En México, la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011 representa el cambio legislativo más trascendental. No sólo por su gran impacto en los poderes públicos: planteo cambios sustanciales en la ley y su interpretación judicial para garantizar los consensos universales de la dignidad humana. También porque representa, para todos los espacios de la sociedad democrática, el punto de partida para garantizar de la manera más amplia los derechos de las personas como límites al abuso del poder.

Paradójicamente, la reforma se contextualiza durante toda esta primera década en una etapa de crisis por las violaciones graves a los derechos humanos. Después de 10 años, ¿cuál es el pasado, presente y futuro de esta gran reforma?

En primer lugar, el principio pro persona ha generado un cambio de época judicial que significo una nueva jurisprudencia de la SCJN. En todas las materias penal, familiar, civil, administrativo, laboral, etcétera, la reforma constitucional ha impactado para centrar la interpretación de la ley en la máxima protección de los derechos de las personas.

Sin embargo, la doctrina judicial todavía no ha permeado en los tribunales ordinarios. Los jueces del orden común se resisten todavía mucho a interpretar la ley con perspectiva de derechos humanos. No sólo por su (de)formación tradicional, sino también porque el desarrollar este enfoque acarrea una serie de responsabilidades que colocan a los jueces en un papel más protagónico en la solución de los problemas de la sociedad.

Este cambio constitucional también generó una transformación legislativa que ha edificado nuevas leyes para proteger a las víctimas. México es uno de los países que no sólo ha suscrito el mayor número de tratados internacionales sino que ha desarrollado un marco legislativo muy especializado.

Los retos y desafíos de la reforma, sin embargo, ha sido su efectiva aplicación e implementación en la esfera administrativa. Estos cambios estructurales exigen no sólo de garantías legislativas o judiciales, sino también de una nueva política pública que fortalezca la cultura de la mayor protección de la dignidad humana.

En el ámbito local, la reforma tiene aún muchos pendientes por cumplir. En Coahuila, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, desde el inicio de su gestión, presento un Programa Estatal de Derechos Humanos que ha sido reconocido por la Oficina de las Naciones Unidas en México, como un modelo nacional e internacional a seguir.

Coahuila ha sido reconocido por tener buenas prácticas de políticas públicas en diferentes rubros de atención preferente a víctimas por desaparición, migrantes y refugiados, protección de los derechos de las mujeres, la niñez, entre otros. Pero como siempre se ha señalado por el Gobierno local y la sociedad civil, la violación estructural de los derechos exige siempre implementar nuevas y mejores medidas para prevenir, erradicar y sancionar las violaciones graves.

PRESENTE Y FUTURO

En diciembre del año pasado, el Ejecutivo del Estado presento, conforme a su programa estatal, una iniciativa de reforma de derechos humanos que, a decir de expertos, sociedad civil y organismos internacionales, constituye una de las reformas más vanguardistas para el modelo nacional.

Esta iniciativa representa un punto de partida para implementar un nuevo modelo de protección de los derechos humanos. En la presentación de la iniciativa, el maestro Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos del Gobierno de México, señalo que esta propuesta también representa un antes y un después, porque debería de ser el modelo que a nivel nacional y local se debería implementar.

El Congreso del Estado, a partir de su pluralidad, ha ido generado durante este primer semestre del año un Parlamento Abierto para conocer la voz de la sociedad civil, de las víctimas, de organismos internacionales y expertos. La voz de los expertos más reconocidos ha sido coincidente: si esta reforma se aprueba, Coahuila va a representar el modelo a seguir por la República en derechos humanos.

A diez años de la reforma federal, Coahuila tiene una nueva oportunidad de avanzar en la reforma estructural más importante de la última década: consolidar instituciones locales que brinden la mayor protección de la persona contra los abusos del poder.

En eso nos debemos concentrar para tener un mejor futuro para nuestra sociedad.