CDMX.- La reforma penal fiscal no es terrorista ni arbitraria. Es una guerra frontal contra la corrupción y la evasión para dar con las cabezas de las empresas factureras y desmantelar las bandas delictivas, afirma el titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación, Carlos Romero.

En entrevista destaca que el paquete fiscal 2020 propone crear una nueva lista negra para señalar como contribuyentes incumplidos a partidos políticos, sindicatos, gobiernos estatales y municipales, y universidades, entre otras que reciban recursos públicos.

Dice estar listo para actuar a partir del 1 de enero del próximo año, una vez que los diputados ratifiquen la reforma que aprobó el Senado y el paquete fiscal 2020.

“Tenemos que parar este problema, los números que tenemos de asuntos ganados los vamos a seguir manteniendo, que es de 92%; si presentamos una querella es porque tenemos los pelos de la burra en la mano. No queremos cometer actos autoritarios”, afirma.

A aquellos que se oponen a darles más herramientas para equiparar la defraudación fiscal como delincuencia organizada, Romero Aranda les responde que se trata de una reforma.