Rubén Moreira informó, con bombo y platillo, que se cancelará el descuento de 6.5 por ciento a los maestros jubilados que fue creado para sostener el fondo de pensiones del magisterio, y se eliminará, dice, porque es una medida inconstitucional, pero se quedó corto porque ese descuento es también ilegal.

No deja de extrañar que hasta ahora don Rubén se dé cuenta de que, en efecto, se trata de un cobro ilegal en el que los jubilados tienen que aportar parte de su ingreso mensual, pero tuvo que ser una resolución de la Suprema Corte de Justicia (SCJN) lo que lo indujera a asumir esta decisión que finalmente no es una graciosa concesión, como la quiso presentar en  su Cuarto Informe.

Insisto en que el señor Moreira y los líderes de la Sección 38 ignoraron que la seguridad social y la salud de los trabajadores está garantizadas por nuestra Constitución, en los  artículos 1, 4, 115 fracción VIII, 116 fracción VI y 123 apartado A fracción XXIX y apartado B fracciones XI y XII, ya que la salud es un derecho inalienable de los trabajadores y los mexicanos en general. 

Es sabido que ambos organismos públicos descentralizados del Gobierno del Estado, tanto el Servicio Médico  como la Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación, han resultado deficientes en el desempeño de sus obligaciones para con sus afiliados y los beneficiarios de éstos, particularmente en los últimos ocho años; es decir, en el transcurso de los gobiernos de los señores Moreira.

Hay que subrayar que anteriormente estas instituciones se habían caracterizado por su atención oportuna y de calidad a sus derechohabientes, pero en la etapa señalada degeneraron en un evidente deterioro de sus servicios, como la falta de recursos humanos y equipamiento adecuado en las instalaciones hospitalarias y de medicamentos en la farmacia, además de presuntas graves acciones de corrupción entre los funcionarios de los dos organismos. 

En su Cuarto Informe, el Gobernador se comprometió a resolver en definitiva el problema pensionario del magisterio, pero nada dijo acerca de la problemática de la clínica y la farmacia, porque también  debiera eliminar las ilegales cuotas que se cobran por concepto del abastecimiento de medicamentos a los derechohabientes.

Hasta ahora, la ley vigente de pensiones y del servicio médico otorga la dirección de los dos organismos descentralizados a los dirigentes de la Sección 38, excluyendo de ella a las dos universidades públicas, la UAAAN y la UAdeC, lo cual le imprime un carácter de inequidad, exclusión y discriminación, lo que debiera corregirse incluyendo en ambos organismos a directivos universitarios. 

Otro aspecto que debe corregirse es la nula transparencia en el manejo de los recursos y en la rendición de cuentas a los derechohabientes.

Se  ha comentado que la eliminación del 6.5 por ciento que pagan los maestros jubilados ahora será costeado por la ciudadanía con una cantidad que asciende a 60 millones de pesos. Habría que aclarar que todos los pagos que realiza el Gobierno, todos, son pagados por los ciudadanos mediante sus impuestos, porque el Gobierno no tiene nada, nada que no obtenga de nuestros tributos. 

Como puede observarse, la aprobación de una reforma a la Ley de Pensiones ineludiblemente debe ir acompañada de una modificación a la ley del Servicio Médico, porque, de lo contrario, la problemática de los trabajadores de la educación, tanto los de la Sección 38, como los de las dos universidades públicas del Estado, se resolvería a medias, lo cual no será aceptado por los trabajadores de la Coalición de Trabajadores de la Educación.