La generación y práctica de políticas públicas para proteger a los niños y adolescentes en condición migratoria, evitarán que sean víctimas de delitos y violaciones a derechos humanos, coincidieron participantes en un conversatorio sobre este tema, organizado por la CNDH.

Con motivo de la recomendación que emitió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), este organismo realizó el conversatorio “El interés superior de las niñas y las adolescentes en contexto de migración”, donde se destacó la urgencia de realizar labores coordinadas para proteger la integridad de los menores en esta condición.

El quinto visitador de la CNDH, Edgar Corzo Sosa, moderador del evento, resaltó la importancia de las recomendaciones emitidas en materia de niñez y adolescencia migrante, ya que visibiliza la problemática de este grupo en situación de vulnerabilidad y constituyen un llamado a los tres niveles de gobierno para fortalecer las acciones de protección.

Recordó que la Recomendación 12/2018 fue emitida en mayo a varias autoridades por violaciones a los derechos fundamentales a la seguridad jurídica, acceso a la justicia en su modalidad de procuración de justicia, protección a la salud e interés superior de la niñez, así como por las omisiones en la protección de una adolescente hondureña detenida en el estado de Guanajuato en 2016.

La menor, dijo, permaneció en recintos migratorios y fue hasta la intervención de este organismo autónomo que se le permitió acudir a presentar su denuncia por haber sido víctima de violación sexual, y posteriormente fue canalizada a un Centro de Asistencia Social.

Mencionó que el año pasado, las autoridades migratorias mexicanas detuvieron a 18 mil 066 niñas, niños y adolescentes migrantes en territorio nacional, mientras que de enero a junio de 2018 se han contabilizado 14 mil 388 niños, niñas y adolescentes en esa situación.

En su oportunidad, Mónica González Contró, integrante del Consejo Consultivo de la CNDH, destacó que la fuerza de las recomendaciones emitidas por los organismos públicos de derechos humanos radica en generar debate y visibilizar las omisiones de las autoridades y es indispensable generar políticas públicas para atender la situación de indefensión que padecen los migrantes.

En tanto, Denise Velásquez, integrante de la Organización Internacional para las Migraciones, aseveró que uno de los retos en este tema es definir garantías de no repetición, concluir los procesos administrativos y penales para determinar la responsabilidad de las autoridades involucradas en el caso y analizar el papel de las Procuradurías de Protección de los menores de edad.

A su vez, el director de Relaciones Interinstitucionales y de Políticas de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, Carlos Manzo, mencionó que con la promulgación de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, el trabajo de las procuradurías sustituyó el modelo de atención asistencialista por uno que considera a sujetos de derechos a esa población.