En asuntos de salud, de seguridad, de educación e infraestructura pública esta administración ha fracasado en sus primeros tres años de gobierno. En materia económica ni se diga. Para muestra se presenta a continuación el perfil de una tormenta que, de no atenderse, se convertirá en un ciclón a fines del sexenio.

El pasado marzo, en su afán de contener la caída electoral de Morena en las ciudades de importancia, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció un incremento en las transferencias bimestrales para los adultos mayores de 2 mil 700, como era el caso en 2020, hasta, para fines de su sexenio, 6 mil. Pero esa sorpresiva noticia, clientelar por excelencia, no acabó allí. Por supuesto que no, faltaba más. López Obrador tuvo a bien reducir la edad de acceso a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores de los 68 años a los 65.

Sobra decir que muchos de los mexicanos que tienen 65 años o más recibieron la noticia con sumo agrado, lo cual, dada la situación de pobreza que hay en nuestro país, es más que justificable. ¿Cuál es entonces el problema? La respuesta a la pregunta se encuentra tras examinar la pirámide poblacional que se tiene en México, así como tras ponderar la recaudación tributaria con la que cuenta actualmente el Gobierno.

De acuerdo con el Consejo Nacional de Población, el número de mexicanos que tenían 68 años o más en el año 2020 era un poco más de 7.4 millones. Si se multiplica ese número por la pensión bimestral que existía entonces, 2 mil 700, puede calcularse que la erogación hecha cada dos meses por ese programa fue del orden de 20 mil millones de pesos. Esto es, se gastaron alrededor de 120 mil millones de pesos el año pasado para financiar esas pensiones no contributivas. En términos del producto interno bruto, esa cifra anual representó cerca del 0.5 por ciento del PIB en 2020.

Ahora bien, dado que al dividir el nuevo monto (6 mil) que se otorgará en 2024 por el que se tuvo en el año 2020 (2 mil 700) se obtiene el cociente 2.22, se podría pensar que basta multiplicar este último número por 120 mil millones para estimar la erogación que se tendrá que hacer a fines del sexenio. Pero, desgraciadamente, no es así. La edad mínima requerida se redujo de 68 a 65 años de edad y además el porcentaje de adultos mayores crece aceleradamente. Así pues, la erogación por ese concepto a fines del sexenio podría ser del orden de 360 mil millones de pesos anuales.

En términos del PIB actual, esa cifra representaría alrededor del 1.5 por ciento. Pero la historia no acaba allí, ojalá fuera así. El costo fiscal de las pensiones contributivas (del IMSS, ISSSTE, etcétera), será mayor al 4.0 por ciento del PIB en 2024. Sumando esos porcentajes, otros gastos por pensiones y el costo de los otros programas sociales, el total será del orden del 6.5 por ciento del PIB. Si no hay una reforma fiscal de gran calado, este último porcentaje representará casi la mitad de la recaudación tributaria en 2024. Lo que resta, junto con los derechos por hidrocarburos, deberán estirarse para los gastos en educación, salud, seguridad pública, inversión, así como para las participaciones y aportaciones a los estados y municipios