Una oportunidad constitucional para Coahuila

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Una oportunidad constitucional para Coahuila

El Congreso de Coahuila de Zaragoza tiene en sus manos una gran oportunidad. Si los legisladores locales aprueban la iniciativa de reforma a la Constitución local en materia de derechos humanos que les hizo llegar el gobernador del Estado, Miguel Ángel Riquelme Solís, estarán poniendo a su estado a la vanguardia del constitucionalismo mexicano.

Esta iniciativa es producto de un largo y fecundo trabajo académico de varios años. Además retoma los mejores estándares del derecho internacional de los derechos humanos e incorpora elementos vanguardistas alrededor de tales derechos.

Por un lado, quisiera destacar la inclusión en el texto del principio de la dignidad humana, que pasará –en caso de que la reforma sea aprobada– a tener un papel central en su doble dimensión de ser un derecho humano como tal, pero también en el sentido de servir como elemento de interpretación del resto de los derechos.

De esta forma, en el texto propuesto, la dignidad humana se expresa a la manera kantiana: ninguna persona puede ser utilizada como un medio para la consecución de fines que le son ajenos. Esa regla del pensamiento moral supone un avance civilizatorio que sintetiza de manera luminosa las aportaciones de la Ilustración. Los coahuilenses se sentirán muy orgullosos de verlo incorporado en su Constitución.

Otro aspecto medular de la iniciativa tiene que ver con el principio de no discriminación. La democracia exige que las personas sean tratados bajo la lógica de la igualdad. La prohibición de discriminar, que aparece en los principales tratados internacionales de derechos humanos, es precisamente una expresión concreta de la dignidad humana.

No hay trato digno cuando la discriminación se permite o se tolera. La no discriminación lo mismo ha servido para reconocer el matrimonio igualitario que para crear figuras novedosas en el derecho mexicano, como la compensación económica para los casos de separación o divorcio, cuando exista concubinato o matrimonio respectivamente; se trata de un tema que ha permitido importantes avances en las cuestiones de derechos humanos. Por eso es relevante darle un reconocimiento tan amplio como sea posible en los textos jurídicos.

Además, la iniciativa va a permitir que, una vez que se logre la reforma constitucional, el Congreso de Coahuila comience a trabajar en la definición del contenido de tres cartas de derechos que serán los documentos jurídicos idóneos para desarrollar los mandatos de la Carta Magna local.

De esa manera se podrán extender y precisar los principios que la iniciativa propone en materia de derechos civiles, sociales, económicos, ambientales, culturales y de participación democrática. Se trata de una propuesta muy innovadora, pues hasta donde tengo entendido ninguna entidad federativa en México cuenta con este tipo de documentos jurídicos.

Es importante también destacar que, como ciudadano mexicano, me da un enorme gusto ver que los políticos se pueden poner de acuerdo para discutir reformas que son en beneficio de todas las personas. Con frecuencia nos sentimos desalentados cuando vemos que en los congresos solamente se analizan temas del interés de los propios políticos o de los partidos a los que representan; es infrecuente que lleguen agendas ciudadanas hasta las sedes parlamentarias.

Esta iniciativa supone exactamente eso: poner a las personas en el centro de la actuación política, considerando al ser humano como la razón de ser del Estado. También en esto la iniciativa recupera un clarísimo eco del pensamiento de la Ilustración, tal como quedó plasmado en autores como Thomas Hobbes, Jean-Jacques Rousseau, John Locke o Alexis de Tocqueville.

Si la iniciativa fuera aprobada, el trabajo no estaría en modo alguno finalizado. Tanto las autoridades como la sociedad civil de Coahuila van a tener una enorme tarea: la de hacer realidad la reforma, impactando de manera significativa en la vida cotidiana de los habitantes del estado. La reforma, de esta manera, les exigirá mucho más a todos los poderes públicos tradicionales e incluso a los órganos constitucionales autónomos de la entidad.

La iniciativa de reforma constitucional local en derechos humanos, por tanto, puede ser el inicio de un ciclo venturoso, en el que caminen de la mano el cambio normativo y también, lo cual es incluso más relevante, el cambio social. Enhorabuena por ello, y ojalá la reforma no tarde en ser aprobada.

 

El autor es director del Centro de Estudios Jurídicos Carbonell, A.C.

Este texto es parte del proyecto de Derechos Humanos de VANGUARDIA y la Academia IDH