RENUNCIAN A CARGOS

A menos de 50 días de la elección del próximo primero de julio, en la que están en juego 3 mil 406 cargos, incluida la Presidencia de México, al menos mil candidatos federales y locales han renunciado a la contienda, entre otras razones, por temor a la violencia.

De ese número 341 son candidatos federales que contendían por un lugar en el Senado o la Cámara de Diputados, o sus suplentes en la fórmula. Es decir, aquellos que ocuparían su lugar en caso de renuncia o licencia.

De las 341 renuncias, 158 corresponden a suplentes y 183 a candidatos propietarios, lo que ha obligado a los partidos políticos a solicitar sus sustituciones ante el Instituto Nacional Electoral (INE).

Los argumentos principales son el retiro de la candidatura por parte de sus partidos, el temor al crimen organizado y razones personales, de acuerdo con autoridades electorales citadas por el periódico Excélsior.

El Partido Verde Ecologista de México está a la cabeza de las sustituciones con 105, seguido del Partido del Trabajo (PT) con 57, Partido Nueva Alianza (Panal) con 42 y la coalición Por México al Frente (PRD, PAN y Movimiento Ciudadano) con 40.

Siguen el Partido Encuentro Social (PES) con 32 sustituciones, la coalición Todos por México (de PRI, PVEM y Panal) con 27, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) con 11, la coalición Juntos Haremos Historia (Morena, PES y PT) con 10, Movimiento Ciudadano con 9, el Partido Acción Nacional (PAN) con 6, y Morena con 2.

Hasta esta elección, la prensa mexicana no había reportado la sustitución de candidatos. Ni siquiera en el proceso de 2012, cuando la ofensiva contra el narcotráfico llevaba ya 6 años.

RENUNCIAS EN LOS ESTADOS

En los procesos electorales que se llevarán a cabo en los estados ya suman 660 las renuncias de candidatos a cargos municipales y diputaciones locales, de acuerdo con las autoridades electorales.

De las 32 entidades del país, 4 concentran los más altos números de sustituciones y en conjunto suman 635 bajas. Estos son Oaxaca con 306, Estado de México con 225, Chihuahua con 80 y Guerrero con 24.

En Oaxaca el Instituto Estatal Electoral aprobó la sustitución de 289 candidatos a alcaldes y regidores de los ayuntamientos, que fueron obligados a renunciar por la dirigencia de sus partidos.

En el Estado de México suman hasta ahora 225 los candidatos a puestos municipales y diputaciones locales que solicitaron la baja de su registro, argumentando cuestiones personales, pero las autoridades electorales sólo han aprobado 54 sustituciones.

En Chihuahua 72 aspirantes renunciaron por el ambiente de inseguridad y violencia, y en Guerrero lo hicieron al menos 24 por los mismos el mismos motivos.

La consultora de análisis de riesgo Etellekt dio a conocer este 10 de mayo que ya suman 93 los políticos asesinados en México durante este proceso electoral, convirtiéndose en el más violentos de la historia.

“De estos 93 asesinatos, 80 corresponden al ámbito municipal, pues ahí es donde se está concentrando la violencia, es el eslabón más débil de todo el aparato institucional”, afirmó Rubén Salazar, director de la consultora.