El martes pasado una serie de organizaciones y personas presentamos a la opinión pública una iniciativa ciudadana de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Esta ley es uno de los dos pilares del Sistema Nacional Anticorrupción, que fue creado mediante la reforma constitucional de mayo de 2015. Se trata de una iniciativa confeccionada y avalada por 19 expertos en diversos aspectos relacionados con la corrupción, tanto en el ámbito académico como profesional, del sector público y privado. Inspirada parcialmente en aquel movimiento del llamado 3 de 3, impulsado por el Imco y Transparencia Mexicana el año pasado, esta iniciativa trata específicamente de las responsabilidades de quienes son o pueden ser servidores públicos, o quienes están relacionados con el ámbito público. En esta ley se especifican las diez conductas que se consideran graves y constituyen actos de corrupción, así como la forma de investigación y las sanciones correspondientes. Coloquialmente le hemos llamado la Ley 3 de 3. 

Se trata de la primera iniciativa ciudadana que buscará las cerca de 120 mil firmas de apoyo para que pueda llegar al Congreso y ser discutida. Necesitamos a 120 mil mexicanos agraviados por la corrupción. No tengo duda que los encontraremos en el país. 

Los tipos de reacción que hemos encontrado a los pocos días del anuncio son variados. Entre algunos, existe un escepticismo por considerar que la corrupción es cultural, que cambios legislativos per se no lograrán ningún cambio, que lo que falta es voluntad política para ejercer la autoridad y acabar con la impunidad. Entre otros existe una cierta aceptación de la necesidad de esta ley, discretamente condicionada a que se ejerza con firmeza, pero en “los bueyes de mi compadre”. 
Algunos servidores públicos han manifestado su temor de que pueda usarse en su contra por motivos políticos y que pueda paralizar la operación por miedo a tomar decisiones que más adelante pudieran ser consideradas como actos de corrupción. 

Pero el grupo más amplio, más generalizado es por mucho el que está convencido que el país no puede continuar con la corrupción que perciben en todos los ámbitos de la vida pública: el otorgamiento de un permiso de construcción, la licitación pública, las obras y adquisiciones asignadas sin concurso, los favores a los amigos y parientes que privilegian a unos cuantos, el enriquecimiento inexplicable de servidores públicos y empresarios que se coluden para extraer más recursos del erario, y un largo etcétera. Es comprensible el escepticismo, la duda e incluso la indiferencia. Ha habido intentos “oficiales” que se han convertido más en un discurso político que en una realidad. 

¿Por qué esta vez es distinto? En primer lugar porque surge de grupos de expertos y organizados de la ciudadanía. Es una ley sólida técnicamente, consistente con el concepto de sistema anticorrupción. Segundo, porque enfrenta aquellos problemas que las leyes actuales no consideran. Por ejemplo, quienes son sujetos al cumplimiento de esta ley son todos los servidores públicos en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, en los tres órdenes de gobierno, en los órganos autónomos, los candidatos a elección popular, los equipos de transición, los particulares (empresas y personas físicas) que se involucren en actos de corrupción. Tercero, porque encauza el descontento social, el hartazgo ante la corrupción evidente de ciertos personajes que hacen frecuentemente las 8 columnas de los periódicos, porque es un pilar de un andamiaje institucional que contribuye significativamente a la maduración de nuestra democracia. 

Por eso y más es necesario apoyar e impulsar esta iniciativa ciudadana que busca consolidar nuestra vida social. La corrupción corroe el tejido social, nos cuesta muchos recursos, genera descontento y polarización, indiferencia que sólo alimenta los populismos redentores, o los autoritarismos que atropellan. Súmate a este movimiento. Checa “www.ley3de3.mx”, donde encontrarás el texto de la iniciativa, el formato para tu firma y los lugares donde la puedes depositar. Ejerzamos este derecho que nos otorga la Constitución. 

Twitter: @ecardenasCEEY 

Correo: ecardenas@ceey.org.mx