CDMX.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a cargo de Santiago Nieto Castillo, ha presentado 19 denuncias relacionadas con delitos de delincuencia organizada y/o narcotráfico desde diciembre de 2018 a mayo de 2020 ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Las denuncias engloban más de 7 mil millones de pesos de depositos en cuentas de 118 personas físicas y 50 morales.

De acuerdo con Santiago Nieto los cárteles con carácter supernacional a los que se enfrenta la UIF son el “Cártel del Pacífico” y el “Cártel Jalisco Nueva Generación” (CJNG), y, añadió que hay otros ocho cárteles regionales que fueron creciendo durante el anterior sexenio.

“A partir de ahí hay un tema de mutación. Yo plantearía que hay ocho cárteles fuertes incluyendo regionales. Ahora también se dedican a otras actividades delictivas. Los ocho se concentran en el narcotráfico, pero siete están involucrados en secuestro y extorsión, y en robo de hidrocarburos hay cuatro.

“El tema está en la generación de acuerdos de bloqueo. Tenemos ahora 980 millones de pesos congelados a la delincuencia organizada en lo que va de la administración. Un acuerdo importante sería el 230/19, que llevó a bloquear cuentas de 330 personas del Cártel de Sinaloa. Estamos trabajando un esquema igual para el ‘Cártel Jalisco Nueva Generación’ y otro para la ‘Unión Tepito’”, señaló.

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) destacó que no se puede combatir la delincuencia organizada sin enfrentar otros fenómenos, como por ejemplo, luchar contra el sicariato y los jefes de los cárteles, “como lo hizo el sexenio anterior; sin embargo, fue un fracaso la estrategia, porque no se tocaron las estructuras financieras”.

“Segundo, no se atacó la corrupción política, mientras que haya alcaldes coludidos con estos grupos tendrán un soporte para poder enfrentarlo.

“Tercero, no se tocó a la corrupción judicial y ministerial, y mientras haya jueces que les otorguen amparos y ministerios públicos que determinen no ejercicio de la acción penal, habrá siempre un halo de protección jurídica. Al final no se atacó porque no era una prioridad de gobierno”.