La Auditoría Superior del Estado (ASE) va a través de la vía penal en contra de cuatro exfuncionarios del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), incluido el expresidente Gregorio Pérez Mata, por la fallida inversión en Ficrea.

En la denuncia penal presentada ante la Fiscalía Anticorrupción, desde agosto del año pasado, pero dada a conocer en los últimos días, se señala haber encontrado irregularidades en el manejo del dinero del Fondo de Mejoramiento para la Administración de la Justicia, omisiones por parte de los administradores, y falta de interés por parte del Consejo de la Judicatura y la presidencia del Poder Judicial, para advertir del peligro que había al invertir en una Sociedad Financiera Popular.

Los nombres que aparecen en la denuncia son los del ex magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Gregorio Alberto Pérez Mata, así como María del Carmen Ibarra Vázquez, ex directora de Recursos Financieros de la Oficialía Mayor, y el auditor interno, Salvador Balderas Rangel, a quienes se les atribuye avalar a Ficrea para realizar inversiones del Fondo de Mejoramiento para la Administración de la Justicia el 8 de septiembre de 2010; de igual manera se señala la participación en algunos asuntos del ex Oficial Mayor, Héctor Alvear.

De acuerdo con la demanda de la ASE, el Tribunal Superior de Justicia no sólo abrió una, sino dos cuentas irregulares en Ficrea, la primera por un monto de 90 millones 56 mil 608.98 pesos ahorrados en el período de 2010 al 2014, que generaron intereses por 25 millones 902 mil 813.85 pesos, de los cuales los cuales 6 mil 298.60 pesos quedaron pendientes de cobro.

La segunda cuenta está más cuestionada, porque la ASE asegura que se invirtieron recursos del presupuesto del Tribunal: durante los ejercicios 2013-2014 cerraron con un saldo de 35 millones 588 mil 961.11 pesos y 3 millones 965 mil 590.28 pesos generados de intereses, así como un millón 286 mil 918.17 pesos de intereses que no se llegaron a cobrar por la intervención de Ficrea por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Para la ASE “el presunto daño patrimonial” fue de 126 millones 938 mil 787.40 pesos, aunque hasta ahora se han hecho recuperaciones, de las cuales el Tribunal Superior de Justicia sólo ha hecho mención, pero no lo ha demostrado con fichas de depósitos o cualquier otro documento oficial.

La ASE encontró que hubo omisiones, violaciones y descuidos en lo que respecta al a Ley de Ahorro y Crédito Popular, porque los dos contratos celebrados por Ficrea y el Tribunal Superior de Justicia de Coahuila no eran los correctos para el nivel de gobierno.

El Tribunal Superior de Justicia no mostró evidencia, señala la ASE, de que los contratos firmados con Ficrea estuvieran de manera pública en el Registro de Contratos de Adhesión.

Se advirtió que la intervención de dos empresas más a parte de Ficrea en el manejo de los recursos invertidos: Baus and Jackman Leasing, SA de CV, y Leadman Trade, SA de CV, por lo cual los administradores de las inversiones y del Fondo de Mejoramiento para la Administración de la Justicia debieron tomarlo como alerta.

Los integrantes del Consejo de la Judicatura, que sería el órgano vigilante de la administración del dinero del Fondo, nunca recibieron informes sobre las inversiones y sus ganancias; tampoco lo solicitaron.

Además hubo irregularidades en el registro de los intereses generados por las inversiones en Ficrea y cuando se realizó la auditoría al Tribunal se omitieron documentos y otros más se presentaron en copias simples.