Los chilenos conmemoran este martes el 45 aniversario del golpe militar que derrocó al presidente socialista Salvador Allende (1970-1973), una de las emblemáticas fechas que siguen dividiendo al país sudamericano.

En vísperas del aniversario se reavivó en Chile la polémica por la decisión de la Justicia de poner en libertad en agosto a un grupo de siete militares, en su mayoría oficiales actualmente retirados de las Fuerzas Armadas que estaban condenados por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

Incluso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó recientemente su "preocupación" por la resolución tomada por el más alto tribunal del país de acoger favorablemente sendos recursos de amparo de los abogados de los condenados.

"La CIDH recuerda que en relación con penas impuestas por graves violaciones a los derechos humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha referido al deber estatal de abstenerse de recurrir a figuras que pretendan suprimir los efectos de la sentencia", señaló entonces el organismo con sede en Washington, que se encarga de velar por el cumplimiento de los derechos humanos en el continente.

Actualmente, alrededor de un centenar de militares y algunos civiles que integraban la temida policía secreta de Pinochet están recluidos en el penal de Punta Peuco, una cárcel especial para los condenados por violaciones de los derechos humanos ubicada en el norte de la capital, Santiago de Chile.

Para el día del aniversario, el 11 de septiembre, el Gobierno del presidente derechista Sebastián Piñera y el Congreso organizaron actos por separado, mientras que organizaciones de derechos humanos convocaron, como todos los años, a una marcha hasta el cementerio general de Santiago de Chile, donde se encuentran la tumba de Allende y un memorial que recuerda a los detenidos-desaparecidos durante el régimen castrense.

Allende se suicidó de un disparo el mismo día del golpe después del alzamiento de los militares encabezados por el general Pinochet, entonces jefe del Ejército. Como tal, ordenó atacar con tanques y bombardear con aviones de la Fuerza Aérea La Moneda, la sede del Ejecutivo chileno, en la que se encontraba el mandatario socialista, que se negaba a entregar el mando como exigían los golpistas.

Pinochet, quien jamás fue juzgado por tribunal alguno de su país por los crímenes cometidos por su régimen, fue nombrado jefe de su institución por el mismo Allende el 23 de agosto de 1973, pero 19 días más tarde dirigió la insurrección que puso fin al Gobierno socialista cuando apenas había completado la mitad de sus seis años de mandato constitucional.

Varios miles de personas fueron a parar a los campos de concentración (el Estadio Nacional y Villa Grimaldi, entre otros) abiertos por la dictadura a lo largo y ancho del país, donde fueron torturados o asesinados. Todavía hay muchos que, a la fecha, figuran como detenidos-desaparecidos.

El régimen de Pinochet acabó el 11 de marzo de 1990, después de su derrota en el plebiscito del 5 de octubre de 1988, al que convocó con el objetivo de que los chilenos le extendieran su "mandato" por ocho años más, hasta 1998. Un 56 por ciento, sin embargo, lo rechazó, mientras que un 44 por ciento lo apoyó.

"El golpe de Estado de 1973 en Chile no era inevitable”

Para Francisco Estévez, director del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de Chile, existe una amplia mayoría en el país que entiende la importancia de defender la democracia y los derechos humanos, pese a que el recuerdo del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 pareciera seguir dividiendo a los chilenos.

"Hoy existe un consenso fuerte, muy transversal —no es unánime, pero sí muy transversal— respecto de que en Chile no puede haber nunca más una dictadura que viole los derechos humanos. Y hay una relación de causalidad: si hay dictadura, hay violación de los derechos humanos", aseguró Estévez en entrevista con dpa con motivo de los 45 años del derrocamiento del Gobierno de Salvador Allende que se cumplen este martes.

Precisamente el mes pasado el Museo de la Memoria estuvo en el medio de una controversia que le costó el cargo al ministro de Cultura, Mauricio Rojas, apenas cuatro días después de haber sido nombrado, y volvió a levantar un debate sobre las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar de Augusto Pinochet (1973-1990) y las causas que llevaron al golpe de Estado.

Todo eso por las palabras de Rojas en un libro de 2015, de conversaciones con el actual canciller Roberto Ampuero, donde aseguraba que el Museo de la Memoria “más que un museo (…) se trata de un montaje cuyo propósito, que sin duda logra, es impactar al espectador, dejarlo atónito, impedirle razonar".

Ante la presión de amplios sectores, incluido el mundo de la cultura, el presidente Sebastián Piñera se vio obligado a aceptar la renuncia de Rojas. Sin embargo, esa polémica volvió a descubrir la existencia de sectores y dirigentes políticos de derecha, algunos de ellos en el Gobierno, que parecieran acercarse a un tipo de negacionismo que aún hoy considera como inevitable el golpe de Estado de 1973.

Consultado sobre las razones de que aún, 45 años después, existan esos grupos con peso e influencia políticas, Estévez sostuvo: "Esa gente hoy está en posición de minoría. De minoría cuantitativa pero también de minoría política. Si no fuera así, Mauricio Rojas no hubiese salido en cuatro días. La verdad es que lo que uno advierte es que existe un consenso político bastante transversal del cual no es ajeno el Gobierno. Quiero ser muy claro en esto. No es que todo el Gobierno de Piñera sea negacionista, en absoluto”.

Según el director del Museo de la Memoria, tras la designación fallida de Rojas “el Gobierno ha tenido la inteligencia de nombrar como ministra de las Culturas a una persona (Consuelo Valdés) que representa lo opuesto del antiguo ministro. Una persona que conoce su oficio, sabe de museografía, por lo tanto va a poder entenderse bien con el mundo de la cultura. Porque lo que representaba el ex ministro era una amenaza para la cultura democrática”.

"Han pasado 45 años pero hoy en Chile hay una conciencia más extendida que antes sobre la importancia fundamental de los derechos humanos en un país democrático", destacó.

La controversia Rojas-Museo de la Memoria ha terminado favoreciendo a la institución que apuesta por recordar las víctimas de la dictadura y a quienes lucharon por recuperar la democracia. Eso al punto que se ha duplicado el número de público que lo visita y lo blindó ante las intenciones de recortarle fondos por parte del gobierno y de la derecha, que lo ven como un ente incómodo.

“El museo no debería ser incómodo, a menos que la derecha no se haya hecho una autocrítica (sobre el pasado), y ese es el gran problema. Lo que la derecha le debe al país es una profunda autocrítica de porqué dejó caer la democracia y de porqué avaló las violaciones a los derechos humanos", dijo.

En su opinión, la falta de autocrítica se debe a que la derecha "sigue pensando que el golpe era inevitable". "Y uno puede suponer que siguen pensando que las violaciones a los derechos humanos fueron inevitables. Por ese este museo es incómodo. Porque este museo dice que el golpe no era inevitable y que tampoco era inevitable que se violaran los derechos humanos”, señaló.

En medio de la controversia desde la derecha surgió el planteamiento de que el Museo de la Memoria no consideraba el “contexto” de lo que ocurrió en Chile, en referencia a las causas y antecedentes que llevaron al golpe de Estado, es decir, la polarización política y la crisis generalizada del país.

“Lo que ellos quisieran es que este museo mostrara lo que ellos llaman ‘el contexto’, y el contexto sería justificar la inevitabilidad del golpe. Lo que nosotros hemos sostenido es que el único contexto de las violaciones a los derechos humanos que este museo muestra es la dictadura, es decir, que si no hubiese habido golpe de Estado en 1973 y no se hubiese instalado una dictadura, no se hubiesen cometido las violaciones a los derechos humanos”.

Consultado sobre la idea, que Piñera volvió a reflotar en las últimas semanas, sobre levantar un museo de la democracia, que desde el centro y la izquierda lo consideraron como iniciativa “del empate”, Francisco Estévez discrepó de esa propuesta ya que “el Museo de la Memoria es también un museo de la democracia en el sentido de que muestra la importancia de la democracia y de cómo la gente luchó por la democracia y cómo se defendieron los derechos humanos”.

En su opinión resulta incompatible tener un museo de la democracia y, en directa crítica a Piñera, mostrarse indiferente ante un museo, como el Histórico Naval, que homenajea al almirante José Toribio Merino, uno de los impulsores del golpe de Estado y quien integró la junta militar de gobierno durante todos los años de la dictadura.

“Realmente hay un tema de concepción sobre qué vamos a entender por democracia. Para mí un museo de la democracia es incompatible con avalar la existencia de otro museo donde se justifica el accionar de la Armada, donde se habla de cómo participaron en el golpe de estado en Chile. No puedo aceptar que el valor de la democracia es propio de la derecha. El valor de la democracia es transversal, es válido para todos”, destaca.