El Comité para Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de la ONU revisa el informe de seguimiento de México a las observaciones realizadas por el organismo al Estado mexicano desde el 2018, basadas en  cuatro rubros: el tipo penal de feminicidio, la atención a la desaparición de mujeres y niñas; la revisión de la efectividad del mecanismo de alerta de género; y el seguimiento al caso de feminicidio de Pilar Argüello en Veracruz. 

En este contexto, la CEDAW abre un espacio para que las organizaciones de la sociedad civil den sus aportaciones en el marco de la evaluación que se realiza al país para conocer su perspectiva en materia de violencia de género. 

Es así como el colectivo “Nosotras tenemos otros datos”, I(dh)eas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos, Amnistía Internacional, entre otras asociaciones, han realizado un diagnóstico con una mirada plural y diversa que permite hacer énfasis en las mejoras que deben implementarse lo más pronto posible debido a la magnitud del problema. 

De manera puntual la sociedad civil propone: adoptar la implementación nacional del Protocolo Alba; la sistematización de información víctimas que recopile su perfil, lugar y circunstancias de la desaparición (aspectos necesarios para la identificación de patrones); implementar de manera homogénea el citado protocolo con mecanismo claros de socialización y rendición de cuentas; diseñar y poner en marcha un mecanismo que permita evaluar el funcionamiento de la Alerta de Violencia de Género contra la Mujeres y su impacto; y adoptar medidas urgentes para superar las complicaciones que ha traído la pandemia para la activación de protocolos de búsqueda de mujeres y niñas. 

Otro aspecto que preocupa a la sociedad civil es el debilitamiento de instituciones encargadas de la protección  de los derechos humanos, las cuales sufrieron recortes presupuestales pronunciados que obstaculizan la posiblidad de que se emprendan acciones específicas para la erradicación de la violencia contra las mujeres y las niñas. 

Es momento que el Estado mexicano sea sensible, responsable y eficaz  para abordar este tema como un asunto de emergencia nacional.