CDMX.- En una democracia como la mexicana es indeseable que tantos asuntos electorales lleguen al Tribunal Federal Electoral, reflexiona el presidente de este órgano de justicia, el magistrado Constancio Carrasco Daza.

En una dura aunque, aclara, respetuosa crítica, el magistrado dice que en 10 años el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha resuelto 150 mil asuntos, cifra que revela que los partidos políticos tienen una deuda en materia de cultura de la legalidad.

“¿Qué nos están diciendo? Nos están diciendo, respetuosamente, que en los procesos internos partidarios, fundamentalmente para elegir a sus candidatos a los cargos de representación popular, en el grueso, nos están diciendo que el principio de la cultura de la legalidad, al seno de los partidos políticos, todavía es un proceso inacabado. Esto es, sin duda alguna, todo un tema; no es deseable en una democracia que se construye, como la mexicana, que tantos asuntos lleguen a la justicia electoral”, señala.

Carrasco Daza es uno de los siete miembros que integran la Sala Superior del TEPJF que al inicio del mes de noviembre dejarán el tribunal, para dar paso a nuevos magistrados. Advierte que el proceso de selección de los nuevos jueces debe de cumplir con tres criterios que garanticen su independencia y que los protejan de las presiones externas. 

Explica: “Hay principios básicos que tienen que atenderse, y estos principios básicos señalan, primero, un adecuado proceso de designación; segundo, garantías de inamovilidad en el cargo de quienes van a componer estos órganos, y tercero, garantías contra presiones externas.

“Hay que decirlo, los tribunales de este calado, por las competencias, las atribuciones que tienen, pueden llegar a vivir presiones de esta naturaleza”, asegura el magistrado. 

El presidente del tribunal opina que el principal reto para el próximo proceso electoral de 2018 es que se logre que los ciudadanos tengan un voto informado, a partir de que los partidos políticos propicien un debate de propuestas, que haya más ideas y menos spots.

—¿Cree que se requiere de más ideas, más planteamientos y menos spots?

“Sin duda alguna, es una síntesis que comparto, eso es lo que necesitamos, más debate político en México. Si las campañas políticas en el país no caminan en la ruta de dar un debate informado, es decir, qué postula un instituto político, qué postula un candidato, cuál es su programa de acción, cuál será su programa de gobierno, cuáles serán sus políticas públicas, sus posicionamientos con los grandes temas ideológicos de la sociedad, si esto no se da en las campañas políticas, cómo les podemos exigir una vez electos que cumplan con las políticas públicas que nosotros juzgamos indispensables, o con los derechos programáticos que consideramos un mínimo necesario en una sociedad democrática”.

El magistrado también habla de las causas que, en su opinión, han generado un descenso en la participación de los ciudadanos en los procesos electorales. 

“Las estadísticas nos han mostrado, en los distintos procesos electorales, fundamentalmente federales, cómo ha ido en descenso la participación ciudadana. Esto es algo que tenemos que replantearnos y, en esa lógica, creo que lo que estaba sucediendo en nuestro sistema político es que los partidos no se estaban convirtiendo o estaban dejando de convertirse en los conductos ideales, no sólo en los conductos formales y materiales del desempeño público en México. Creo que ahí se da este fenómeno, así emergen las candidaturas independientes”, señala.

- El proceso de sucesión en el tribunal

Los siete magistrados que actualmente integran la Sala Superior ocuparon el cargo por un plazo de 10 años improrrogables. Derivado de una reforma, esta vez los magistrados electorales que serán designados dejarán el cargo de manera escalonada. Dos de los siete nuevos integrantes lo ejercerán durante tres años, dos estarán seis y tres permanecerán nueve años. 

Los ministros de la Corte deben proponer al Senado siete ternas de aspirantes, para que ese órgano legislativo designe a los siete magistrados y establezca el tiempo que cada uno permanecerá en el cargo. Actualmente hay 131 aspirantes, de entre los cuales la Corte elegirá a 21 para integrar las siete ternas. El 4 de noviembre tendrán que entrar en funciones los nuevos magistrados. 

El presidente del Tribunal Electoral dice que la Suprema Corte tiene que redoblar esfuerzos para garantizar a los ciudadanos que tendrán jueces independientes; en especial, señala que en el caso de los magistrados que ejercerán funciones por tres años, deberán trabajar más, para que generen certidumbre, debido a lo corto de su encomienda.

-Hoy estamos a punto de ver una renovación de este tribunal, que requiere de mucha responsabilidad a la hora de designar a los nuevos magistrados. ¿Usted tiene alguna preocupación especial respecto a la posibilidad de poner en riesgo la independencia del tribunal si no se maneja adecuadamente el proceso para elegir a los nuevos magistrados? 

“Hay un crisol importantísimo de derechos políticos que hoy por fortuna se debaten en el Tribunal Electoral. Y a eso obedece el incremento de justiciabilidad en la materia. Ese es uno de los temas por los cuales este proceso dual de designación de las mujeres y hombres que, sin duda alguna, serán electos para ocupar los espacios que dejamos en la Sala Superior del Tribunal Electoral debe ser un proceso en el que la ciudadanía se encuentre inmersa en informarse y en observar este proceso”. 

Esto es un tema esencial. Hoy en el Sistema Universal de Derechos Humanos, la Corte Europea de Derechos Humanos, la Corte Interamericana y los principios básicos de Naciones Unidas sobre la Judicatura, fijan parámetros para la designación de jueces de los estados domésticos, pero esencialmente de los jueces de última instancia o los de las cortes constitucionales, como los que componen esta Sala Superior del tribunal. 

Hay principios básicos que tienen que atenderse, y estos señalan, primero, un adecuado proceso de designación; segundo, garantías de inamovilidad en el cargo de quienes van a componer estos órganos y, tercero, garantías contra presiones externas. 

El sistema europeo y el sistema interamericano reconocen, y hay que decirlo, que los tribunales de este calado, por las competencias, las atribuciones que tienen, pueden llegar a vivir presiones de esta naturaleza. 

Entonces, estos criterios exigen a los órganos que intervienen en la decisión de quienes serán designados a los espacios de los tribunales constitucionales, como es la Sala Superior, que se cumpla con estas garantías. Y en suma, ¿qué exige el sistema, por ejemplo, interamericano? Exige que el cumplimiento de estas garantías permita a la ciudadanía, a la sociedad, saber que tienen un tribunal independiente, saber que tienen un tribunal imparcial, un tribunal profesional. 

Como observador veo que hay una importante participación: 130 mujeres y hombres que se han inscrito al proceso es un buen número. Cuando uno observa la convocatoria de la Corte, el primer criterio de selección, sin duda alguna está asegurada una participación directa de los ciudadanos en el proceso, pero fundamentalmente que el ciudadano se informe de manera directa de cómo se está construyendo este proceso el cual, no tengo duda, en el Senado de la República será un también transparente e idóneo para la designación. 

-Usted señala tres requisitos, y a la luz de la situación, ¿usted cree que se están cumpliendo o hay condiciones para cumplir los tres? Específicamente la duda entra en el caso de los dos puestos que durarán tres años. ¿Es un tiempo suficiente? 

“Debemos reconocer que el número de participantes es muy amplio y hay que hacer, en esa lógica, un proceso razonable, idóneo, que pueda ser eficaz en los tiempos que están trazados en el orden constitucional y legal para la designación. Un proceso objetivo, porque exige un ensayo: se hace la revisión curricular muy exhaustiva y se tiene una comparecencia, donde se le formulan preguntas a quienes han sido electos para esta etapa”. 

Entonces, asegura un criterio objetivo, que es el que exigen el sistema interamericano y el europeo en la designación, también transparente, porque se transmitirá todo el proceso de selección de los jueces que llegarán a este Tribunal Electoral. 

El tema del segundo requisito, el segundo parámetro que es la inamovilidad, es muy interesante. Permíteme hacer algunas reflexiones, porque por su propia naturaleza el concepto de inamovilidad exige periodos de duración en el cargo razonables, sustantivo. Es decir, cuando se habla de inamovilidad, lo primero que se nos viene a la mente es que los cargos son vitalicios y si no son vitalicios sí tienen periodos prolongados, 15 años, 10 años, en fin, bajo estos parámetros. 

Sí tenemos un régimen escalonado, como el que se presenta en esta instrumentación, porque así se determinó en nuestro orden constitucional y legal que fijó el régimen escalonado, pues tenemos a dos jueces que serán designados por tres años. Y esto, de frente a la inamovilidad, pues tiene que reforzarse el proceso de su designación. 

Es decir, los sistemas escalonados son ideales, por supuesto que sí, así está en las democracias consolidadas. Los jueces, los tribunales constitucionales se van en esta clase de periodos, se renuevan parcialmente en la lógica de que no se dé un proceso donde renazca o donde inicie cada tiempo determinado un tribunal, sino que la experiencia que han construido las juezas y los jueces de estos tribunales pueda ser alimentada en la pluralidad, en las nuevas visiones; en fin, esa es la lógica de la renovación escalonada. 

Pero aquí nuestro sistema jurídico optó por tres años, y creo que por esa razón es que los órganos garantes del proceso de designación, Suprema Corte y Senado de la República, sin duda alguna harán esfuerzos redoblados para que quienes sean designados en este periodo, como en el de seis y en el de nueve años, por supuesto tengan de frente a la ciudadanía una garantía de independencia, es decir, que el ciudadano quede lo suficientemente convencido de que son jueces que serán independientes en su función, precisamente por los tres años de duración del cargo.

Este es un reto muy importante que creo que se puede resolver a partir de que, si bien no es un término ideal para la inamovilidad, son periodos más prolongados lo que tenemos. Para lo que sirve la garantía de inamovilidad, no es para darle un privilegio a los juzgadores y a las juzgadoras de que van a durar mucho tiempo en el desempeño de la función, no, es un componente esencial, reconoce el sistema interamericano de la tutela judicial efectiva. Es una garantía para el ciudadano de que el juez tiene un término razonable de duración, y con este término razonable tenemos otro dato objetivo de que será un juez independiente. 

Y tercero, el de la protección ante las presiones. 

“Está reconocido por la jurisprudencia de los grandes tribunales de Europa, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se tienen que dar en este proceso de designación garantías contra presiones externas. Es decir, en los tribunales límite se tiene que reconocer que se resuelven los conflictos esenciales para una sociedad; se ponderan principios, se ponderan valores constitucionales, se ponderan derechos humanos. Es decir, la labor es esencial para el funcionamiento de un Estado democrático”. 

En la Sala Superior del Tribunal Electoral se resuelven conflictos políticos, se resuelven conflictos entre partidos políticos, se resuelven conflictos que impactan o que implican muchas veces a las autoridades estatales, a poderes constituidos, y en esa lógica es esencial que se reconozca y para mí, con todo tino, el sistema interamericano pone acento en ese punto. 

Es decir, hay que establecer garantías contra presiones externas. ¿Y cómo se dan estas garantías? A través de criterios objetivos en la designación, a través de criterios en los que los aspirantes cumplan con el perfil idóneo para integrar un tribunal constitucional, es decir, los perfiles integrales para un tribunal de esta naturaleza. 

Esas son las garantías contra presiones externas, es ir por las mujeres y hombres que mejor acompañen esta clase de perfiles. Las exigencias de neutralidad, de equidad, de certeza, de legalidad, de independencia de los poderes constituidos en los procesos electorales. Las mejores leyes que puedan darse en un sistema político poco pueden hacer si no tenemos jueces en un tribunal constitucional que las llenen de contenidos. 

De ese calado es el proceso de designación, sobre todo en su totalidad, de un Tribunal Constitucional como es la Sala Superior. 

- El reto de 2018

-¿Cuál cree usted que sea el principal reto para el proceso electoral de 2018? No sólo para el tribunal, sino en general para el país.

“Creo que hay un reto mayúsculo que tenemos sociedad, ciudadanía, partidos políticos, candidatos independientes, autoridades electorales, el Instituto Nacional Electoral, sin duda alguna, los tribunales electorales, salas regionales, Sala Especializada y Sala Superior de frente al proceso de 2018. 

Hay un reto, para mí mayúsculo, sí, y creo que lo que más identifico como una exigencia esencial para la política en México de cara a ese proceso, es construir ciudadanía informada. No podemos negar, y lo digo en su justa dimensión, que cada día los procesos electorales en México se organizan mejor. No podemos negar que cada día la instrumentación de los procesos electorales en México se orienta de manera más eficiente, por la autoridad administrativa electoral, que en este binomio: ciudadanía-autoridades electorales, los votos se cuentan de manera más eficiente, eficaz. Es decir, se ha construido un andamiaje que permite procesos electorales, competencias más equitativas, donde el principio de neutralidad a las autoridades electorales se exige y se garantiza, se vigila cada día mejor su cumplimiento. 

Pero hay un tema que creo que es esencial: el votar es un acto mecánico, es decir, es ir a una urna y depositar un voto, es un acto puramente de un ejercicio, lo fundamental es que los ciudadanos, las ciudadanas de este país lleguen a las urnas en 2018 con una información suficiente, una información eficiente de por qué están votando, para qué están votando, cuál es el poder real que tiene el derecho político de emitir el sufragio, cuáles son las consecuencias de votar informado y cuáles son las consecuencias de votar sin información, de frente a los cargos de elección popular, esencialmente del titular, en este caso del Poder Ejecutivo de la Unión. 

El reto que creo que tenemos como autoridades electorales, pero en general como Estado, es maximizar el derecho a la información del ciudadano, para que el voto que se emita por ciudadanos y ciudadanas sea un voto informado. 

El poder del voto informado en las sociedades democráticas es mayúsculo, se traduce en más eficiencia en el desempeño público, sin duda; el ciudadano elige y lo hace bien, pero es una obligación que tenemos partidos políticos, ahora candidatos independientes y las instituciones electorales, es decir, interesar a partidos y a candidatos, a la ciudadanía, en el debate público, es decir, tenemos que interesar al ciudadano en ir a votar y en qué se va a materializar su voto.

Si las campañas políticas en México no caminan en la ruta de dar un debate informado, es decir, qué postula un instituto político, qué postula un candidato, cuál es su programa de acción, cuál será su programa de gobierno, cuáles serán sus políticas públicas, sus posicionamientos con los grandes temas ideológicos de la sociedad, si esto no se da en las campañas políticas, cómo le podemos exigir una vez electos, que cumplan con las políticas públicas que nosotros juzgamos indispensables, o con los derechos programáticos que consideramos un mínimo necesario en una sociedad democrática. 

Entonces, éste es el deber, creo, el voto informado y tenemos todavía un tiempo importante para generarlo. Tenemos un modelo de comunicación política, a través de los medios, muy robusto para partidos políticos, para candidatos. Creo que tenemos que revisar el modelo, necesitamos más construcción de ciudadanía a través de información más eficaz sobre qué son los partidos, cuáles son sus posturas ideológicas, programas de acción, un debate importante entre partidos políticos, donde se privilegien sin duda alguna estos temas, un debate más genuino, más natural, que traiga como consecuencia el interés de la ciudadanía en la participación política. Ese es el reto, creo, mayor, que tenemos”. 

-¿Cree que más ideas o más planteamientos y menos spots?

“Sin duda alguna, es una síntesis que comparto, Carlos, eso es lo que necesitamos, más debate político en México, necesitamos eso cuando el debate político emerge como una posibilidad de confrontación de ideas, de ideologías, de posturas sobre el desempeño público, sobre la cosa pública, sobre cómo atender los derechos programáticos, el gran reclamo de una sociedad como la nuestra. Si logramos acercar a la política a la sociedad, si hay ideas inteligentes en los debates, que sin duda, las hay en México, pero se pierden muchas veces dentro de estas campañas de promocionales tan voluminosas; entonces, si se rescatan esas ideas en los debates políticos sobre posicionamientos de frente, cómo se resuelven estos derechos programáticos indispensables para los mexicanos, educación, salud, bienestar, seguridad pública. 

Si tenemos una confrontación importante de cómo se atienden estas políticas públicas, informadas, si los partidos políticos y los candidatos, aspirantes independientes, nos dan esta posibilidad, si las autoridades electorales vamos a esta vocación de privilegiar, de potenciar estas posibilidades y tenemos más debate político sólido, creo que vamos a tener a la ciudadanía informada y entonces, el derecho político, el derecho humano de emitir el sufragio, tendrá el valor que corresponde en una democracia”.

- La crisis de los institutos políticos

El magistrado Constancio Carrasco Daza señala: “Son largos 10 años, que estamos a punto de cumplir. En esa lógica, permíteme decir que el Tribunal Electoral en su conjunto, en ese entonces con cinco salas regionales y una Sala Superior, hoy hay seis salas regionales, se han resuelto aproximadamente 150 mil asuntos. Lógicamente la Sala Superior, por su carácter de órgano límite de la justicia constitucional en la materia, ha tenido casos muy relevantes en el ámbito nacional, muy relevante en el ámbito de los derechos políticos.

“La Sala Superior inició una gestión en el lejano año 2006, hay que decirlo, con posibilidades de tutela judicial muy limitadas de frente a las posibilidades que hoy tiene. En 2006, cuando iniciamos nuestra función, no teníamos facultades de hacer control constitucional concreto, de todas las leyes que forman el andamiaje electoral en nuestro país, en ese entonces, tanto locales como federales. La Reforma 2007, 2008, al sistema electoral, al artículo 99 de la Constitución, permitió a la Sala Superior el control constitucional de otro conocimiento, desde la Constitución, de que las leyes de la materia electoral pudieran pasar a través de la tutela concreta que hacemos, el tamiz de su regularidad constitucional o la falta de éste. Fue un pase importantísimo en las competencias, en las atribuciones de la Sala Superior.

“Cuando nosotros iniciamos nuestra función en el Tribunal Electoral teníamos un sistema de medios de impugnación que estaba acotado y sigue acotado, por desgracia, porque tenemos una Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, es decir, el instrumento procesal por excelencia a través del cual hacemos nuestro trabajo, que data de 1996. Seguimos con la misma norma procesal de 1996 decidiendo la jurisdicción electoral. 
“Pero esto fue para la Sala Superior y para las salas regionales del Tribunal un reto, porque nosotros, ante las exigencias de tutela judicial por violaciones que se nos plantean por distintos ciudadanos, por militantes, por simpatizantes, por quienes participar en los procesos internos de partidos, como los procesos externos de los institutos políticos, hemos ensanchado las posibilidades de competencia de asuntos que se resuelven ante el Tribunal Electoral.

-¿Cuál es su opinión respecto a la crisis de credibilidad que hoy en día, al parecer, tienen los partidos políticos? La gente hoy se siente no representada, desilusionada, mucho, con el sistema de partidos políticos.

“Hablaba, en un inicio, que a lo largo de estos 10 años se han tramitado en su conjunto en el tribunal, aproximadamente 150 mil asuntos. De estos, un número importante tienen que ver con partidos políticos.

Sin duda alguna, el juicio que más se promueve, y que más se resuelve, es el juicio para la protección de derechos políticos-electorales. Es decir, ocupa más de dos terceras partes de nuestro esfuerzo como Tribunal Electoral”. 

Al ver estos números, lo primero que se identifica es que si bien es cierto, hoy encuentran un canal a través de la jurisdicción por fortuna, los militantes, los simpatizantes, los ciudadanos, los dirigentes para plantear estas inconformidades, también debemos reconocer paralelamente que estos números nos están señalando otras lecturas que no debemos dejar de lado.

¿Qué nos están diciendo? Nos están diciendo respetuosamente que en los procesos internos partidarios, fundamentalmente para elegir a sus candidatos a los cargos de representación popular, el principio de la cultura de la legalidad, al seno de los partidos políticos, todavía es un proceso inacabado. 

Esto es todo un tema, no es deseable en una democracia que se construye como la mexicana, que tantos asuntos lleguen a la justicia electoral.
 
Y creo que también tenemos que poner una mirada respetuosa, pero puntual, en ese tema: las estadísticas nos han mostrado que en los distintos procesos electorales, fundamentalmente federales, ha ido en descenso la participación ciudadana. 

Cuando una sociedad está más informada participa más de los asuntos públicos, eso nosotros lo vivimos día a día, no es posible o no es lógico que una sociedad no tienda a resolver estos déficits por medio del voto depositado en las urnas. Esto es algo que tenemos que replantearnos, y en esa lógica, creo que lo que estaba sucediendo en nuestro sistema político es que los partidos no se estaban convirtiendo o estaban dejando de convertirse en los conductos ideales, no sólo en los conductos formales y materiales del desempeño público en México. Creo que ahí se da este fenómeno, así emergen las candidaturas independientes.