México, DF. Alrededor de 28 órdenes de aprehensión están pendientes de cumplimentarse por parte de la Procuraduría General de Justicia (PGJE) de Michoacán en contra de integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), así como estudiantes normalistas.
 
Así lo reveló el titular de la PGJE, José Martín Godoy Castro, quien detalló que los delitos por los que se busca aprehender a los maestros disidentes van desde la comisión de robo, daños y, en general, los ilícitos derivados “de sus actividades”.
 
Entrevistado tras el despliegue elementos de la Gendarmería Nacional en Morelia, el procurador estatal refirió que en los próximos días se estarán ejecutando las órdenes y, derivado del tipo de delito; aseguró que las penas podrían ir desde los cuatro o los ocho de prisión.

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“Hay robo, robo de vehículo, robo de uso, daños, son las actividades que han venido realizando, que se han venido documentando, que los ofendidos los han identificado y tenemos ya las resoluciones judiciales en ese sentido”, aseguró.
 
De acuerdo con Godoy Castro, ha habido casos en que los propios estudiantes se presentan ante el tribunal amparados y el juez les fija una caución, y los sujetan a proceso. Sin embargo, refirió que al estar dentro del nuevo sistema de justicia penal, dependerá del tipo de delito para resolverlos por la vía de los mecanismos alternos de resolución de conflictos.
 
Cuestionado sobre si el dirigente de la CNTE en el estado se encuentra dentro de las personas que podrían ser detenidas, el procurador refirió “yo tengo la información de las personas, los cargos no los puedo señalar, nosotros no obtenemos mandamientos judiciales por cargos, sino por hechos o conductas delictivas”.
 
Por otra parte, luego de seis meses de que se reforzara la seguridad en la capital de Michoacán, ayer las autoridades federales dieron el banderazo a un  nuevo despliegue a cargo de elementos de la División de Gendarmería Nacional de la Policía Federal. Al menos 300 gendarmes realizan desde ayer labores de proximidad y disuasión del delito.

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En presencia del gobernador del estado, Silvano Aureoles Conejo, el comisionado general de la Policía Federal, Enrique Galindo Ceballos, sostuvo que fue por instrucción del Presidente de la República que se determinó enviar a la “policía mejor evaluada del país”.