Mal y de malas comienza el año y peor aún arranca el proceso electoral en donde por primera vez en la historia, junto con la elección del presidente de la República y los integrantes del Congreso de la Unión, concurrirán las elecciones locales en 30 entidades federativas, y se elegirán ocho gobernadores, un jefe de Gobierno, 972 diputados a Congresos locales, mil 5 mil 987 ayuntamientos y 16 alcaldías en la Ciudad de México.

La descomposición política y la violencia que flagelan al país han permeado al proceso electoral. Al igual que al inicio de 2017, en el preámbulo de las elecciones del Edomex, grupos delictivos en la Zona Metropolitana del Valle de México saquean tiendas de conveniencia o autoservicio, sin que la autoridad esclarezca y castigue a los promotores de estos actos vandálicos, alentando una percepción de miedo.

Alarma el número de homicidios de candidatos, alcaldes, dirigentes, activistas y periodistas. Incluso, en la capital del país, tuvieron lugar hechos sin precedente, que no deben quedar impunes: funcionarios públicos encabezan a grupos de golpeadores para sabotear actos de proselitismo de la precandidata a jefa de Gobierno por Morena en Coyoacán.

La impunidad sienta sus laureles, como sucede ante la evidencia de la triangulación ilícita de recursos a las campañas del PRI, incluida la elección de 2012, mediante sobornos a empresas a cambio de contratos de obras públicas, como se ha acreditado en Chihuahua, donde se desviaron 246 millones de pesos del erario y, tras la detención del operador financiero del cartel gubernamental, Alejandro Gutiérrez, la SHCP, lejos de ir a fondo en la investigación, busca someter al gobierno estatal reteniendo sus participaciones federales.

En este escenario no se puede desestimar el impulso decidido del gobierno federal a la Ley de Seguridad Interior, la que otorga facultades al Ejecutivo federal para disponer de las Fuerzas Armadas cuando a su juicio considere necesario emitir una declaratoria de riesgo a la seguridad interior, que no es otra que la seguridad del Estado, no de las personas, para usarla como un instrumento para contener, no al crimen, sino a un eventual conflicto poselectoral.

Ante ello, como ha sido una práctica recurrente, las autoridades promueven pactos de civilidad o protocolos electorales con los partidos contendientes que, como lo han demostrado experiencias anteriores, se convierten en una farsa. Bastaría con que el gobierno federal, los gobiernos locales y las autoridades electorales, cumplan con su obligación para garantizar el desarrollo del proceso electoral; que los partidos y sus candidatos cumplan con la ley, y se castigue con firmeza a quien la viole para tener elecciones limpias. Si ello no sucede, todo lo demás sólo es simulación.

En abono a este panorama, prevalece un profundo desencanto en la mayor parte de la población, en particular en los seis millones de jóvenes que por primera vez podrán votar, quienes no tienen confianza en la clase política ni en los partidos ni en las instituciones electorales, lo que paradójicamente puede traducirse en un factor disuasivo para alcanzar un cambio de régimen en este país.

Por lo que los electores debemos asumir la necesidad de traducir este desencanto en una insurgencia cívica. Exijamos a los órganos electorales que actúen con autonomía y garanticen elecciones libres, legales y auténticas. Que se impida el desvío de recursos públicos, la compra del voto y un fraude que conduciría al descarrilamiento del país.

Sin ello, difícilmente se edificará una mayoría para sacar del gobierno a quienes han corrompido la vida pública del país, hundido en la pobreza e incertidumbre a la mayoría de los mexicanos, y transformar el régimen político para abrir una senda de desarrollo democrático, si la sociedad no se organiza y sale a votar.

Al mismo tiempo, la autoridad y los partidos deben asumir que no es posible garantizar elecciones libres, si no existe un clima de paz y de una competencia fundada en la tolerancia, por lo que es imprescindible dejar de lado el odio y el encono. Es tiempo de competir con legalidad y equidad, para superar nuestras dificultades, no de proteger a delincuentes.