En una carta dirigida al gobernador y a la Fiscalía y la Comisión Derechos Humanos estatal, organizaciones piden se investigue a los jóvenes quienes aseguran "han sido encubiertos por sus padres y la autoridad", pese a contar con evidencias de su conducta delictiva
Organizaciones defensoras de derechos humanos exigieron al gobernador de Veracruz, Javier Duarte, justicia para Daphne, una adolescente de 17 años que fue atacada por cuatro jóvenes: Enrique Capitaine Marín, Jorge Cotaita Cabrales, Gerardo Rodríguez Acosta y Diego Cruz Alonso en Boca del Río, Veracruz, sin que hayan sido investigados ni se les haya fincado ninguna responsabilidad.
 
A través de una carta dirigida al mandatario estatal, así como a Luis Ángel Bravo Contreras, fiscal General del estado de Veracruz, y Luis Fernando Perera Escamilla, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, indicaron que “esta semana hemos atestiguado como las autoridades de la Fiscalía General del Estado de Veracruz han privilegiado intereses políticos por encima de su deber de impartir justicia”.

Advierten que las autoridades revictimizan a “nuestras hijas, a nuestras familias, a nuestra sociedad”, sin que las autoridades cumplan con su obligación legal para proteger a las víctimas, en este caso Daphne, cuyos cuatro atacantes, indican, han sido encubiertos por sus padres y la autoridad, pese a contar con evidencias de su conducta delictiva.
 
Señalan que confesar en vídeo la conducta delictiva no diluye la culpa; por el contrario, es un elemento más del escarnio y revictimización de la afectada al causarle daño en su vida privada, en su intimidad y en su entorno social.
 
Indican que lo realmente objetivo para la autoridad es que se debió investigar de inmediato por ser ésta menor de edad, lo cual no sucedió. Asimismo, recuerdan que se cuenta con el señalamiento de la víctima, con las periciales y las testimoniales desde mayo pasado, por tanto, en noviembre la Fiscalía tendría que haber ejercitado la acción penal y no lo hizo.

En la carta firmada por alrededor de 300 organizaciones feministas y defensoras de derechos, se apunta que en este caso, como en muchos otros, se evidencian graves violaciones a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado y a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Veracruz y, por supuesto, al Código Penal del Estado de Veracruz.
 
Por ello, “exigimos que en el Estado cesen estas inaceptables conductas y se haga justicia a la joven de Boca del Río, Veracruz”.