La semana anterior se vieron las caras, en una corte del Estado de Texas, dos excompañeros de viaje en el Gobierno de Coahuila: el exgobernador interino Jorge Torres López y el exsecretario de Finanzas, Javier Villarreal Hernández. La ocasión sirvió para que ambos se lanzaran acusaciones mutuas, según se ha revelado ahora.

De acuerdo con un reportaje publicado por el diario San Antonio Express News, Villarreal, quien compareció en una audiencia que forma parte del juicio contra Torres López, habría acusado a su exjefe de ser el “cabecilla” de una trama de corrupción durante el tiempo que ambos “sirvieron” como parte del Gobierno de Coahuila.

“Villarreal pintó a Torres, quien lo precedió como Secretario de Finanzas de Coahuila y quien luego se desempeñó como gobernador interino, como cabecilla del esquema. Poco después de que Torres se uniera al departamento de finanzas del estado en 2005, funcionarios de alto rango sostuvieron una reunión para determinar quién sería el próximo gobernador, testificó Villarreal. Su elección, dijo, fue Torres” señala el reporte a partir de las declaraciones realizadas por Villarreal en la Corte.

La conspiración para inflar contratos de construcción y pavimentación, además de aprobar facturas fraudulentas por horas de vuelo de aviones de un empresario cercano, dijo Villarreal, habría involucrado a medio centenar de personas. Se entiende, desde luego, que serían funcionarios gubernamentales muchos de ellos.

Lo señalado por Villarreal en la Corte texana solamente confirma lo que cualquiera puede deducir fácilmente: la corrupción gubernamental -en México y en cualquier lugar de mundo- es una actividad que no es posible desarrollar en solitario.

Justamente por ello es que largamente se ha insistido en señalar el silencio de las autoridades mexicanas ante este caso que, desde el principio, se ha dicho que implica dinero extraído de las arcas públicas.

¿Por qué solamente a las autoridades estadounidenses parece interesarles que encumbrados funcionarios públicos de la administración de Humberto Moreira se hubieran enriquecido a costa del erario? ¿Por qué, luego de que les han hecho la tarea en el vecino país, ninguna autoridad coahuilense ha mostrado el mínimo interés en recuperar el dinero robado a nuestra entidad?

A nadie puede sorprenderle que Villarreal y Torres López crucen acusaciones en una corte estadounidense: se trata de dos convictos que han confesado haber cometido delitos relacionados con el blanqueo de capitales y ambos se encuentran a la espera de que se dicte sentencia en su contra.

Lo que sorprende es que, frente a la confesada culpabilidad de ambos, de este lado de la frontera sigamos considerando que las autoridades coahuilenses -y las mexicanas en general- solamente son espectadoras pasivas de una trama que comenzó en Coahuila y constituye el agravio más importante que desde el poder público se ha realizado en contra de los coahuilenses.