La Secretaría de la Función Pública (SFP) recibió una denuncia de hechos por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera en contra del ex director general de Procesos Legales, Mauricio Moreno Balbuena, por haber actuado a favor del ex gobernador Javier Duarte para reclasificar sus delitos de delincuencia organizada por asociación delictuosa y así reducir su pena.

De acuerdo al oficio que recibió la semana pasada la SFP y al que MILENIO tuvo acceso, la UIF muestra evidencia de cómo tres meses antes del cambio de gobierno, el funcionario perteneciente a esta unidad fue quien solicitó al Ministerio Público la reclasificación de delitos, desdiciéndose de la investigación e incluso, de la denuncia que ellos mismos presentaron dos años antes en contra del ex gobernador de Veracruz y nueve personas más por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La narración de hechos detalla el proceso de la indagatoria que comenzó el 16 de octubre de 2016 cuando la UIF presentó mediante el oficio 110/F/B/3465/2016 a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, una denuncia de hechos en contra de 10 personas que realizaron operaciones financieras y actos jurídicos en conjunto, con las cuales, “introdujeron recursos al sistema financiero nacional mediante un complejo esquema de operaciones para otorgarles una apariencia de licitud.

“Es decir, tuvieron como objetivo aparentar que los recursos se obtuvieron como ganancia de operaciones comerciales lícitas; sin embargo, llevaron a cabo compraventas de parcelas para después trasladar de manera artificial un valor injustificado, para finalmente introducir al sistema financiero las cantidades de dinero ganadas por la sobrevaluación de dichos inmuebles, aunado a que algunos de los recursos provinieron del gobierno de Veracruz”.

Además del ex gobernador priista, la UIF señaló a Moisés Mansur Cysneiros, Alfonso Ortega López, José Juan Janeiro Rodríguez, Rafael Gerardo Rosas Bocardo, Javier Nava Soria, Elia Arzate Peralta, Nadia Isabel Arzate Peralta, Miguel Vázquez Nieva y Santa Bartolo Acuña.

Recuerda que se inició una carpeta de investigación en octubre de 2016 y lograron el 22 de julio de 2017 que el juez especializado en el sistema penal acusatorio del Centro de Justicia Penal de la Ciudad de México, emitiera el auto de vinculación a proceso en contra de Javier Duarte por ambos delitos, mismo que se ratificó en octubre de ese mismo año tras una apelación del ex priista.

Sin embargo, casi dos años después, el 21 de agosto de 2018 el director general de Procesos Legales, Mauricio Moreno Balbuena presentó ante la entonces Procuraduría General de la República un escrito mediante el cual “formuló alegatos para exponer que se trató de asociación delictuosa en lugar de delincuencia organizada, con la finalidad de que el Ministerio Público reclasificara el delito en beneficio de Javier Duarte”.

El escrito presentado en ese momento por el ex funcionario ante el Ministerio Público y del que MILENIO tiene una copia, expuso como argumento que “la conducta imputada a Javier Duarte, no se adecuó a los extremos jurídicos para actualizar la delincuencia organizada, sino de asociación delictuosa; en razón que no se actualiza el elemento de permanencia a una organización criminal, al carecer de datos de prueba suficientes para sostener las estructuras y andamiajes requeridos para hablar de delincuencia organizada”.

El 26 de septiembre de ese mismo año, el Ministerio Público imputó a Duarte por estos nuevos delitos y el representante de la UIF también solicitó la apertura del procedimiento abreviado, lo que llevó a una sentencia menor de nueve años, el pago de multa de 58 mil 890 pesos y el decomiso de cuarenta inmuebles.

La Unidad de Inteligencia Financiera, explica en el escrito firmado por su titular Santiago Nieto, que el funcionario señalado, no contaba con las facultades para suscribir oficios con los que pretenda exonerar a través de una solicitud la reclasificación de un delito con menor sanción penal y mucho menos, si “había méritos para iniciar un proceso penal en contra del imputado”.

Razón por la que acusa a Moreno Balbuena de tener “un actuar omisivo que favoreció a JDDO con la imposición de una sanción menor, tanto privativa de la libertad como pecuniaria”.

El titular de la UIF también sostiene que la dependencia ahora a su cargo sí “encontraba sustentado en elementos probatorios fundados y cuya valoración permitió tener certeza y demostrar ante el órgano jurisdiccional que provenían o representaban ganancias derivadas del desvío de recursos públicos de manera injustificada y por tanto, su procedencia era ilegítima, conexa al hecho de la conformación de un grupo de 10 personas, entre ellas JDDO, realizaron actividades de manera coordinada y estructurada en sus funciones para cometer el ilícito”.

Insiste en que “se actuó con la intención de beneficiarlo y procurarle una sanción menor a la fijada” pasando de entre 20 a 40 años de prisión a los cuatro años y seis meses que se le impusieron en el procedimiento abreviado”.

En la audiencia de Javier Duarte del pasado 04 de enero, reiteró que hubo un acuerdo con el anterior gobierno federal para que se entregara a las autoridades pero aseguró que la última parte de la negociación se vio afectada por una disputa entre el entonces titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Alberto Bazbaz y Miguel Ángel Osorio Chong que entonces estaba al frente de la Secretaría de Gobernación porque no coincidían en si debían deportarlo o extraditarlo.

La reclasificación de delito a petición de la UIF, se dio cuando Bazbaz ya no estaba al frente de esta, ni Osorio Chong en Segob.