A un mes del sismo del 19 de septiembre, concluidas las labores de rescate, prevalece la incertidumbre respecto a los recursos, acciones, programas y procedimientos que adoptarán los distintos órdenes de gobierno para la atención inmediata de los damnificados y la reconstrucción.

Pese a las múltiples declaraciones de funcionarios del Gobierno federal, a la fecha no se cuenta con un programa nacional de reconstrucción, y si bien el Ejecutivo federal ha señalado que la reconstrucción tendrá un costo de 37 mil millones de pesos; que se aplicarán a diferentes acciones de acuerdo con las características de cada una de las entidades afectadas, y que en los próximos días se presentará un programa puntual, no hay certeza sobre sus acciones.

Lo mismo sucede en las entidades afectadas. En Oaxaca y Chiapas se han entregado tarjetas para la compra de materiales para la auto construcción, sin definir las normas constructivas mínimas que se deben cumplir; la asesoría técnica necesaria, ni los mecanismos de fiscalización y control social para evitar el desvío de recursos o su condicionamiento con fines electorales. En Morelos, en medio de un litigio por el desvió de los apoyos a los damnificados, se han anunciado medidas sujetas al apoyo federal, y en el Estado de México, el gobierno ha señalado que se plegará al "Plan Nacional" que hasta ahora no existe.

En la Ciudad de México, se ha elaborado un programa que ha sido presentado como iniciativa de ley para dotarlo de certeza y seguridad jurídica. Sin embargo, dicha iniciativa contiene propuestas sumamente controvertidas, ya que pretende reconocer, como derechos adquiridos, las violaciones a la ley en que incurrieron las empresas o particulares en la construcción de los inmuebles derrumbados o demolidos, autorizándoles un potencial constructivo superior al permitido en los Programas de Desarrollo Urbano vigentes; al tiempo que busca autorizar un incremento de hasta 35 por ciento del coeficiente de utilización del suelo, para incrementar los niveles de edificación y el número de viviendas en inmuebles habitacionales, independientemente de los usos del suelo establecidos y del Atlas de Riesgo Sísmico.

En síntesis, pretende legalizar las ilegalidades cometidas, premiar a quienes incurrieron en actos de cohecho y corrupción, que han sido evidenciados por los sismos, sin deslindar y fincar responsabilidades, y sin entender que el sismo que sufrió la Ciudad implicará replantear y fortalecer las tareas preventivas, entre éstas, la reformulación de las normas de construcción, así como las políticas de gestión del agua y el ordenamiento territorial en la Ciudad.

Las autoridades federales y locales deben presentar un programa integral de reconstrucción que establezca un solo instrumento de coordinación y ejecución de las acciones para evitar duplicidades y burocracia, que garantice la participación de las personas afectadas en su implementación, en la elaboración del censo de damnificados y en la fiscalización de los recursos y el ejercicio de las acciones que se establezcan.
Por lo que el Congreso de la Unión debe analizar con seriedad y aprobar las propuestas que hemos presentado distintos legisladores en el Senado de la República, para crear un Fondo para la Atención de Damnificados, la Recuperación y la Reconstrucción, para enfrentar los daños causados por los fenómenos hidrometeorológicos y geológicos que han tenido lugar en nuestro país, integrado por recursos presupuestales federales y locales, así como los provenientes del Fonden, de los instrumentos financieros de gestión de riesgos, como los bonos catastróficos del Banco Mundial destinados a México, así como por las aportaciones del sector privado, organizaciones sociales y particulares, garantizando la participación social y la transparencia de su ejercicio.

La reconstrucción es responsabilidad del Estado. Debe asumirse como una política pública prioritaria, que permita, al mismo tiempo, replantear el modelo de desarrollo de nuestras ciudades y regiones. Lamentablemente, al igual que hemos atestiguando en estos días la rapiña política y la manipulación de los apoyos a las personas damnificadas, abundan, tanto en el sector público como en el privado, quienes ven la reconstrucción como un gran negocio. En todo caso, al igual que en 1985, la sociedad sabrá ajustar cuentas.