Al grano: el fracking en Coahuila encaja perfectamente como último eslabón de una cadena, perversa y de terror, que comenzó a construirse por lo menos una década atrás.

Me explico. En el libro “Ni vivos ni muertos” del italiano Federico Mastrogiovanni (2014), el autor establece una hipótesis inquietante: en la Cuenca de Burgos, el Estado Mexicano despobló la zona mediante una política criminal a fin de ‘limpiar’ el territorio en cuyo subsuelo hay Gas Shale, desarticular el tejido social, e inhibir eventuales oposiciones a su explotación.

Como es obvio, difícilmente podremos acceder a un hipotético documento de carácter oficial donde conste una estrategia militar o paramilitar que soporte plenamente la teoría. Sin embargo, existe una correlación importante entre eventos del pasado y el presente que ayudan a demostrarla.

Mastrogiovanni a grandes rasgos identifica el fenómeno: propio de gobiernos autoritarios en regiones ricas en recursos energéticos, donde se permite que se genere o se difunda un alto nivel de violencia, con un gran número de asesinatos y desapariciones; esto, para sembrar terror en la población y agilizar el desplazamiento forzado de quienes viven ahí.

“Estados clave como Nuevo León, Coahuila o Tamaulipas, donde el aumento de la violencia desde 2007 ha sido devastador, registran niveles de desapariciones forzadas que, en proporción, rebasan los números de la dictadura argentina”, afirma.

Desde entonces una actitud que se hizo costumbre, –explica el periodista- “fue la de atribuir a las víctimas de desaparición forzada, públicamente y a través de los medios de comunicación, la sospecha de algún tipo de culpabilidad”. Que estaban involucradas en algo. Y como es imposible que alguien se tome la molestia de examinar a fondo cada uno de los casos, éstos se convierten en una muy larga serie de eventos aislados de personas que simplemente desaparecen. Así se difunde la idea, el lugar común, de que son criminales y, por ende, se merecían lo que les pasó. Un círculo de prejuicio e impunidad.

¿Recuerda eventos -por llamarlos de alguna manera- como los sucedidos en el CERESO de Piedras Negras (2009-2012) o lo que se conoce como “La matanza de Allende” (2011)?

Y aquí viene lo interesante: entre el 18 y el 22 de marzo de 2011 el C4 recibió mil 451 llamadas de emergencia al teléfono 089 desde Allende y Piedras Negras. Cien de ellas por incendios, aterrorizando a las poblaciones de Morelos, Nava, Villa Unión y Zaragoza. Pero ninguna fue atendida, según el expediente CNDH/1/2014/3530/Q/VG.

En ese perímetro se haya lo que promotores del negocio de la fractura hidráulica han valorado como “el mayor yacimiento de lutitas” en el País. Estimaciones, justo es decirlo, sujetas a debate y comprobación.

Cito textualmente un párrafo esclarecedor de “Ni vivos ni muertos”: “después de los años de terror y desplazamiento forzado, llega un momento de paz aparente, en el que baja el nivel de violencia, o por lo menos baja en los medios de comunicación y en la percepción colectiva. En los territorios de interés estratégico entran formalmente el Ejército o las fuerzas de policía y ocupan “legítimamente” los territorios. Luego se crean las condiciones para que las empresas se instalen y empiecen a explotar, por medio de concesiones, las tierras que el Estado les entrega. De tal modo se adueñan, de facto, de territorios que le pertenecen al pueblo”.

¿Le suenan familiares las balaceras a mansalva en las principales ciudades del estado y el aumento exponencial de los homicidios dolosos y desaparecidos, luego la instalación de bases y cuarteles militares y ahora, como cereza del pastel, el fracking?

Entre todos los elementos existiría, por tanto, una relación de causalidad y no de casualidad.

Por su parte, en el “Programa Estatal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial de Coahuila 2011-2017”, Gobierno del Estado identifica un “proceso de despoblamiento” en municipios como Jiménez, Progreso, Abasolo, Guerrero, Candela, Juárez y Escobedo.

Algunos de ellos, coincidentemente, se ubican en la franja que corresponde a la Cuenca de Burgos e incluye la zona norte de Nuevo León y la frontera de Tamaulipas.

En la investigación “El Yugo Zeta; norte de Coahuila 2010-2011”, Sergio Aguayo explica que “los municipios estaban sometidos, el gobierno estatal era omiso y algunos de sus funcionarios cómplices, la federación indiferente y displicente, y todos ignoraban a las víctimas”.

CORTITA Y AL PIE

Esta semana la Secretaría de Gobernación informó que, hasta el mes de abril de 2018,  existen oficialmente 37 mil 485 desaparecidos. En Coahuila, no obstante, sólo hay cuatro juicios iniciados y una sentencia dictada de 2013 a 2018 por el delito de desaparición forzada, como consta en los oficios STT/1574/2018 y STT/1575/2018.

Sí, ¡cuatro juicios y sólo una sentencia por desaparición forzada en seis años!

LA ÚLTIMA Y NOS VAMOS

El círculo vicioso se cierra: esa violencia, desplazamiento, paz aparente y reactivación económica no es otra cosa que la entrega de hidrocarburos a inversionistas privados.

Vayamos al punto: por todo lo anterior, tolerar y promover el fracking significa indirectamente apoyar las aberraciones que se cometieron durante la última década en la entidad, y agraviar la memoria de víctimas y desaparecidos. Así de fácil.