Mañana el Gobernador de Coahuila expondrá en el Congreso del Estado su Cuarto Informe de Gobierno: un recuento de lo que sucedió entre diciembre de 2014 y noviembre de 2015.

Ese periodo administrativo, como cualquier otro, se puede valorar de distintas formas que van desde apreciaciones emocionales hasta regresiones estadísticas; todo lo demás quedará comprendido entre ambos puntos.

Una misma cifra ofrece lecturas distintas, por ejemplo. Los indicadores pueden torcerse hasta que digan lo que nos conviene, y siempre las autoridades echarán mano de la frase que inmortalizara el periodista y escritor brasileño Nelson Rodrigues: “si los datos no nos apoyan, peor para los datos”.

Habrá temas más o menos interesantes desde la óptica particular, y más o menos importantes para la opinión pública. Sin embargo la manera más eficaz de calificar a Rubén Moreira es la perspectiva personal. Muy fácil: ¿a usted cómo le fue durante el cuarto año de gestión en sus finanzas, empleo, relaciones con sus vecinos, actividades cotidianas, asuntos familiares? ¿Influyó Gobierno del Estado en ello positiva o negativamente?

Bajo esa lógica personalísima, en ese lapso hay un pendiente por cumplir a quienes nos dedicamos al periodismo: la instalación y funcionamiento de la “Comisión de Prevención y Protección de los Periodistas en el Estado de Coahuila”.

Uno no espera que sea el Gobierno quien lo defienda si en un momento dado se requiriera defensoría. Tampoco se peca de ingenuidad. Pero éste inició un procedimiento con esa finalidad y lo dejó al garete. Concluirlo, sentar las bases para su funcionamiento, y principalmente fortalecer el mecanismo, sería lo mínimo de su parte. Me explico. 

El artículo 3 de la “Ley para la Protección y Garantía de la Libertad de Expresión de las y los Periodistas del Estado de Coahuila” señala que “corresponde a Gobierno del Estado vigilar la aplicación y el cumplimiento de la ley, así como coordinar las Medidas de Prevención y de Protección que contribuyan a garantizar la vida, la integridad y la seguridad de los periodistas”.

Ese ordenamiento tiene vigencia desde el 19 de julio de 2014 en la entidad, aunque por lo visto no existe prisa por aplicarlo pues ya pasaron 16 meses desde entonces, es decir, todo el Cuarto Año de Gobierno y un cuatrimestre más.

Al respecto la Secretaría de Gobierno, quien lleva la batuta en ese órgano inexistente, respondió el pasado 19 de noviembre a quien esto escribe a través del oficio SEGOB/CGAJ/1110/2015 que la Comisión “se encuentra en proceso de su (sic) creación”, y “en trámite la designación de representantes”.

En otras palabras: no hay nada todavía.

En 2015, por si fuera poco, no se le destinó una partida especial de recursos. ¿Ahora sí la tendrán contemplada en el Presupuesto de Egresos para 2016?

De acuerdo con la Exposición de Motivos, con la citada Ley “se pretende garantizar la libertad de expresión, y la seguridad de los beneficiarios”. ¿Por qué no se ha conformado la Comisión que se encargará de aplicarla, entonces?, ¿no es prioritaria?, ¿no son suficientes los 520 días que han transcurrido?, ¿esperan a que ocurra una tragedia para aprovechar la coyuntura política?

Cortita y al pie
Como se ha dicho: ese asunto pendiente corresponde, en estricto sentido, al año administrativo que detallará mañana el Gobernador. Habrá quien evoque episodios ocurridos durante la primera mitad de su mandato, inclusive del sexenio anterior. No hay que olvidarlos ni dar vuelta a la página.

La última y nos vamos
En cuanto a los últimos 365 días, póngalo en perspectiva: ¿y a usted, cómo le fue durante el Cuarto Año de Rubén Moreira?
El resto es humo.

@luiscarlosplata