Destinar el 10 por ciento del PIB nacional a la educación pública, reducción salarial de funcionarios universitarios y control presupuestal en manos de los estudiantes, entre otras demandas fueron llevadas en un pliego petitorio al Congreso local por integrantes del Movimiento Estudiantil de Coahuila (Moesco). 

Como parte de la unión a la exigencia de la Coordinación Nacional de Estudiantil en Defensa de la Educación, algunos estudiantes de diversas facultades manifestaron dichas exigencias ante la Oficialía Mayor del Palacio Legislativo, donde les fue recibido el documento.

Dentro de las demandas que persigue la organización estudiantil también se encuentran reformas que permitan a las universidades públicas democratizar los órganos de Gobierno de las universidades, la redistribución de becas y salarios a docentes.

Además, la cancelación de cuotas de inscripción, servicios, exámenes y talleres, así como algunas condiciones que mejoren su educación en las aulas, como un menor número de estudiantes por docente, para reactivar las clases presenciales y la creación de comisiones de género que atiendan y den seguimiento a las denuncias y actos de violencia machista en las escuelas.

Los estudiantes destacaron que una vez que se logre que no se recorte el presupuesto, exigirán que las universidades hagan un correcto uso de él y que los alumnos y trabajadores tengan incidencia en el uso y aplicaciones del mismo.

El Movimiento Estudiantil Coahuilense surgió en el mes de julio de este año para reclamar lo que consideraron altos costos de inscripción en las escuelas y facultades de la Universidad Autónoma de Coahuila.

Esta organización ha tenido el apoyo de movimientos similares como el de la Universidad Autónoma Nacional de Honduras.

Pliego petitorio

Estudiantes universitarios presentaron las siguientes demandas ante el Congreso del Estado:

Mayor control presupuestal.

Democratizar los órganos de gobierno de las universidades.

Redistribución de becas.

Redstribución de salarios de los maestros

Cancelación de cuotas de inscripción.

Menor número de estudiantes por docente.

Creación de comisiones de género.