Los mandatarios de las 10 entidades del país que conforman la denominada “Alianza Federalista” celebraron ayer la posibilidad de que se discutan, negocien y, eventualmente se pacten, modificaciones al actual pacto fiscal. La manifestación se dio porque dos días antes el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, habría señalado que se está trabajando en esa posibilidad.

No se trata, vale la pena recordarlo, de un tema nuevo en el país. Tenemos décadas escuchando a los gobiernos estatales -y aún más a los municipales- señalar la inequidad existente en la distribución de los recursos públicos captados mediante la recaudación fiscal.

La fórmula diseñada para la distribución de esa recaudación -que data de la administración de José López Portillo- es injusta, sin duda. Y lo es porque concentra en el Gobierno Federal la captación de prácticamente todas las contribuciones importantes, pero luego no devuelve a las entidades federativas más que una pequeña porción de lo que se genera en ellas.

Pero no solamente hay injusticia en el trato entre Federación y estados. También la hay en el trato entre estados y municipios, pues los primeros han reproducido de forma milimétrica el esquema central, entregando a los municipios solo una fracción de lo que generan en contribuciones.

No es este el único nudo gordiano que debe deshacerse al discutir la modificación el actual pacto fiscal -o la creación de uno nuevo-, sino también el relativo a la forma en la cual se gasta el dinero público -en cualquier lugar del país- y, sobre todo, cómo se impide que éste alimente los circuitos de corrupción pública.

Uno de los argumentos favoritos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, para negarse a entregar mayores recursos a los gobiernos estatales, es que, con excepción de la administración que él encabeza, en el resto de la estructura pública prima el derroche y la corrupción.

Todas las generalizaciones son erróneas, por reglas, pero en este caso existe razón al señalar el grave y extendido problema que representa la corrupción en el sector público y que ello implica la pérdida de miles de millones de pesos anualmente.

Por ello, al pensar en la modificación del pacto fiscal, también debe pensarse en fórmulas que garanticen el uso honesto y eficiente de los recursos públicos en cada rincón del país. Solamente así, el reclamo por una distribución más justa de los recursos de todos tendrá más y mejor sentido.

Valdría la pena, por ejemplo, comenzar a escuchar propuestas sobre indicadores de desarrollo vinculados a mecanismos de distribución, o fórmulas de asignación ligadas a metas específicas de austeridad, transparencia y honestidad en la administración de los recursos públicos.

De hecho, que fueran los gobiernos estatales los que se apropiaran de este discurso podría ser la diferencia para que se inicie una discusión que resulte realmente útil para los intereses colectivos y no una que termine en la que han concluido todas las anteriores.