Mientras que el grupo parlamentario del PAN busca la destitución del titular de la Auditoría Superior del Estado, Armando Plata, por presuntas irregularidades en la revisión de la cuenta pública de 2017, el dictamen que elaboró la Comisión de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública, sigue detenido por no contar con las firmas de diputados del PRI, Morena y PRD.

El dictamen del Informe Anual de Resultados de 2017 señala que la Auditoría Superior del Estado incurrió en diversas omisiones, entre ellas el no haber interpuesto denuncias por las observaciones de más de 9 mil millones de pesos.

Sin embargo, el dictamen solo fue aprobado por lo general en la Comisión de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública, pues diputados del PRI, Morena y PRD se reservaron hasta cinco puntos del acuerdo al considerar que se estaba mezclando información de otras auditorías. Dichos legisladores decidieron no firmar el dictamen.

Por lo tanto, aunque ya se venció el plazo para que se aprobara el dictamen en el pleno, éste todavía está detenido y para la sesión de este martes no se tiene contemplado que se incluya en el orden del día.

Otro de los acuerdos del dictamen pide que se le turne a la Comisión Instructora de Juicio Político y Declaración de Procedencia para que el titular de la Auditoría Superior del Estado, Armando Plata, sea destituido de su cargo por sus supuestas omisiones en el informe, por lo que el grupo parlamentario del PAN pide que se lleve a cabo ese trámite.

En caso de que se dé, primero los integrantes de dicha comisión tendrían que empezar una investigación sobre los señalamientos del dictamen y tomar una determinación que después se tiene que poner a disposición del Pleno.

Cabe señalar que en Coahuila el único caso de juicio político que se ha dado fue en 2016, cuando el Congreso del Estado quitó el fuero a un regidor de Arteaga, quien incurrió en el delito de robo. A nivel nacional, en estados como Michoacán o Morelos, auditores han sido destituidos por malas prácticas.

ENTÉRESE

La cuenta pública 2019 no fue aprobada por el PRI, Morena ni el PRD, por no haberse interpuesto denuncias por las observaciones de más de 9 mil millones de pesos.