En los últimos días han aparecido noticias episódicas, aparentemente sin conexión. El pago de sobreprecios en tales obras, la mala calidad en la construcción de ciertas plantas, la falta de entrega de lo convenido, y así por el estilo. No se trata de un esfuerzo concentrado de los medios, menos de reportajes de investigación. Se trata de la divulgación de parte de los resultados de la Cuenta Pública del 2016. Como cada año, la Auditoría Superior de la Federación dio a conocer lo que de bueno y de malo encontró al fiscalizar el ejercicio de los recursos públicos. Lo anterior se hizo mediante 664 informes, 624 de ellos de auditoría de cumplimiento financiero, 38 de desempeño y 2 estudios adicionales. A partir de lo analizado, se emitieron 1587 recomendaciones, 41 promociones de comprobación fiscal, 238 solicitudes de aclaración, 798 promociones de responsabilidad administrativa y 796 pliegos de observación.

Más allá de lo impresionante de los números, ¿qué arroja la revisión de la Cuenta Pública del año pasado? Por una parte y comenzando con lo macro, distintas recomendaciones para incrementar la calidad de los bienes y servicios que el Estado brinda a la población: seguridad en el espacio aéreo, conservación de áreas naturales protegidas, inteligencia financiera, integración de las obligaciones financieras, uso de mecanismos financieros a la vivienda, trasparencia en los estímulos y exenciones fiscales, restricción a la asignación directa por las universidades públicas, transparencia presupuestal y contable y manejo de las participaciones federales, entre otros. Lo que la Auditoría Superior busca es modificar el marco normativo por el cual deben llevarse a cabo las acciones públicas. Se trata de un programa legislativo y reglamentario para corregir y prevenir males a la hacienda pública. Por otra parte, la revisión de la Cuenta Pública contiene recomendaciones precisas para una gran cantidad de entidades públicas. Aquí se trata de señalar aspectos concretos en donde no se está cumpliendo la normatividad, en donde se está incurriendo en faltas o en donde, potencialmente, se va a caer en ellas. El informe en su conjunto contiene recomendaciones para evitar el incumplimiento normativo, mucho de él asociado a la corrupción.

Alguien dirá que le otorgo demasiado peso al informe, como si fuera infalible por el órgano que lo emite. Si no se le quiere otorgar al informe tal grado de certeza, lo menos que debe hacerse con él es abrir un debate serio sobre sus conclusiones. Lo que no es aceptable es mantenerlo en el olvido y esperar al sensacionalismo de una noticia concreta para ocuparse de él en aquello que la noticia revele.

Diversas organizaciones civiles están buscando, y con razón, construir su agenda anticorrupción. Quieren encontrar datos, personas o patrones, respecto de los cuales concentrar sus esfuerzos. Buscan, también, identificar maneras para combatir o prevenir el problema que, según la última encuesta del Inegi (ENVIPE 2017), es ya una de las mayores preocupaciones de la población. Frente a tan valiosos esfuerzos, me pregunto si no sería deseable, además de eficaz, utilizar los resultados de la Cuenta Pública como una suerte de agenda nacional para combatir la corrupción. Si, por ejemplo, se hubieran considerado con seriedad y se hubiera actuado en consecuencia respecto a lo que la Auditoría dijo al revisar la Cuenta Pública hace, digamos, tres años, muchos de los problemas y acusaciones que hoy nos parecen novedosísimos, habrían podido preverse y tal vez hasta detenerse. Espero que en tres años no digamos cuánto de bueno tuvo la revisión para el 2016 y nos volvamos a sentir sorprendidos por las muchas y delicadas cosas de las que hoy se nos está informando.

Ministro de la Suprema Corte de Justicia. Miembro de El Colegio Nacional

@JRCossio