De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Coahuila es uno de los 10 estados de la República en donde mayor incidencia se registra en casos de violencia contra las mujeres.

Con un récord de 810 denuncias por lesiones dolosas durante los primeros cinco meses de 2021 y cuatro mil 475 llamadas de mujeres que han reportado haber sido víctimas de algún tipo de violencia, nuestra entidad se encuentra entre las menos seguras para el género femenino.

Como se ha dicho en múltiples ocasiones, el problema fundamental con este tipo de fenómenos es cómo la estadística evidencia que no hemos hecho lo suficiente en materia de prevención, lo cual obliga a cuestionar la actuación de las distintas autoridades cuyos esfuerzos deberían estar orientados en esta dirección.

Porque aún cuando se nos diga que una vez denunciados los hechos se realizan acciones para investigar y castigar a los presuntos responsables de los mismos, eso nos habla solamente de una actitud reactiva frente al problema y no de una política de transformación de los patrones socioculturales que se encuentran detrás del mismo.

La legislación mexicana ha desarrollado, desde hace un buen número de años, una serie de normas que en la realidad debieran garantizar que las mujeres accedan a una vida libre de violencia y eso demanda, en primerísimo lugar, acciones de prevención.

En otras palabras, lo importante no es perseguir y castigar las conductas que se registran de espaldas a este ideal, sino impedir que las agresiones en contra de niñas, adolescentes y mujeres adultas sean perpetradas.

Para lograr esto es necesario asumir que tales hechos ocurren porque hemos normalizado largamente una serie de ideas que ubican en un plano de “superioridad” a los hombres, razonamiento del cual se desprende la idea de que “tienen derecho” a ejercer la violencia contra las mujeres.

Erradicar estas ideas demanda el diseño e implementación de políticas públicas multi dimensionales, que deben ser desplegadas por autoridades de todos los órdenes de gobierno y de todas las áreas porque de lo que se trata es de transformar la cultura colectiva.

La estadística que cotidianamente reseñamos los medios de comunicación evidencia que, aún existiendo esfuerzos oficiales en este sentido, estos no están siendo eficaces y ello debería obligar a las autoridades a realizar los ajustes que hagan falta para alcanzar los objetivos deseados.

Una sola víctima de violencia -en cualquiera de sus manifestaciones- es demasiado. Los números que publicamos en esta edición retratan una realidad inadmisible que demanda intervención inmediata y un compromiso puntual para revertir esta situación.

Cabría esperar que en nuestra entidad se refrende el compromiso por garantizar a las mujeres una vida libre de violencia y que dicho compromiso implique la disminución inmediata en el número de víctimas.