Si la pandemia del nuevo coronavirus se hubiera presentado en el sexenio pasado, la farmacéutica favorita de Enrique Peña Nieto, Grupo Fármacos Especializados, habría recibido la mayoría de los contratos para medicamento y material médico. Pero ahora, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador la vetó, la multó por casi un millón de pesos y prepara denuncias ante la Fiscalía General de la República por presuntos actos de corrupción y defraudación fiscal.

La Unidad de Inteligencia Financiera investiga la red que, encabezada por su propietario Antonio Pérez Fayad, su esposa y sus tres hijos, se tejió alrededor de esta empresa para recibir contratos por más de 80 mil millones de pesos pero reportar pérdidas fiscales por más de 416 millones, mientras se daban una vida de lujos, adquirían bienes y movían recursos hacia Turquía, Rumania, Alemania, Suiza y Estados Unidos.

Además de que usaban empresas catalogadas por el SAT como fachadas para triangular el dinero. Y varias de las transferencias internaciones las hicieron a inicios de 2019, cuando el nuevo gobierno comenzó las investigaciones en su contra.

En sus ejercicios fiscales de 2013 a 2016, Pérez Fayad reportó ingresos por 624 millones 693 mil 553 pesos pero drásticamente en 2017, su reporte fue en ceros. Aunque entre 2018 y 2019 envío a Rumania tres millones 975 mil 524 pesos. Este tipo de transferencias eran constantes pero en montos variados, en el 2015, durante el auge de la entrega de contratos del gobierno priista envió 100 millones de pesos a Suiza y 64 millones a Estados Unidos a cuentas de él mismo.

Realizó retiros en efectivo por tres millones 492 mil pesos y emitió cheques de caja para su esposa entre febrero de 2015 y febrero de 2019 por más de 13 millones de pesos.

De 2013 a 2018 recibió depósitos en efectivo por seis millones 723 mil pesos; de noviembre de 2015 a febrero de 2016 recibió depósitos vía SPEI por 11 millones 766 mil 680 pesos de una empresa fusionada por dos sociedades que en el 2007 reportó adquisiciones por 47 millones 500 mil pesos; en ese mismo periodo recibió de otra empresa conformada por siete pequeñas sociedades 107 millones 776 mil 915 pesos para la compra de una casa que luego le donó a su hija.

Mientras que su esposa, reportó de 2013 a 2017 ingresos acumulados por más de 881 millones de pesos y realizó transferencias a Estados Unidos de enero de 2014 a enero de 2019 por 335 millones 709 mil 853.36 pesos y 40 millones 626 mil 22.26 dólares. Y a Rumania, en el mismo periodo, por 509 mil 411.20 euros.

En el 2013 compró una casa por 24 millones de pesos y la vendió con 70 mil pesos de ganancia en el 2017. También emitió cheques interbancarios por más de 47 millones de pesos.

Hijos y empresas fantasma

Pero según las indagatorias, quien realiza los mayores movimientos y está vinculado con otras empresas que tejen esta red que les permitió beneficiarse del erario en la pasada administración, es uno de sus hijos, quien aparece como accionista y representante legal de Grupo Fármacos Especializados y al menos otras tres empresas de la misma cadena.

En los ejercicios fiscales de 2011 a 2017 reportó ingresos por dos mil 90 millones de pesos y realizó transferencias a Suiza por mil 521 millones 205 mil 793.25 pesos y a Estados Unidos por 84 millones 967 mil 609.63 pesos y siete millones 53 mil 462.44 dólares.

Una de las empresas de este grupo recibió contratos por más de tres mil millones de pesos y realizó retiros a empresas simuladoras por más de nueve millones de pesos; una segunda empresa que también recibió contratos por más de tres mil millones de pesos recibió depósitos en efectivo internacionales por más de siete millones de dólares y envió a Estados Unidos un millón 750 mil dólares.

La UIF recibió avisos de la compra de vehículos por más de siete millones de pesos, siete millones de pesos en tarjetas de prepago, donativos por ocho millones de pesos, la solicitud de préstamos por 401 millones, servicios de traslado o custodia de valores por cinco mil millones de pesos y 171 millones de dólares, gastos en tarjetas de crédito por más de 34 millones de pesos.

Una tercera empresa de esta misma red y de la que el hijo también es accionista y representante legal, surgió con la fusión de cuatro sociedades, reportó ingresos acumulados en el sexenio priista por más de 77 mil millones de pesos, recibió depósitos en efectivo del 2002 al 2019 por seis mil millones de pesos y envió a Estados Unidos 20 millones de pesos.

Además de que la UIF detectó triangulaciones con una empresa fachada a la que le depositó 19 millones de pesos y de la que se realizaron retiros por 415 millones.

Y se vincularon con al menos otras tres empresas que el SAT cataloga como simuladoras y que también recibieron contratos por casi nueve mil millones de pesos del gobierno federal. Mismas que realizaron transferencias millonarias a Estados Unidos y Alemania en pesos, dólares y euros.

El segundo hijo de la familia Pérez Fayad reportó ingresos en el sexenio de Peña Nieto por más de dos mil millones de pesos y transfirió entre 2017 y principios de 2019, 28 mil euros, 17 millones de pesos y cuatro millones de dólares.

Mientras que la única hija de la familia señaló ingresos en el gobierno de Peña Nieto por más de 881 millones de pesos, adquirió 11 bienes, emitió un cheque interbancario por 11 millones de pesos y pagó un crédito por 162 mil dólares. Envío a Estados Unidos 509 millones de pesos y transfirió a un socio 508 millones de pesos.

Los ingresos de la familia Pérez Fayad no coinciden con sus adquisiciones, operaciones financieras ni mucho menos con las pérdidas fiscales que reportan sus empresas. Ya que además de las dependencias federales fueron beneficiados al menos por las últimas tres administraciones del gobierno veracruzano.

Desde hace más de un año se inició una investigación en contra de Grupo Fármacos Especializados y otras cinco farmacéuticas que acapararon los contratos del sector salud en la pasada administración, luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó a través de un memorándum vetar a estas empresas en cualquier tipo de contratos acusándolos junto con las otras cuatro empresa favoritas de Peña Nieto, de ser unos “voraces” y chantajear en la compra de medicamentos para pacientes con cáncer.

En junio del 2019, la Secretaría de la Función Pública inhabilitó a esta empresa y aplicó una multa por 905 mil 808 pesos tras detectar que presentó información falsa en procesos de licitación del sexenio pasado, con lo que adquirió contratos millonarios.