Dentro del ámbito de la auditoría gubernamental uno de los efectos de mayor trascendencia del recientemente promulgado paquete de leyes para la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) es la ampliación del mandato de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), con el objetivo de incrementar sustancialmente el impacto de la fiscalización en el mejoramiento de la administración pública.

A raíz de las reformas propuestas se otorgó al ente fiscalizador superior la capacidad de revisar además de los recursos transferidos a estados y municipios en la forma de fondos etiquetados para rubros como la salud, la educación, la seguridad y la creación y mantenimiento de infraestructura, las participaciones federales y la deuda pública a nivel subnacional garantizada por la propia Federación.

Es preciso preguntarse las razones que asistieron a los legisladores para tomar esta decisión, que pone una parte sustancial de los ingresos de las entidades federativas bajo la lupa de la ASF. ¿Por qué, si existen Entidades Fiscalizadoras Superiores a nivel local, es necesario que el órgano federal sea quien tenga bajo su rectoría la revisión de estos recursos?

En estas columnas se ha señalado que es imprescindible fortalecer a la administración pública en los órdenes de gobierno estatal y municipal, puesto que existen brechas de consideración en cuanto a las capacidades institucionales, la cultura administrativa y la disponibilidad de recursos respecto a las condiciones imperantes a nivel federal. De manera paralela, el equilibrio de poderes afecta el ejercicio de los entes auditores estatales, toda vez que se vulnera su autonomía e independencia.

Como parte del cambio, se decidió confiar esta tarea a la ASF. Quedó de manifiesto, en el curso de los debates que acompañaron el proceso de discusión de las leyes secundarias del SNA, que se dio un consenso entre grupos partidistas, organizaciones ciudadanas y formaciones académicas respecto a que la Auditoría Superior de la Federación ofrecía la mejor alternativa para presidir un nuevo modelo de fiscalización, consistente con las metas del Sistema Nacional Anticorrupción.

La ampliación del universo auditable por parte de la autoridad federal en la materia y la creación de nuevas atribuciones, muy distintas a la auditoría gubernamental tradicional –como las facultades de la ASF de investigar y substanciar faltas administrativas graves–, nos hablan de un parteaguas en el que una labor fundamental en materia de gobernanza, la auditoría gubernamental, se pone bajo la tutela y el control de una sola institución.
Considero que esta decisión representa un signo alentador de la valoración que se tiene de la labor de este ente auditor, puesto que reconoce de manera fáctica la trascendencia que tiene la fiscalización para el cumplimiento de los objetivos del Sistema Nacional Anticorrupción. Sin embargo, también la interpreto como uno de los mayores retos que ha enfrentado la ASF: cumplir cabalmente con el mandato que se nos ha otorgado exigirá el desarrollo de metodologías, áreas especializadas y cuadros de servidores públicos con las capacidades necesarias para desahogar sus responsabilidades.

La credibilidad, la confiabilidad, el carácter técnico, la rigurosidad analítica y el profesionalismo en el desempeño de la auditoría gubernamental deben ser los pilares de esta nueva etapa en la vida institucional de la ASF. Es un compromiso que ha generado muchas expectativas, y ante el cual será preciso ofrecer el mejor de los desempeños.