En el juicio penal la prueba lícita es una garantía fundamental para asegurar el principio de presunción de inocencia: nadie puede ser condenado con pruebas recabadas en forma ilícita. Las personas acusadas, por tanto, tienen derecho a contradecir la prueba de cargo siempre y cuando sea lícita, porque si la autoridad obtiene la evidencia en forma arbitraria, los jueces debemos anularla o excluirla por no tener validez.

En la “Odisea” de Homero, la idea de Ulises atado al mástil para no dejar seducirse por el canto de las sirenas es una buena metáfora para significar las limitaciones de la autoridad para averiguar el delito. Por más que sea seductora la prueba ilegal, el fiscal debe atarse a la Constitución y perseguir a los delincuentes con una mano atrás y la otra adelante para constituir las pruebas en forma lícita.

El martes pasado la Sala Colegiada Penal confirmó una sentencia de un tribunal de primera instancia en donde se decretó la nulidad de la evidencia de una presunta posesión de narcóticos, por la detención ilegal que afectó la prueba por la violación a la libertad personal, sin causa debida.

Este precedente es importante porque manda un mensaje de estricta legalidad que las autoridades deben observar. Todos estamos interesados en combatir la impunidad. La sociedad merece que el responsable de un delito cumpla su castigo proporcional. Pero la sociedad también merece, para evitar arbitrariedades que afecten la presunción de inocencia, que las pruebas que sirvan para condenar a alguien sean válidas.

De lo contrario, a cualquiera nos pueden acusar y condenar con pruebas arbitrarias que no son auténticas ni confiables por su ilegalidad. Los jueces somos los que velamos por el juicio debido. No son meros formalismos que generan impunidad. Son las garantías fundamentales que el pueblo ha constituido para proteger uno de sus valores más preciados, la libertad.

En el caso que juzgamos, la autoridad no demostró ninguna sospecha razonable que le justificara el actuar de la detención de la persona acusada, mucho menos que en esa detención (ilegal) el propio detenido, de manera libre y voluntaria, aceptara la inspección de su vehículo para descubrirle la posesión de narcóticos que pueden constituir un delito.

Luego la sala penal confirmó la nulidad de las pruebas. No se puede confiar en la posesión de narcóticos que presuntamente se descubrió de manera inevitable al inspeccionar un vehículo, cuando fue precedida de un arresto ilegal. Menos aún se puede confiar en un supuesto consentimiento del detenido ilegalmente, porque si había razones válidas para sospechar un control preventivo de la policía, las autoridades podían legítimamente actuar sin necesidad del permiso del sospechoso.

En la sesión pública, sin embargo, anuncié un voto particular para expresar la metodología que se debe realizar para examinar los casos donde no se deben anular las pruebas para fijar un criterio razonable, conforme a la doctrina judicial comparada del árbol envenenado.

Puede llegar a ser impopular el control de legalidad de las pruebas. En gran medida los políticos podrán acusar de corrupción a los jueces porque dejaron libre a los delincuentes. Pero en realidad los jueces no velamos por nuestra popularidad. Velamos por los derechos de las personas a un juicio justo, para que nadie pueda ser condenado con frutos podridos.

La autoridad investigadora, por tanto, tiene siempre el reto de perseguir el delito con las manos atadas. Esos amarres al mástil se llaman derechos. El no oír a las sirenas de la arbitrariedad se llama garantías. El no condenar con manzanas envenenadas se llama no perpetuar la impunidad de la Reina Malvada que adormece a Blanca Nieves en perjuicio de los siete enanitos.

EL CONSEJO DE CIRCE

Si Ulises se ató al mástil del barco con los oídos descubiertos, sin cera alguna, fue para probar a todos los marineros de la nave que se taparon los oídos con cera, el efecto negativo de la música de las sirenas. Ulises, por más que suplico e imploró, no fue desatado.

Las sirenas no tuvieron otro remedio que cumplir con su obligación y una de ellas debía morir. Parténope se lanzó al mar. Fue enterrada con grandes honores y en su honor se fundó Nápoles.

Si los jueces no oímos el canto de la arbitrariedad, al final construiremos un precedente que evitará que la policía escuche a las sirenas de la impunidad. El pueblo, por tanto, asegurará su bienestar: nadie será condenado arbitrariamente.