El colectivo Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (Fuundec) denunció, en conjunto con el Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, que Juan José Yáñez Arreola violó la ley al adelantar en una entrevista periodística el asesinato de cinco personas sordomudas, ajenas a la delincuencia, en el penal de Piedras Negras.
 
De acuerdo con un comunicado emitido, el funcionario dio a conocer al diario El Español que “en la prisión estatal de Piedras Negras asesinaron e incineraron a personas. Entre las víctimas se encuentran personas ajenas al mundo criminal como los vendedores sordos”.       

Al respecto, el Centro de Derechos Humanos —representante de las víctimas y familiares del caso— señaló que no fueron informados de alguna prueba o indicio que apunte a que fueron asesinados e incinerados. 

Sin embargo, aunque hubiera sido cierta la afirmación de Yáñez Arreola, las familias demandaron enterarse de manera directa y no a través de los medios.

Denunciaron que tras ventilar estos datos se violentó el artículo 85 del Código de Procedimientos Penales de Coahuila que señala: “todas las actuaciones de la averiguación previa serán en reserva (…) se responsabilizará al servidor público que quebrante la reserva de las investigaciones o permita el acceso a los expedientes que se formen con motivo de la averiguación. Será motivo de destitución dar indebidamente copia de los expedientes”. 

Asimismo el artículo 206 de la Ley de Procuración de Justicia de Coahuila señala que las sanciones para los servidores públicos que ventilen información podrán ser de seis meses a tres años en prisión; destitución del cargo o comisión públicos e inhabilitación hasta por ocho años para desempeñar otro.