La pensión de 37 mil 128 pesos mensuales que fue aprobada por la Secretaría de Educación Pública del Estado y la Dipetre para Humberto Moreira Valdés en diciembre del año pasado fue obtenida de manera irregular, de acuerdo con la constancia de servicios del exgobernador expedida por la misma Secretaría.

El documento –del cual VANGUARDIA tiene una copia-, fue emitido el 20 de noviembre del 2015 y deja ver que el exlíder nacional del PRI, solamente realizó sus aportaciones a la Dirección de Pensiones durante 17 años y 5 meses, tiempo que estuvo asignado a grupos, aunque sólo dio clases tres años.

Desde hace más de 11 años, y hasta la fecha, se mantuvo con permisos sin goce de sueldo.

La constancia señala que Moreira Valdés comenzó a laborar como catedrático frente a grupo en la Secundaria Técnica Abel Suárez de León, en 1985, donde estuvo hasta 1988, cuando se fue a las oficinas centrales de la SEP en la Ciudad de México. 

No obstante la distancia, Moreira siguió adscrito a diversos planteles en Saltillo hasta 1995, cuando se le asignaron horas de secundaria en la “Unidad Jurídica de la Secretaría de Educación del Estado” hasta 2004.

A partir del 1 de septiembre del 2004 solicitó permiso sin goce de sueldo, mismo que renovó cada ciclo escolar, el último se vence el 31 de agosto de este año. A partir de entonces y hasta el 2011 se dedicó de lleno a la vida política.

Una primera anomalía en la pensión de Humberto Moreira comienza con los años de servicio y las aportaciones que dejan en entredicho que, como lo aseguró el Director de la Dipetre, cumpliera con todos los requisitos para poder jubilarse.

VANGUARDIA publicó que Moreira Valdés se pensionó con el 100 por ciento de sus sueldo al haber cumplido 30 años 15 días de servicio; sin embargo, el documento de la Sedu afirma que el exmandatario solamente estuvo activo durante 17 años y cinco meses en el ramo de la educación, único periodo durante el que aportó al Servicio Médico y a la Dirección de Pensiones.

A partir del 2009 se le empezó a tomar en cuenta el nivel de maestría, con la que en ese año aún no contaba, pues él mismo ha referido públicamente que fue en 2012 cuando inició sus estudios en España.

El obtener un beneficio sin haber reunido los requisitos que establece la Ley de Pensiones, puede  generar que se le cancele la pensión y además ser sujeto de denuncia por la Comisión del Delito Equiparable al fraude, como lo establece el artículo 110 de la Ley de Pensiones y Otros Beneficios Sociales de los Trabajadores de la Educación.