Los elementos del 69 Batallón de Infantería y un civil acusados por el delito de secuestro, no lograron su beneficio para obtener libertad y un Juez de Control les dictó auto de vinculación a proceso. 

El Ministerio Público asignado a la Unidad Especial Contra el Secuestro (UECS) aportó las pruebas en contra de Roger D., Francisco G. y Luis N., por el delito de secuestro en su modalidad de privación ilegal de la libertad con motivo de cometer un daño. 

De los dos primeros detenidos se confirmó que forman parte del Ejército y eran parte de la operatividad antisecuestro, por lo que su castigo podría duplicarse. 

En la audiencia de vinculación que inició a las 11:00 horas de ayer, en la Sala Número 3 del Centro de Justicia Penal, se dio lectura a la carpeta de investigación, en la que se dijo que antes de ocurrir el secuestro, el afectado Iván Adolfo acudió a una reunión con amigos a un domicilio de la colonia El Salvador. 

En dicho evento, Iván Adolfo sostuvo un conflicto verbal con un habitante del mismo sector de nombre Susano, quien amenazo con enviarle a sus sobrinos que forman parte de la Sedena. 

Según testigos alcanzaron a observar que la madrugada del domingo 22 de mayo arribaron 4 personas en un vehículo Chevrolet Chevy color azul y se metieron a platicar a casa de Susano. 

Alrededor de las 03:30 horas de ese día, Iván salió de la reunión para dirigirse a su casa y justo cuando caminaba por la calle Hebreos, los hombres del vehículo lo privaron de su libertad. 

Lo abordaron a la fuerza al vehículo y 2 personas que vieron la incidencia lo reportaron al Sistema de Emergencias 066. 

El afectado, en su denuncia, reveló que sus plagiaron lo mantuvieron tirado al piso del vehículo, mientras que militares pisoteaban sus partes íntimas. Lo llevaron a la Sierra de Zapalinamé, para golpearlo; lo dejaron inconsciente al arrojarle un bloque de concreto en el rostro. 

Los militares, al creer sin vida a la víctima, huyeron. No obstante, en el cruce del bulevar Otilio González y avenida Juan Navarro, fueron interceptados por elementos de la Policía Municipal del Grupo Centauro. 

Uno de los ocupantes del auto huyó mientras que los oficiales revisaban el interior, donde encontraron pequeñas cantidades de drogas y cuchillos tácticos; detuvieron a un hombre. 

El abogado defensor de los imputados, Patricio Labastida, en la audiencia mostró inconformidad porque la detención no fue legal. Sin embargo, el Juez valoró su testimonio y argumentó que la detención por secuestro fue por orden de investigación. 

Es decir, la detención por parte del Grupo Centauro fue por posesión de narcóticos y las armas blancas, del secuestro se basaron con una denuncia por parte de la víctima y careó a los implicados a través de la cámara y reconoció a sus agresores. 

Al término de la diligencia, el ministerio público Ulises Ramírez Guillén, solicitó de plazo 3 meses para ofrecer más pruebas, a lo que se opuso el defensor argumentando que con 30 días era suficiente. 

El juez Pedro López Medrano, cedió a la petición del Ministerio Público y será el 29 de agosto cuando defina la situación legal de los militares. El delito podría agravarse porque en la audiencia confirmaron que son miembros del Ejército y que se encargaban de temas en secuestros.