De acuerdo a Reforma, incluye a universidades tecnológicas, politécnicas, estatales y solidarias, las cuales destinan esos fondos principalmente al pago del personal administrativo y docente.

El respectivo techo presupuestal en el Programa U006 “Subsidios federales para Organismos Descentralizados” de la SEP contempla pasar de 58 mil 437 millones de pesos aprobados para 2018 a 39 mil 429 millones para el próximo año para las universidades estatales y de apoyo solidario.

Añade Reforma, que en el caso de las universidades politécnica y tecnológicas, pasarían de 4 mil 397.9 millones a 2 mil 764.9 millones para 2019.

En tanto, los institutos tecnológicos descentralizados estatales su presupuesto bajaría de 3 mil 472.8 millones a 2 mil 343.2 millones de pesos.

El Colegio de México tendría 18 por ciento menos, y la Universidad Autónoma Metropolitana, reduciría su presupuesto en 7 por ciento.

El secretario de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), Jaime Valls, señaló que están esperando un aumento de 3.5 por ciento real, no un recorte, luego del encuentro que sostuvieron con López Obrador en agosto pasado.

"El Presidente electo se comprometió ante todos los rectores que iba a mantenerse el creciente inflacionario y que había posibilidades de tener el aumento del 3.5 por ciento real a los subsidios ordinarios", indicó.
 

Recordó que en esa reunión las universidades expresaron sus expectativas del presupuesto para 2019 y el tabasqueño hizo un compromiso público de apoyarlas.

El coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano, Tonatiuh Bravo, ex Rector de la Universidad de Guadalajara, señaló que la reducción a las universidades públicas debe corregirse antes de que se presente el proyecto de Egresos en diciembre.

El déficit acumulado de 10 universidades del País es cuantioso y más grave de lo previsto, advierte un informe entregado a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

El documento "Situación de Universidades Públicas Estatales con Problemas Financieros" indica que el déficit estimado a abril de 2018 en las universidades de Chiapas, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Sinaloa, Tabasco, Oaxaca, Veracruz y Zacatecas es superior a los 18 mil 619 millones de pesos.

Los casos más graves, sostiene el reporte elaborado por el equipo de trabajo creado por la Comisión para conducir las reuniones entre autoridades hacendarias y universidades, son los de Veracruz y el Estado de México.

En el primer caso, los gastos de la casa de estudios superan a sus ingresos por más de 3 mil 110 millones de pesos, mientras que en la del Estado de México, la diferencia es de más de 2 mil 678 millones.

Otros casos preocupantes, agrega, son los de las universidades de Zacatecas, que registra un déficit de más de 2 mil 434 millones, y la de Chiapas, en donde éste asciende a más de 2 mil 322 millones.

"El déficit es considerable y alcanza esta magnitud a pesar de que de 2010 a 2017 se otorgaron a esas mismas universidades 9 mil 794.2 millones de pesos de ampliaciones presupuestarias", revela.

De acuerdo con el documento, la suma del déficit más las ampliaciones recibidas equivale al 105 por ciento del subsidio público asignado a estas 9 casas de estudio y a la Universidad de Oaxaca en 2018.

El 6 de noviembre pasado, estas 10 instituciones demandaron al Gobierno federal recursos adicionales por 2 mil 500 millones de pesos para poder concluir el presente ejercicio fiscal.

El reporte señala que las ampliaciones más altas han sido para las universidades de Sinaloa -3 mil 301 millones-, de Zacatecas -mil 365 millones- y de Michoacán -mil 179 millones-.

Advierte que la grave situación financiera es consecuencia de años de operación deficitaria.

Y las principales causas, explica, son la existencia de una plantilla no reconocida por las Secretarías de Educación Pública (SEP) y de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el haber convenido prestaciones con sindicatos no contempladas en el modelo de financiamiento de ambas dependencias.

Otras causas, detalla, son la inexistencia o inoperancia financiera de los sistemas de pensión y jubilación del personal y, en algunos casos, un menor flujo de los recursos ofrecidos o convenidos por los Gobiernos estatales.

La Universidad de Veracruz, afirma, es un caso particular, cuya difícil situación financiera corresponde a ésta última causa.

El reporte apunta que esta situación llevó a las universidades a incurrir en adeudos al Sistema de Administración Tributaria (SAT) y a proveedores de seguridad social, así como en préstamos bancarios e incumplimientos diversos que generaron costos adicionales.

"El menor crecimiento del subsidio federal y la fuerte reducción de fondos extraordinarios de la SEP durante 2016-2017 agravaron la condición financiera de esas universidades", insiste.

La Universidad de Chiapas, por ejemplo, registra adeudos por 970 millones de pesos en seguridad social, por 511 millones en el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y por cerca de 8 millones en el pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA), así como un déficit de 573 millones en prestaciones no contempladas en el modelo SEP-SHCP y de cerca de 209 millones en contratación de personal académico.

Ante ello, las universidades demandan un plan de acción que incluya acciones coordinadas y acordadas con los Gobiernos estatales y el federal y medidas de mediano y largo plazo.

"El déficit revela la necesidad de contar con un Plan de Acción en esas instituciones para atender las principales causas", afirma.

Con información de Reforma