El pasado 16 de diciembre la Auditoría Superior del Estado de Coahuila entregó al Congreso local su “Informe de Resultados sobre la revisión a la Cuenta Pública de 2018”. Se trata de un extenso documento –alrededor de 12 mil páginas– contenido en 25 tomos.

En la siguiente etapa del proceso, de acuerdo a lo previsto tanto en la Constitución estatal (artículo 67-XXXIV) como en la ley (artículo 57 de la ley de la materia, denominada Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior), el Congreso debe concluir el proceso de revisión de las cuentas en un periodo máximo de 60 días naturales, contados a partir de la fecha en que se haya recibido el citado Informe Anual de Resultados. El plazo concluyó el pasado 14 de febrero.

Para que el Congreso dé por terminado el proceso, requiere que se le presente un dictamen que al efecto se elabore sobre el voluminoso Informe rendido por la Auditoría Superior. Tal dictamen corresponde prepararlo a la Comisión de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública, que yo coordino.

En consecuencia, corrió bajo mi responsabilidad la elaboración de dicho dictamen (48 páginas), mismo que se envió a los integrantes de la Comisión el 11 de febrero y a los que previamente se habían convocado para sesionar el martes 12 del mismo mes, a fin de discutir y aprobar, en su caso, el referido dictamen.

Durante el desarrollo de la sesión, los diputados priistas, con el argumento de que no habían dispuesto del tiempo suficiente para analizar bien el proyecto de dictamen, promovieron una moción suspensiva, misma que se aprobó.

La sesión de la Comisión se reanudó dos días después, el día 13, es decir, la víspera de la conclusión del término constitucional y antes de reiniciarla los legisladores del PRI solicitaron aplazarla al menos un día más, pero yo me negué terminantemente. Al reanudarse la sesión, los priistas en lugar de entrar a la discusión del proyecto de dictamen, en cuyo estudio dijeron que querían profundizar, a manera de voto particular presentaron otro proyecto alternativo de dictamen (19 páginas), mismo que sacaron adelante con los votos de las diputadas del PRD y de Morena.

El nuevo dictamen presentado por el diputado priista Jaime Bueno es una copia del nuestro (en formato, estructura y redacción), un vulgar plagio, pero total y absolutamente descafeinado. Y por supuesto descalificado. Le suprimieron al nuestro el análisis serio, profundo y crítico acerca de la omisa labor, en aspectos sustantivos, desarrollada por la Auditoría Superior del Estado, todo lo demás lo copiaron. Sin el menor pudor y quizá bajo el supuesto de que los ciudadanos, los medios de comunicación y los grupos cívicos ni siquiera se darían cuenta. Sin vergüenza alguna, así procedieron.

Nuestro proyecto de dictamen, que ahora queda como voto particular, comprende ocho puntos resolutivos. Los primeros dos los copiaron literalmente en el suyo los priistas, y son del tenor siguiente: el Informe lo presentó la Auditoría Superior en tiempo y forma (primer punto), se da por concluida la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2018 (segundo). El tercer punto lo sustituyeron los priistas por una redacción inocua, y hasta ahí llegó su plagiado dictamen.

Y suprimieron del tercer punto al octavo del nuestro. El tercero hace referencia a que la Auditoría Superior incurrió en omisiones y actos de descuido, negligencia e incompetencia profesional, todo lo cual quedó plenamente demostrado en la parte expositiva de nuestro dictamen.

El cuarto punto señala que la Auditoría Superior incurrió en omisión grave al no observar la falta de registro contable por el pasivo laboral, según estudios actuariales, por 56 mil 630 millones de pesos. El quinto, por no fiscalizar la falta de cuotas y aportaciones ordinarias a los fondos de pensiones, que no fueron entregadas por el gobierno. El sexto porque la Auditoría continúa siendo omisa en la promoción de acciones y fincamiento de responsabilidades por las irregularidades detectadas y no solventadas al revisar las cuentas de 2015, 2016 y 2017.

El séptimo por la misma razón en cuanto a la promoción de responsabilidades administrativas, y el octavo punto pide se turne el dictamen a la Comisión de Juicio Político del propio Congreso “para que promueva las acciones jurídicas que correspondan”.