POR: ANTONIO CASTRO

Las finanzas públicas nacionales están atravesando por un periodo bastante complicado, a pesar de que, en este año, entre enero y octubre se obtuvo mayor recaudación tributaria de los grandes contribuyentes de 144 por ciento más con respecto al año 2019 que equivale a 200 mil millones de pesos. Sin embargo, los efectos de la pandemia del COVID-19 obligó al Estado mexicano a restringir la movilidad de bienes y servicios en más del 90 por ciento, lo que derivó a limitar severamente la actividad económica en el segundo trimestre del año que ocasionó una crisis económica peculiar y distinta a las que haya transitado en el país durante el régimen de acumulación neoliberal por ser auto infligida, desgajando su ritmo natural de comportamiento de la economía. A pesar de estar estancada desde hace más de dos décadas, sin presentar un crecimiento sostenido y tendiendo recurrentes recesiones técnicas entre periodos.

La caída histórica que tuvo el producto interno bruto del 18.7 por ciento en el segundo trimestre del año, impactó a importantes indicadores macroeconómicos y tributarios como el desplome de la inversión de capital que descendió 29 por ciento y de la tasa de ganancia que dilapidó el empleo con una contracción de 33 por ciento, que desencadenó menor recaudación tributaria de impuestos: el IVA disminuyó 6.5 por ciento, el ISR cayó 4.6 por ciento y el IEPS retrocedió 11 por ciento, que es un componente del presupuesto federal. Además, desequilibrios en el tipo de cambio, por la complicación que resaltaba la pandemia a nivel mundial a la economía global que influyó en un aumento relativo (aritmético) de la deuda externa del país en el 53 por ciento con respecto al PIB, aun cuando, el gobierno federal no ha solicitado financiamiento –deuda- para enfrentar la emergencia sanitaria.

No obstante, en el tercer trimestre del año la economía creció con respecto al segundo trimestre del año al 12 por ciento, considerando a México, como el sexto país con mejor reactivación económica del mundo, empezando una nueva etapa en el ciclo productivo como un periodo de reactivación económica. Si bien, rompió las expectativas de algunos analistas económicos que afirmaban que el PIB continuaría estancado y la crisis se mantendría más tiempo por la “negligencia” y “terquedad” del presidente al no impulsar financiamiento a las grandes empresas y preferir en trasferencias gubernamentales que, a los sectores marginados de la población, como los programas sociales. Del mismo modo que procuró por la austeridad de aparato gubernamental y no endeudamiento. Adicionalmente, con una importante entrada de dinero de origen extranjero por concepto de remesas que se integra como un ingreso extraordinario a las familias mexicanas, integrándose al efecto multiplicador de la demanda agregada que dispone el gobierno federal con la inversión de trasferencias gubernamentales estimulando la demanda efectiva.

Los antecedentes económicos anteriores ostentan un escenario para el presupuesto federal 2021 ajustado, pese a que, el tercer trimestre del PIB mostró un repunte de crecimiento con una tendencia ascendente, sin embargo, la economía todavía se encuentra muy agraviada por causa de la pandemia. De la misma manera, las finanzas públicas mejoraron en el tercer trimestre, pero no alcanzaron a cubrir el boquete fiscal que produjo la emergencia sanitaria en el segundo trimestre del año. El presupuesto federal se debe aprobar como fecha límite el próximo 15 de noviembre por facultades únicas de la Cámara de Diputados, al momento está aprobado en lo general falta en lo particular, para que sea decretado oficialmente para ejercerse el próximo año.

En definitiva, por  tan complicado que sea el escenario económico, la recaudación fiscal se redujo 0.5 por ciento con respecto a 2019,  que equivale a 2 billones 760 mil millones de pesos, que se incorpora al presupuesto federal del año próximo, más las cuotas del IMSS e ISSTE y las ganancias de las empresas productivas o distributivas del Estado, que en total suman un presupuesto para ejercerse de 6 billones 200 mil millones de pesos con un déficit primario de 700 mil millones de pesos de lo proyectado en la Ley de Ingresos del 2020. El margen de maniobra es muy reducido para la distribución de los recursos, por lo tanto, se atiende a cuatro áreas estratégicas del programa de gobierno de la Cuarta Transformación: salud con crecimiento de 9.1 por ciento, seguridad con un aumento de 8.6 por ciento, programas sociales en alza de 5.3 por ciento y proyectos de inversión pública con un crecimiento de 5.5 por ciento, en comparación al presupuesto del 2020, adicionales 29 proyectos mixtos con la iniciativa privada. No obstante, el gasto corriente se redujo 1.7 por ciento y el presupuesto de la oficina del presidente disminuyó 15 por ciento.

Sin embargo, las aportaciones a todas las entidades federativas se reducen 5.5 por ciento en promedio que es el presupuesto federal que ejercen libremente los estados de la república, pero no por dicha y obra del gobierno federal, es por causa de la crisis económica que impacto a las fianzas públicas. Por lo tanto, la narrativa que exponen los gobernadores de la alianza federalista es falsa que solo a sus entidades se les redujo presupuesto, además, es contraproducente solicitar más presupuesto en medio de una emergencia sanitaria y económica, cuando existen estados con nulo desarrollo productivo, contradiciendo a la Ley de Coordinación Fiscal actual –establecida en 2007-  que el presupuesto se asigna con base, en las “necesidades” de los estados y no en sus “capacidades productivas” como ahora demandan los gobernadores “rebeldes”.

En consecuencia, el escenario coyuntural que está enfrentado el país con respecto al presupuesto federal para el 2021 es distinto a los demás, por esta razón, ahora más que nunca se deben atender las necesidades sustantivas que trajo la pandemia y desnudo la crisis económica; y dejar de pensar que “por el bien de todas y todos, primero los pobres” es una consigna cuando implica de fondo todo un proyecto económico y político de cambio.

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