Por Arturo Angel (@arturoangel20) para Animal Político

Un nuevo diagnóstico oficial sobre el funcionamiento del sistema penal acusatorio, que por ley entró en vigor hace un año, evidencia que el mismo no funciona al 100% en ninguno de los estados, ya sea por falta de capacitación, infraestructura o sistemas tecnológicos. Oaxaca, Sonora e Hidalgo son las entidades más atrasadas.

El diagnóstico “Consolidación del Sistema Penal”, publicado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), revela 10 puntos débiles en el sistema, desde la falta de bases de datos nacionales, que son vitales para las investigaciones, hasta policías que no saben llenar los informes porque no les entienden.

Para medir el avance de la implementación y consolidación del sistema penal, el análisis establece una escala del 1 al 10, construida a partir de varios indicadores, y concluye que el actual grado de avance nacional es de 8.7 puntos.

Para llegar a ese promedio se analizan cinco ejes estratégicos. Uno de esos ejes, que es el más atrasado, es el de Tecnologías de Información y Comunicación (bases de datos, circuitos cerrados, videoconferencias, etc) con un puntaje nacional de apenas 7.4.

El segundo eje con menor avance es el de infraestructura (construcción de salas de juicio oral, espacios de mediación, áreas de víctimas) con una calificación de 8.1, mientras que en el tercer lugar de menos avance está el de reorganización institucional (adecuar el funcionamiento de procuradurías, juzgados y policías al nuevo sistema) con un índice de 8.2 puntos.

El cuarto eje, el de capacitación, tiene 9.1 de calificación y finalmente el de normatividad, es el que presenta un mayor avance con 9.8.

En cuanto al promedio nacional sobre las instituciones responsables de operar el sistema que tienen mayor y menor avance, los que mejor han hecho la tarea son los poderes judiciales de los estados, que presentan un promedio de avance de 8.8, seguido de las procuradurías/fiscalías con 8.4.

Los dos operadores más atrasados son las secretarías de Seguridad Pública estatales, que tienen 8.2 y finalmente las Defensorías Públicas (que se encargan de defender a una persona que no tiene abogado particular) con apenas un índice de 7.7 de avance.

¿Cómo van los estados?

El informe establece que Oaxaca es el estado que registra el mayor retraso, con una calificación de 7.4 puntos.

Aunque el informe no da detalles de los rezagos en cada estado, los abogados del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, quienes litigan constantemente casos en Oaxaca, confirmaron las deficiencias.

“El sistema en el estado entró en funcionamiento por regiones sin una verdadera planeación. No hay operadores preparados y realmente no es un sistema de justicia oral sino mixto, en el que todavía hay muchas cosas por escrito. Incluso faltan hasta traductores para asuntos indígenas” señaló la organización.

El caso de Oaxaca llama la atención porque es una de las dos entidades, junto con Chihuahua, que comenzaron a adoptar un sistema penal acusatorio desde 2007, es decir, antes de la reforma penal de 2008.

La segunda entidad con el menor avance es Sonora con una calificación de 7.7 y después le sigue Hidalgo con 7.8. Los otros dos estados con una calificación menor a 8 en la consolidación del sistema son Michoacán y Guerrero, ambos con 7.9.

Hay 13 entidades cuyo índice de avance se encuentra entre 8 y 9: Baja California Sur, Campeche, Durango, Morelos, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.

Las 14 entidades restantes registran un índice superior a 9 sin que ninguno llegue a 10. La entidad que mejor puntaje obtiene es Coahuila, con 9.6, y después Nuevo León, con 9.5. Otras cuatro entidades obtuvieron 9.4 en el índice de avance: Chihuahua, Ciudad de México, Guanajuato y Yucatán.

Aunque ninguno de los estados ha culminado el proceso de implementación y consolidación del sistema penal, el informe considera positivo que el promedio nacional sea de 8.73, toda vez que es un avance respecto al promedio de 8.37 registrado en junio de 2016, cuando se puso en marcha todo el sistema.

10 puntos débiles clave

El análisis resume que existen diez puntos urgentes resolver en el corto y mediano plazo para que el sistema se consolide de forma positiva.

Tres de estos puntos están relacionados con la total ausencia de los registros nacionales que deberían existir, para que funcionen los mecanismos alternativos de solución de conflictos, las unidades de medidas cautelares y de los procedimientos abreviados para resolver juicios de forma expedita.

En el caso del Registro Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, el informe establece que, en teoría, este comenzará a funcionar el 8 de septiembre de este año, luego de la prueba piloto de mayo pasado.

En cuanto al Registro Nacional de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso, aún no hay fecha probable para su puesta en marcha, ya que falta todo, desde el diagnóstico para llevarlo a cabo, hasta la planeación y el diseño. En el caso del Registro del Procedimiento Abreviado se establece que aún hay que definir cómo se pueden reunir los datos.

Otro punto urgente de resolver es el del Informe Policial Homologado, un reporte vital porque debe ser hecho por un policía, quien describe su actuación al atender un delito. Este informe es importante porque normalmente es la primera intervención de una autoridad en un caso y porque un reporte mal hecho puede tirar un caso.

El documento establece que el formato del Informe  Policial Homologado (que ya es el segundo que se intenta poner en marcha) no funciona, al punto en que a veces no es llenado porque los policías no le entienden

“El personal (los policías) ha señalado que el formato es extenso y contiene lenguaje técnico de difícil de comprender. En el Informe sólo es posible reportar delitos de los fueros federal y común, así como la detención de personas; mientras que, en el formato anterior, era factible registrar delitos, faltas administrativas y operación policial” indica el análisis.

Otra ausencia importante es el Sistema de Justicia para Adolescentes, cuya ley se aprobó desde hace más de un año pero que hasta ahora no se aplica. El informe establece que las entidades federativas y el gobierno federal aún discuten el mejor modelo de aplicación.

Los otros puntos prioritarios son establecer un modelo homologado de policía procesal, definir un programa rector de profesionalización, fortalecer la figura de Asesor Jurídico de Víctimas, diseñar e implementar indicadores que evalúen la operación del sistema e impulsar un modelo homologado de justicia terapéutica y racionalizar recursos humanos y financieros.

De acuerdo con el informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la inversión realizada hasta ahora para la implementación y consolidación del sistema penal acusatorio asciende a 20 mil 980 millones de pesos.

De ese total, unos 18 mil 705 millones de pesos, se han invertido de 2013 a 2016, es decir en la actual administración federal. Esto significa que de 2008 a 2012 solo se habrían invertido dos mil millones de pesos.

“Dichos recursos fueron destinados a capacitar operadores, contar con la infraestructura y el equipamiento necesario, emprender campañas de difusión y hacer los ajustes normativos en las entidades federativas” indica el documento.