La sesión del Congreso de Coahuila, realizada ayer, sirvió de marco para evidenciar la forma en la cual la actividad política, particularmente en medio de una elección, puede pervertir la discusión respecto de un tema tan delicado como el de la salud pública.

Como lo reportamos en esta edición, ayer se discutió un punto de acuerdo que conmina a que se incluya, dentro del grupo prioritario de personas a ser vacunadas contra el COVID-19, a odontólogas, odontólogos o dentistas y médicos del sector privado que, como se ha informado ampliamente, han sido marginados de este proceso por el Gobierno de la República.

Ante lo sensible del tema y, sobre todo, lo inocuo que para todo efecto práctico resulta un pronunciamiento del Poder Legislativo en un tema como este, cualquier observador externo habría pensado que el asunto avanzaría sin discusión y se aprobaría por unanimidad.

Lejos de tal posibilidad, la oposición del Grupo Parlamentario de Morena derivó en una discusión bizarra que puso el acento en la parte más desagradable de esta historia: el oportunismo de uno de los integrantes de Morena, el diputado Francisco Javier Cortés Gómez, quien el pasado mes de enero accedió a la vacuna contra el coronavirus SARS-CoV-2.

Como se recordará, el legislador morenista accedió a tal privilegio porque formó parte del personal administrativo de un hospital del ISSSTE en Piedras Negras. El descubrimiento del hecho, como se informó en su momento, le costó el puesto al director de la clínica.

¿Cómo puede alguien que accedió a la vacuna de esta forma, oponerse abiertamente a que otros trabajadores de la salud, que sí atienden pacientes y por ello se encuentran en la línea de riesgo, sean considerados como personal prioritario para la vacunación? Responder a esta pregunta es absolutamente imposible como no sea recurriendo al cinismo.

Pero utilizar el hecho para mostrarse “empáticos” ante el reclamo legítimo de quienes, debido a su actividad profesional se encuentran sujetos a un riesgo mayor, tampoco es una conducta que deba aplaudirse. Porque “pronunciarse” a favor de la vacunación inmediata de la totalidad del personal médico es algo absolutamente insuficiente. O al menos lo es si dicho pronunciamiento se realiza desde una posición de autoridad.

Lo que requieren los trabajadores de la salud que han sido indebidamente relegados en el proceso de vacunación no son muestras de empatía, sino acciones concretas, es decir, gestiones específicas que deriven en la modificación de la política con la cual se aplican las vacunas.

Convertir la pandemia en munición política para tratar de influir en el ánimo de los votantes constituye un acto de oportunismo y eso, además de ser reprobable, no resuelve el problema. Cabría esperar por ello que quienes, desde el Poder Legislativo, desean manifestar su solidaridad con el gremio de trabajadores de la salud pensaran en una estrategia que concluya con la única acción que importa en este caso: que se vacune a todos los que están luchando para proteger la salud colectiva.