La participación de las instituciones educativas constituiría una de las más lucrativas redes de corrupción que se hayan descubierto en el País

Uno de los actos de corrupción más frecuentes y conocidos en nuestros País es el “coyotaje”, práctica que consiste en la obtención de contratos de obras o servicios públicos, por parte de una persona “con influencias”, que luego son “traspasados” a terceros mediante el cobro de una “comisión”.

El intermediario, o “coyote”, por regla general no tiene la capacidad para realizar la obra o para proveer el bien que el Gobierno busca adquirir, pero cuenta con “los contactos” para obtener contratos y ese sólo hecho lo convierte en un “accionista virtual” de las empresas que sí cuentan con la capacidad para cumplir con los requerimientos públicos.

No son pocas las empresas –medianas y pequeñas, sobre todo– que ante la imposibilidad de obtener contratos por la vía ordinaria, pues las licitaciones o las asignaciones directas se encuentran “amañadas”, deciden ingresar a estas redes de corrupción y sacrificar parte de sus utilidades con tal de obtener contratos y sobrevivir.

Huelga decir que tal práctica, además de constituir un foco de corrupción, implica el encarecimiento de las obras o servicios que contrata el Gobierno pues la cadena de “comisiones” que deben pagar quienes participan de tal esquema obliga necesariamente a incrementar los precios, o a reducir la calidad del servicio o de la obra. El resultado, en uno y otro caso, es un perjuicio para la hacienda pública.

En los últimos años, sin embargo, debido al endurecimiento de las reglas para fiscalizar la asignación de contratos públicos, la práctica del coyotaje parecía condenada a desaparecer, pues para obtener un contrato es necesario demostrar que se cuenta con la capacidad instalada para cumplir con sus términos, además de que sólo es posible subcontratar una porción pequeña de la totalidad del contrato.

Sin embargo, pareciera que una nueva especie de “coyote” está surgiendo en el escenario y acaso esté resultando incluso menos complicado para los especialistas en esta trampa: las universidades públicas.

Aprovechando la regla según la cual, si el contrato es asignado a una institución pública, entonces puede obviarse la licitación, sin importar el monto del cual se trate, diversas instituciones públicas –Pemex, Sagarpa, INEA, ISSSTE– estarían “triangulando” contratos con empresas privadas, asignándolos en primera instancia a las universidades públicas.

La organización civil “Mexicanos contra la Corrupción” habría documentado la asignación de contratos por alrededor de 3 mil 400 millones de pesos, durante 2012 y 2013, a ocho universidades públicas que, a su vez, contrataron a 186 empresas privadas para que realizaran los trabajos a los cuales originalmente se comprometieron.

A cambio del “coyotaje”, las instituciones de educación superior habrían cobrado una “comisión” de entre el 10 y el 15 por ciento del valor de los contratos, constituyendo así una de las más lucrativas redes de corrupción que se hayan descubierto en el País.

Estamos en medio del proceso para crear un gigantesco sistema “anticorrupción” en el País. La pregunta surge sola: ¿alguien va a hacer algo más que escandalizarte antes estas revelaciones?