A pesar de que Nicolás Maduro llegó por la vía del voto a la Presidencia de Venezuela, hoy su permanencia en el poder ya no es legítima. Según los últimos sondeos, el 80 por ciento de los venezolanos lo quiere fuera, perdió por amplia mayoría las últimas elecciones legislativas, el país atraviesa por la peor crisis económica de su historia y, utilizando de manera tramposa la ley, impidió la realización de un referéndum revocatorio que solicitó un porcentaje de venezolanos más amplio que el que exigía la ley.

En los últimos días, en Venezuela se ha visto a una clase gobernante que se niega entregar el poder y está dispuesta a lo que sea para conservarlo. En pocas palabras, ya ni siquiera intentan fingir que actúan de manera legal o democrática, están tan desesperados que han llegado al extremo de contratar grupos de choque para que tomaran de manera violenta en Congreso Nacional y golpearan a diputados opositores mientras estos sesionaban.

Hay que recordar que el poder legislativo está controlado por la oposición y que desde hace unos tres meses, Maduro ha buscado minar a través del Tribunal Supremo de Justicia, el cual emitió una resolución en la que asumía las funciones legislativas. El argumento para dicho atropello y golpe de Estado técnico fue que el Congreso Nacional no había acatado algunas resoluciones del mismo.

Sin embargo, la propia legislación venezolana no admite dicha sustitución de funciones, de hecho, es inconcebible que un poder invada las funciones de otro. Un Tribunal podría imponer sanciones por desacato, pero no atraer para sí las atribuciones del otro poder, más aún cuando dicho poder fue electo por voto popular, a diferencia del propio Tribunal.

Hace unos meses también se informaba de cómo el Gobierno venezolano se negó a darle dinero a la Asamblea Nacional para sufragar los sueldos y demás gastos, lo cual es absurdo, porque es la propia Asamblea la que establece el presupuesto; es decir, ellos son los que aprueban el presupuesto del Gobierno y a quien el Gobierno le debe rendir cuentas por el ejercicio del mismo, por ende, parece inconcebible que quien se debe rendir cuentas se le niegue la entrega de lo que ha sido aprobado. Ya que ellos son el órgano que decide la distribución de los fondos públicos.

A estos ataques también hay que sumar el intento de Maduro de impulsar una Asamblea Constituyente, en la que el voto popular no elija a los miembros de dicho órgano, sino que sus miembros salgan directamente de los círculos bolivarianos que ellos controlan, es decir, lo que pretende Maduro es que tomando la opinión de sólo el 20 por ciento de la población que le es afín, se constituya un órgano que modificará la Constitución que habrá de regir al 100 por ciento de los venezolanos.

Ante lo que pasa en Venezuela, parece ya no haber defensa. Cualquiera que crea en la democracia se dará cuenta que en dicho país ya no la hay y que la permanencia de Maduro en el poder es insostenible.

victorsanval@gmail.com
@victorsanval