De acuerdo a Reforma,  Esas cinco empresas están ligadas con otras seis que también fueron utilizadas para el saqueo de recursos públicos federales, según información obtenida por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

En la red chiapaneca de empresas fantasma se triangularon los recursos federales mediante convenios suscritos con el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social (SQCS) y con Televisora de Hermosillo S. A. de C. V. (Telemax).

Toda esta red tiene su base de operaciones en Chiapas y es distinta a la que reveló REFORMA el pasado 11 de septiembre.

En ambos casos se triangularon los recursos federales mediante convenios suscritos con el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social y con Televisora de Hermosillo.

Entre la red de empresas usadas para desviar recursos de la Sedatu figura Agatha Líderes Especializados S.A. de C.V, que recibió entre 2016 y 2017 pagos por 164.7 millones de pesos.

Esta compañía había sido constituida el 31 de marzo de 2012 por un muchacho de 23 años de edad que acreditó como domicilio una humilde vivienda de un piso en una colonia popular del Municipio de Soledad de Graciano, en la zona metropolitana de San Luis Potosí. Al poco tiempo de haberla creado, la mudó a Chiapas.

El 21 de septiembre de 2016, ese mismo joven que fundó la empresa Agatha nombró como apoderado general a Alfonso Gómez Méndez, residente del barrio Niño de Atocha, de Tuxtla Gutiérrez, quien funge como dueño mayoritario de Principal Enajena S.A. de C.V., un despacho que ha sido reportado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) por simular operaciones y que durante el sexenio de Javier Duarte formó parte del esquema de empresas fantasma utilizado para el desvío de recursos.

Principal Enajena fue creada el 14 de noviembre de 2011 en Tuxtla Gutiérrez por Gómez Méndez, quien figuró como dueño del 90 por ciento de las acciones, además de fungir como administrador y gerente único, de acuerdo con la información recopilada por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

Su socio era un empleado de 41 años que tenía su domicilio en una casita de un piso en el barrio Colón de la capital chiapaneca.

 

En el acta constitutiva, Gómez Méndez dijo haber nacido el 10 de marzo de 1960, ser empleado y con domicilio en una casa de un nivel en una privada del barrio Niño de Atocha. En las actas de otras empresas en las que también funge como socio, declaró ser comerciante, haber nacido el 10 de mayo de 1960 y vivir en otra vivienda que está a una cuadra de la anterior.

Aunque aparentemente se trataba de dos personas, se confirmó que en realidad es una misma que aportó información distinta ante los notarios que constituyeron 6 de las empresas en las que funge como socio o apoderado. Lo anterior se corroboró al cotejar la credencial de elector que presentó para identificarse, con número de folio 1650012107191.

Su empresa Principal Enajena obtuvo contratos por asignación directa por 9 millones 500 mil pesos en el Gobierno de Javier Duarte, por concepto de supuestos servicios de comunicación y difusión, de acuerdo con un informe del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, cuando hizo la revisión de contratos de publicidad.

Dichos servicios nunca se prestaron, pues la empresa no contaba ni con instalaciones ni infraestructura. El domicilio fiscal que aportó en los contratos corresponde a una pequeña casa de un piso, con techo de lámina, en la colonia La Pimienta, de Tuxtla Gutiérrez.

A partir de una serie de visitas de inspección realizadas por empleados de la Secretaría de Hacienda de Chiapas se declaró a la empresa como "no localizada" y fue notificada al SAT, la cual desde el pasado 26 de enero de 2017 la incluyó en su lista negra por presunta simulación de operaciones.

De ese modo, de simular la prestación de servicios con el gobierno de Duarte, Gómez Méndez pasó a ser subcontratista de la Sedatu.

Su nombramiento como apoderado de Agatha Líderes Especializados, en septiembre de 2016, se dio casi a la par de que esa empresa recibió contratos por 50 millones 811 mil pesos del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social y por 83 millones 469 mil pesos de Televisora de Hermosillo SA de CV (Telemax) para realizar supuestos servicios de difusión a la Sedatu.

Al año siguiente, ambas intermediarias le otorgaron contratos por otros 30 millones de pesos a la misma empresa, de acuerdo con la relación de los contratos consultados para esta investigación.

Con información de Reforma