La Federación Internacional para los Derechos Humanos (FIDH) en conjunto con más de 80 organizaciones civiles, presentaron el informe que remitirán a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), donde exponen y documentan crímenes de lesa humanidad cometidas por las fuerzas de seguridad en el estado entre el año 2009 y 2016, como parte de una política de estado para permitir y apoyar activamente un ataque en contra de la población. 

El informe concluye que de 2009 al 2011: Las autoridades estatales responsables de la seguridad cometieron crímenes de lesa humanidad en coordinación con Los Zetas. También apoyaron u omitieron actuar frente a la comisión de estos crímenes por Los Zetas. Mientras que del 2011 al 2016: Las autoridades estatales responsables de la seguridad han cometido crímenes de lesa humanidad directamente.

El documento se basa en el análisis de 32 casos que corresponden a un total de 73 víctimas; dos bases de datos sobre 195 y 367 personas desaparecidas de los organismos civiles Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas y Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (Fuundec); de casos derivados de recomendaciones emitidas por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC), entrevistas a víctimas y organizaciones no gubernamentales. 

Esta comunicación detalla cómo entre los años 2009 y 2016 en Coahuila se cometieron crímenes de lesa humanidad dentro de los que destacan, la privación grave de la libertad física, tortura y desapariciones forzadas, como parte de un ataque “sistemático contra la población civil de dicho Estado”. 

De los 32 casos detallados, 23 reportan actos de tortura que comprenden a 44 víctimas, cuatro reportan actos de violencia sexual que comprenden a cuatro víctimas; quince reportan actos de desaparición forzada de 33 personas en los que es posible presumir que las víctimas han sido asesinadas por el tiempo transcurrido. 

También se tomó en cuenta la cifra oficial de 1791 denuncias relativas a 1830 personas desaparecidas en Coahuila entre el 2006 y el 2016, según la Subprocuraduría de Personas Desaparecidas del Estado. También se utilizó información disponible de fuentes abiertas sobre los hechos de la denominada “Masacre de Allende” y sobre los crímenes cometidos en la cárcel de Piedras Negras, además de testimonios de los miembros del cartel de los Zetas que fueron recolectados en las audiencias judiciales llevadas a cabo en las ciudades de San Antonio y Austin, en Texas, Estados Unidos desde el 2013, y que evidencian, dice el documento, el apoyo brindado por funcionarios públicos estatales de Coahuila y fuerza pública estatal para cometer dichos crímenes.

“La evidencia sugiere que no solo el municipio sino también el gobernador de la época, estaba al tanto de lo que se preparaba en Allende, y que los Zetas contaron con la pasividad e incluso cooperación de las fuerzas de seguridad”, dice para el caso de Allende. Mientras que para el caso del Cereso de Piedras Negras: “Se convirtió en un centro de operaciones de los Zetas de 2008 a 2012. Los prisioneros podían salir a su antojo, y traficar diversos elementos tales como transformar y maquillar vehículos, fabricar chalecos antibalas, entre otros. Lo más grave fue que al menos 150 personas habrían sido asesinadas allí y sus cuerpos fueron quemados o disueltos en cubos con ácido. Tales acciones no habrían sido posibles, sin la complicidad de la administración de la prisión y sus autoridades”.

Una vez que el examen preliminar sea abierto por la CPI, y la existencia de crímenes contra la humanidad reconocida, quedará en manos de la CPI determinar si tiene, o no, jurisdicción sobre este caso, y por lo tanto determinar si las autoridades mexicanas emprendieron o van a emprender acciones legales para juzgar a los autores o cómplices de crímenes contra la humanidad, entre los cuales figuran altos funcionarios y figuras públicas.