El 24 de noviembre no se olvida. Esa fecha, en 2017, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación declaró la validez de la elección para Gobernador del Estado luego de un litigio postelectoral de casi seis meses, avivado por el movimiento “Coahuila Digno”.

Se consumó el fraude.

Ayer se cumplió un año y el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Por ello reseñaré 25 irregularidades sistemáticas, enunciativas aunque no limitativas, que ocurrieron antes, durante y después de la jornada electoral, mismas que configuraron una “Elección de Estado”.

1. Cuatro de siete consejeros del Instituto Electoral de Coahuila: Gustavo Espinosa, Alejandro González, Gabriela de León y María de los Ángeles López, fueron exhibidos en algún momento del proceso por su vinculación con el PRI-Gobierno.

2. La actuación de 2 de 3 magistrados del Tribunal Electoral de Coahuila: Valeriano Valdés y Elena Rivera, estuvo condicionada por los contratos que facturan sus hermanas con los gobiernos Estatal y Federal del PRI.

3. Agentes externos a los funcionarios de casilla boicotearon el 4 de junio centros de votación ubicados en espacios públicos, ocasionando un retraso de dos horas en apertura de casillas (lo cual inhibió la participación, por consecuencia).

4. Un 23 por ciento de paquetes electorales (dos mil 524) fueron trasladados por mecanismos no previstos por el INE –incluyendo a empleados del Ayuntamiento de Torreón– pese a que se invirtieron 778 mil pesos para ello.

5. Fue “saboteado” el Programa de Resultados Electorales Preliminares de Coahuila, como afirmó el Consejo Local del INE el 22 de junio; se detuvo, y dejó de contabilizar una tercera parte de sufragios a pesar de que costó 9 millones 229 mil pesos hacerlo funcionar.

6. Hubo un Conteo Rápido “atípico”, como lo calificó el propio Consejo General del INE (Reforma, 12/06/17).

7. Asalto de casillas, destrucción de paquetes electorales y robo de urnas… sin detenidos ni consignados. Si bien en total fueron sólo 7, el Consejo Local del INE explicó los hechos ocurridos como intento por “desestabilizar” y “descalificar” las elecciones. Por si fuera poco, la omisión de entregar en tiempo y forma a la Fepade los elementos probatorios de los incidentes que recabó la Procuraduría General de Justicia del Estado contaminó las pruebas del delito.

8. Funcionarios de casilla fueron extraordinariamente sustituidos por “el primero de la fila”. Al menos un integrante de la mesa directiva en 8.23 por ciento de las casillas (entre 298 y 2086 personas, debido a que no lo precisó el INE) no se presentó a cumplir su obligación.

9. El resguardo de los paquetes electorales por parte de “Fuerza Coahuila” en las 72 horas posteriores al cierre de casillas.

10. Las declaraciones de la Presidenta del IEC (“el fraude es un argumento que quedó superado y ya quedó demostrado que no fue cierto”, “son leyendas urbanas”) días después de la jornada electoral pusieron en riesgo el principio de certeza.

11. Dentro de la fiscalización de los gastos de campaña se descubrió una factura pagada por el Gobierno del Estado a la campaña del PRI y, aunque ésta se “canceló”, fue un indicio determinante.

12. Envío a medios de comunicación, durante la veda electoral (del 1 al 4 de junio) y desde la cuenta oficial para difusión de boletines de la Secretaría de Gobierno, de una llamada telefónica intervenida al candidato de Morena, Armando Guadiana, con el objetivo de denostarlo.

13. Las presidencias de siete consejos municipales del IEC (Abasolo, Piedras Negras, Lamadrid, Monclova, Villa Unión, Viesca y Saltillo) fueron encabezadas por militantes del PRI.

14. Las constantes llamadas por la madrugada a teléfonos fijos, a nombre de Guillermo Anaya, candidato de la Coalición “Alianza Ciudadana por Coahuila”, para generar animadversión hacia él en periodo de campaña.

15. La epidemia de noticias falsas difundidas en internet y redes sociales durante la etapa de veda electoral (del 1 al 4 de junio), como la detención en Saltillo de supuestos camiones con dinero en efectivo procedentes de estados gobernados por el PAN (Durango y Tamaulipas, concretamente), rompieron la neutralidad en la contienda.

16. Que los debates, elemento inédito del proceso 2016-2017, hayan sido calendarizados premeditadamente por el IEC un mes antes de la votación para reducir al máximo su impacto en la decisión del ciudadano y mantener así el statu quo.

17. Ciberacoso a quienes respaldaron con su rúbrica la candidatura independiente de Javier Guerrero mediante amenazas para desalentar su voto, como la comisión de un delito electoral inexistente. Los datos personales sólo pudieron haberse obtenido de las cédulas de apoyo ciudadano entregadas al IEC (187 mil 642 firmas).

18. Rodrigo Fuentes, titular de la Secretaría de Desarrollo Social, fue sorprendido en un audio difundido el 23 de diciembre de 2016 por el periódico El Norte pidiendo a sus subordinados indebido e ilegal apoyo hacia Riquelme.

19. Gobierno del Estado a través de la Unidad de Comunicación Social pagó una evidente publicidad disfrazada de promoción turística para difundir Torreón –y particularmente las obras construidas durante la gestión de Riquelme– en los 60 días de campaña electoral.

20. Funcionarios de la Procuraduría General de Justicia del Estado participaron como representantes del PRI en cómputos de Saltillo, en día y hora laboral (7 de junio).

21. El cateo de una bodega que hizo la Fepade, en Torreón, donde aseguraron 13 mil colchas y cobijas adquiridas con recursos del Fonden pero que no fueron entregadas a los damnificados de un desastre natural en la región, y pretendían utilizarse con fines electorales para favorecer a Riquelme, como aseguró el Fiscal de la dependencia, Santiago Nieto Castillo.

22. Reparto indiscriminado de tinacos con la leyenda “Coahuila Avanza” del Gobierno Estatal días antes de iniciar las campañas electorales, a través de “gestoras sociales” del PRI como documentó el periódico Reforma.

23. La principal oferta de campaña de la Coalición “Por un Coahuila Seguro”: “Mi Monedero Rosa”, fue sancionada como “gasto indebido”, ilegítimo e inválido por el INE.

24. Una estructura paralela al PREP operó para el PRI en las propias oficinas del IEC, montada por empleados de “Soporte” de la Secretaría de Finanzas.

25. Rebase del tope de gastos de campaña en 7.86 por ciento por parte de la Coalición encabezada por el PRI.

CORTITA Y AL PIE

A juicio de Ramón Guridi, magistrado del Tribunal Electoral de Coahuila, hubo “violaciones graves, generales y substanciales a los principios constitucionales que rigen una elección democrática, como certeza y legalidad, poniendo en duda la credibilidad de los resultados”.

El magistrado de la Sala Superior, Reyes Rodríguez, dijo al respecto que “las trampas cometidas por los partidos en los procesos electorales provocan una ruptura entre los representantes surgidos de un fraude y los gobernados”. Como consecuencia, “los representantes surgidos de prácticas ilícitas ejercen un poder débil”.

LA ÚLTIMA Y NOS VAMOS

Cito a Miguel de Unamuno: “venceréis porque tenéis sobrada fuerza bruta, pero no convenceréis porque convencer significa persuadir. Y para persuadir necesitáis algo que os falta en esta lucha: razón y derecho”.

A un año, ni perdón ni olvido.

@luiscarlosplata