CDMX.-  La insistencia tanto de los familiares de las víctimas, como de los propios imputados en el multihomicidio de la colonia Narvarte, registrado el pasado 30 de julio de 2015, no ha permeado a los encargados de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJ).

A un año del asesinato de la activista social Nadia Vera; Yesenia Quiroz, de 18 años; la colombiana Mile Virginia Martín; la empleada domestica Alejandra Olivia Negrete Avilés, y del fotógrafo Rubén Espinoza, no hay avance importante para esclarecer el crimen.

La averiguación sigue igual que después de los tres primeros meses del incidente, cuando éste cobró relevancia a nivel internacional por la manera en que fueron asesinadas las víctimas. Hasta el momento no se ha establecido un móvil, la PGJ no se ha enfocado en explicar a los deudos de manera científica y pericial cómo es que los mataron, cuánto tiempo se tardaron en perpetrar el evento ni la cronotanatología de los cuerpos.

Tampoco se ha encontrado el arma homicida, aún no se ha revelado qué sucedió durante las cuatro horas que el vehículo Mustang, propiedad de Mile Virgina, desapareció de las cámaras de seguridad del gobierno capitalino.

Los familiares temen que se dé “carpetazo” a la investigación y que al igual que otros casos de alto impacto, éste quede archivado y nunca se sepa la verdad.

Con estos argumentos en la investigación, los familiares de las víctimas siguen pugnando para que la procuraduría capitalina cumpla con su trabajo, pues para ellos no es suficiente el decir que hay tres presuntos responsables detenidos, cuando no se ha demostrado que participaron en algunos de los homicidios y no se ha encontrado el arma con que les dispararon y a pesar de los exámenes periciales hechos, no se ha demostrado que uno de ellos la accionó.

Por esta situación, los familiares temen que se dé “carpetazo” a la investigación y que al igual que otros casos de alto impacto, éste quede archivado y nunca se sepa la verdad. “Nosotros no queremos a inocentes o chivos expiatorios en la 

cárcel, junto con los abogados buscamos la verdad, queremos que se sepa qué fue lo que pasó, por qué los mataron, cuál era el móvil, qué buscaban, todas esas cosas básicas de las que no nos han dicho nada”.

“Hay varios temas pendientes que la procuraduría no quiere investigar; por ejemplo, hay un cuarto ADN de un hombre que no corresponde a los detenidos o a Rubén, esa muestra estaba en una cuerda que usaron para matar a Mile, faltan muchas horas donde el vehículo desapareció, no han demostrado qué se robaron, no han hecho nada y así quieren que nos quedemos conformes y creamos que el crimen ya se resolvió como para cerrarlo”, cuestiona una de las familiares de la activista Nadia Vera.

El evento ya está olvidado: vecinos

Afuera del edificio marcado con el número 1909 de la calle Luz Saviñon ya no hay altar, veladoras, fotografías o cualquier cosa que recuerde el evento que estigmatizó la Narvarte. Vecinos del departamento 401 no quieren hablar o recordar lo sucedido, los empleados de las tiendas aledañas renunciaron hartos de los cuestionamientos de curiosos que pasaban y preguntaban si ahí era el lugar del multihomicidio.

El departamento continúa asegurado por la procuraduría local, nadie puede entrar ni habitarlo, lo que le ha generado pérdidas económicas a los propietarios, quienes omiten hablar del tema.

Afuera todo parece normal, la gente camina a paso veloz sin si quiera voltear a ver el departamento que a lo lejos se distingue por los cartones que tapan las ventanas, de esta manera no se ve nada al interior.

“Eso fue el año pasado, nosotros seguimos nuestras vidas y esperamos que la familia de estos jóvenes también hagan lo suyo. En ocasiones vemos que llegan peritos y policías al edificio, pero no sabemos lo que hacen: entran, se están un rato y luego se van, vuelven a colocar los sellos y listo, es todo lo que vemos.

“Ese evento lastimó mucho al edificio y a todos los vecinos, nuestros amigos y familiares se preocuparon mucho, nosotros también, hasta apenas hace poco aún piensan que pueden venir otra vez esos hombres y tratar de intimidar a quien vio o escuchó algo, pero como ya le dijimos a los policías, ese día nadie se dio cuenta de nada, de echo dos de los que vivían aquí el año pasado cambiaron de residencia”, comenta uno de los vecinos del departamento, quien pidió el anonimato.

Tras el incidente los administradores del lugar mejoraron la vigilancia del edificio, renovaron las cámaras de vigilancia, los sistemas de entrada y salida, así como las revisiones a personas que buscaron rentar alguno de los departamentos, puros conocidos o recomendados directos de los mismos moradores, también la vigilancia incrementó, más patrullajes y rondines se reflejan en la baja de la incidencia delictiva, según datos de la Secretaria de Seguridad Pública.

“Yo tengo apenas cuatro meses trabajando aquí. Los que trabajaban antes se fueron, todos llegaban a preguntar qué había pasado en el departamento, los policías les preguntaban si sabían algo, si ese día escucharon algo y eso les dio miedo y los cansó”, narra “Don Pepe”, empleado de la papelería contigua al edificio.

Se dicen inocentes

Los detenidos Daniel Pacheco Gutiérrez, Abraham Torres Tranquilino y César Omar Martínez Zendejas, mantienen su versión de que el día de los hechos los tres estuvieron en el departamento, pero ni uno accionó el arma homicida; es decir, están en prisión porque el día de los hechos estuvieron en la habitación y aunque fueron captados por las cámaras de seguridad sacando maletas e incluso se robaron el Mustang rojo, hasta la fecha no se ha comprobado de manera científica que ellos los hayan matado.

Se dicen inocentes y “chivos expiatorios” al tiempo que la procuraduría capitalina, aún no demuestra científicamente que uno de ellos o los tres fueron los asesinos materiales o intelectuales de las víctimas.

Durante estos 12 meses del proceso legal se han celebrado 20 audiencias en el juzgado 25 penal, con base en los expedientes 129/2015 y sus acumulados 139/2015 y 149/2015 por los delitos de feminicidio agravados —diversos cuatro—, homicidio calificado, robo agravado en pandilla, así como robo agravado de un vehículo estacionado, los imputados a la fecha aún tienen pruebas pendientes por desahogar; en este sentido, el juzgado que lleva el caso dio a conocer que a Daniel Pacheco Gutiérrez le falta por desahogar documentales a registros de entrada y salida de vehículos de la Unidad Conjunto Habitacional Cuemanco, del 4 de agosto de 2015.

Mientras que en el caso de Abraham Torres están desahogadas todas las imputaciones que se le hicieron y él se sigue diciendo inocente. Respecto al procesado César Omar Martínez, de éste se encuentran pendientes de desahogar dictámenes terceros en discordia en materia de criminalística de campo y otro de identificación humana; es el único que cuenta con un abogado particular y tiene los recursos necesarios para demostrar pericialmente que ni siquiera estuvo en el lugar el día de los hechos.

Respecto a la denuncia de tortura hecha por Daniel Pacheco Gutiérrez, ya concluyeron dos dictámenes de los profesionales en la materia que fueron designados, los cuales negaron la existencia de golpes o “presión” que demostraran que bajo presión él se dijera culpable. Por otra parte, está pendiente la emisión de un dictamen en materia de medicina forense.

Abraham Torres también denunció tortura y en audiencia de ampliación de declaración dos peritos emitieron sus dictámenes y está pendiente la rendición de otro en materia sicológica.

Con relación a los amparos que promovieron, se dio a conocer que Daniel Pacheco interpuso un juicio de garantías en contra de la resolución emitida por la Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia capitalino, el 29 de marzo pasado y derivada del recurso de apelación interpuesto por la defensa pública de dicho procesado en contra del auto de formal prisión emitido el 13 de agosto de 2015.

Asimismo, queda pendiente de resolución el juicio de amparo interpuesto por César Omar Martínez en contra del auto de formal prisión, de fecha 18 de septiembre de 2015, dictado por el Juez Séptimo Penal en la capital del país.

Provilegios en la cárcel

Los imputados en el caso de la Narvarte tardaron tres meses en ser respetados en la cárcel, la fama que les dio cuando se enteraron “el trabajo” que hicieron para estar tras las rejas fue suficiente para ganarse un respeto del resto de los convictos, el sólo relacionarlos con el cártel de Los Zetas ayudó incluso a que empezaran a recibir privilegios. Ahora Daniel, Abraham y Omar viven todo su proceso penal en el “área VIP” del reclusorio Oriente.

Están en la zona de los políticos influyentes, empresarios poderosos y todo aquel que puede pagar el alejarse de la población común. Ahí los tres se mueven tranquilos, aseguran los custodios que no dan problemas, no piden gran cosa y quien parece disfrutarlo más es Daniel, el primero de los detenidos por el incidente.

Las pláticas o entrevistas con medios de comunicación están prohibidas —fue parte del acuerdo de las autoridades para estar en este lugar— por lo que no son molestados sobre lo que hicieron. Los abogados de oficio de Daniel y Abraham parecen no tener prisa por resolver la situación jurídica de sus defendidos, pues platican con ellos en ocasiones una vez al mes, sólo para comentarles que todo sigue igual y que no los han encontrado culpables.

Quien parece más inquieto es Omar Martínez, “El Omarcito”; a el lo defiende su esposa, quien es abogada. No habla nada sobre el tema, trata de mantener un bajo perfil y es el que más amparos ha promovido; incluso, entre los pasillos del penal murmura que alcanzará la libertad este mismo año, pues legalmente no hay nada que lo vincule con el multihomicidio.

La platica entre ellos es formal, al “Omarcito” se le ve a parte, marca su distancia con Daniel y Abraham, a quienes pareciera que les gusta estar tras las rejas sin presiones y sin que nadie los moleste, esto mientras su situación se define.

Los imputados en el caso de la Narvarte tardaron tres meses en ser respetados en la cárcel, la fama que les dio cuando se enteraron “el trabajo” que hicieron para estar tras las rejas fue suficiente para ganarse un respeto del resto de los convictos, el sólo relacionarlos con el cártel de Los Zetas ayudó incluso a que empezaran a recibir privilegios. Ahora Daniel, Abraham y Omar viven todo su proceso penal en el “área VIP” del reclusorio Oriente.

Están en la zona de los políticos influyentes, empresarios poderosos y todo aquel que puede pagar el alejarse de la población común. Ahí los tres se mueven tranquilos, aseguran los custodios que no dan problemas, no piden gran cosa y quien parece disfrutarlo más es Daniel, el primero de los detenidos por el incidente.

Las pláticas o entrevistas con medios de comunicación están prohibidas —fue parte del acuerdo de las autoridades para estar en este lugar— por lo que no son molestados sobre lo que hicieron. Los abogados de oficio de Daniel y Abraham parecen no tener prisa por resolver la situación jurídica de sus defendidos, pues platican con ellos en ocasiones una vez al mes, sólo para comentarles que todo sigue igual y que no los han encontrado culpables.

Quien parece más inquieto es Omar Martínez, “El Omarcito”; a el lo defiende su esposa, quien es abogada. No habla nada sobre el tema, trata de mantener un bajo perfil y es el que más amparos ha promovido; incluso, entre los pasillos del penal murmura que alcanzará la libertad este mismo año, pues legalmente no hay nada que lo vincule con el multihomicidio.

La platica entre ellos es formal, al “Omarcito” se le ve a parte, marca su distancia con Daniel y Abraham, a quienes pareciera que les gusta estar tras las rejas sin presiones y sin que nadie los moleste, esto mientras su situación se define.