Tras el incendio por una toma clandestina de combustible en Tlahuelilpan, Hidalgo, que provocó la muerte de al menos 79 personas y dejó heridas a 81, el coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado, hizo un llamado a aprobar la reforma que convierta en delito grave el robo de combustible, y se aplique con ello prisión preventiva oficiosa; en respuesta, políticos de oposición, activistas y especialistas reclamaron que esa medida solo afectará a los más pobres y no reducirá la incidencia delictiva.

“Es urgente hacer delito grave el robo de combustible para sancionar a quienes tienen el gran negocio: perforan ductos, roban, distribuyen y venden gasolina a gran escala, en complicidad con autoridades. La corrupción mata y siempre es a víctimas inocentes”, publicó Delgado este domingo 20 de enero, repitiendo el llamado que había hecho el día previo.

En una conferencia de prensa para informar sobre el caso de Tlahuelilpan, el presidente Andrés Manuel López Obrador también se refirió a la reforma legislativa, que está en proceso de discusión. El pasado 15 de enero, la Comisión de Puntos Constitucionales aprobó modificar el artículo 19 constitucional, para ampliar la prisión oficiosa a tres ilícitos: uso de programas sociales con fines electorales, corrupción por enriquecimiento ilícito y delitos en materia de robo de hidrocarburos. Aún debe discutirse en el pleno.

“Estamos planteando que el Legislativo nos apruebe la reforma para extinción de dominio, para robo de combustible, para corrupción, delitos graves sin derecho a fianza”, dijo López Obrador.

“Tenemos que acabar con la impunidad porque, como se sabe, también de los delitos cometidos en México, solo se atiende el uno por ciento de lo   denunciado, 99 por ciento de impunidad”, agregó.

El abogado Roberto Hernández (productor del documental Presunto Culpable), en su cuenta de Twitter, cuestionó a López Obrador si “tendría el corazón” de aplicarle prisión preventiva automática a la larga lista de víctimas de Tlahuelilpan.

“Así será si Morena reforma el artículo 19 constitucional, con una reforma que no necesitamos. Le propongo alternativas”, publicó Hernández.

Entre las alternativas que propuso Hernández, está el “profundizar la reforma de los juicios orales y el sistema de audiencias públicas y video grabadas, dejando en manos de los jueces (y no de legisladores) la decisión de qué medida cautelar corresponde aplicar”.

La diputada federal Lucía Riojas consideró la propuesta impulsada por Morena es “una medida irresponsable” que no atiende a las causas de los delitos, no soluciona la incidencia delictiva y mucho menos la impunidad en México.

“Si una persona quizás llenó un bidón de gasolina en una fuga en Hidalgo porque no tiene recursos para subsistir y personas dependen de ella, encarcelarla durante su proceso penal es EXCESIVO. Podría firmar cada 15 días en el Mpo, demostrando que no evadirá la justicia”, señaló Riojas.

“La prisión preventiva debería de ser la excepción y no la regla. No olvidemos que los niveles de impunidad en México son altísimos y que las cárceles están llenas de personas sin sentencia… en PRISIÓN PREVENTIVA”, agregó.

Santiago Corcuera, exintegrante del Comité de la ONU contra la desaparición forzada, señaló en su cuenta de Twitter que la prisión preventiva oficiosa es una medida represiva, violatoria de derechos humanos.

“Oportunismo populista y demagógico. El concepto de delito grave ligado a la prisión preventiva automática es del sistema inquisitorio derogado y del pasado. ¿Por qué confunde a sus seguidores?! Mejor quiten la prisión preventiva oficiosa por completo! Y no lucre con la tragedia!!”, dijo Corcuera a Mario Delgado.

Clemente Castañeda, coordinador de Movimiento Ciudadano, expresó el 18 de enero pasado que su partido votó en contra de integrar al huachicoleo al catálogo de delitos con prisión oficiosa “porque basta con que alguien te señale para que vayas a prisión. Está demostrado que los afectados son los más pobres, los ricos pagan amparos”.

Cuestionado sobre si las personas que están hospitalizadas por los hechos de Tlalhualipan serían en algún punto investigadas por participar en un acto de robo de combustible, el fiscal General Alejandro Gertz Manero dijo que la intención no es “victimizar” a las comunidades.

“Vamos a buscar a los responsables de actos que hayan  generado esta gran tragedia. Victimizar a toda la población bajo una hipótesis genérica no es la
función, ni está establecido dentro de la ley”, expresó Gertz.

El presidente López Obrador, en tanto, si bien hizo el llamado a convertir en delito grave el robo de combustible, también dijo que situaciones como la de Tlahuelilpan, en que pobladores acudieron por gasolina sustraída de forrma ilegal, no se pueden enfrentar con violencia.

“La decisión que se ha tomado en este caso y en todo lo que tiene que ver con la política de seguridad es atender, primero, las  causas que originan los hechos ilícitos. Esto no es asunto policiaco, militar, no se resuelve con medidas  coercitivas. Por eso se agravó la situación en el país, porque se optó por la confrontación”, mencionó López Obrador.

“Nosotros vamos a seguir convenciendo, persuadiendo a la gente. Nosotros tenemos la convicción de que el pueblo es bueno, que es  honesto. Que, si se ha llegado a estos extremos, a estas prácticas es  porque se le abandonó por completo, y esto significa que no han tenido posibilidad de satisfacer sus necesidades básicas, porque hay millones   de pobres en el país, gente que no tiene ni siquiera para lo más  indispensable. Por eso es que ha proliferado este tipo de actitudes”.

POR ANIMAL POLITICO