Si un día, por alguna afortunada coincidencia o intervención providencial, la Justicia llega a aprehender a un criminal, aun así todavía falta que la autoridad que lo captura, acusa y juzga no atropelle ninguno de los derechos inherentes del acusado porque, de hacerlo, es probable que el truhán la libre y salga tan fresco de regreso a las calles.

No importa que el rufián haya sido pepenado en flagrancia, a la vista de 200 testigos y que además, se haya dado el lujo de declararse culpable: “Bueno, sí. La violé, maté, descuarticé, cociné y me la pensaba comer. Pero mi plan inicial no era en ese orden”.

No importa, un error en la captura, investigación, integración del caso o juicio y el Hannibal de colonia popular está en un parpadeo de vuelta en su barrio y con ganas de tamales.

Es por eso que necesitamos gendarmes, agentes del orden, fiscales, ministerios públicos y jueces competentes, para que hagan las cosas como debe ser y no a la mexicana, cosa que posibilita que los malos estén afuera y muchos buenos estén adentro.

Cuando algo tan desgraciado llega a suceder, que la ineficiencia o ineficacia de nuestro aparato procesal se vea obligado a dejar en feliz libertad a un malandro (del latín Mal=maldad y Andros=vato/pelado/viejo infeliz), es sin duda culpa de nuestras mal capacitadas y corruptas autoridades.         

No es ninguna anomalía del sistema de justicia mexicano, las legislaciones como la nuestra tienen estos candados, no para darle a los delincuentes una oportunidad y hacer más emocionantes los dramas policiacos en TV, sino para evitar que quienes ejercen la autoridad no pierdan la cabeza actuando discrecionalmente contra quien más gordo les caiga. Es, digamos, un dispositivo de seguridad contra el delirio que provoca el ejercicio del poder.

Sin embargo (“más sin en cambio”, dijo el cibernauta), todo lo anterior no significa que el peladete no sea un criminal, delincuente, bandido, malhechor, facineroso o la categoría que mejor le acomode.

Es decir, el que haya salido libre por un tecnicismo, una torpeza de la autoridad o incluso, alguna sagacidad de su defensor que encontró algún subterfugio legaloide, no le exime de culpa ni lo absuelve, ni moral ni espiritualmente: El malandro es malandro, el pillo es pillo, el asesino es asesino y la porra del Atlas es cabrona, no importa cuál sea su situación legal.

Un país sin duda está en problemas cuando sus malhechores son más competentes que sus autoridades. 

Sin embargo, pese a la ineficiencia, incapacidad o franca corrupción de la autoridad, el criminal sigue siendo eso, una canija lacra social que soñamos con ver tras las rejas.

Vamos a descender algunos niveles en la escala delincuencial y a bajarle unas rayitas, pasemos de lo criminal (actos que atentan contra la vida y la libertad) y ubiquémonos en el más doméstico ámbito de las infracciones.

Desde su implementación, las llamadas fotomultas fueron objeto de 1, molestia de parte de quienes piensan que tienen derecho a circular por las calles hundiéndole toda la chancla a su devorador de hidrocarburos y 2, polémica, debate, enconos y resistencia de origen político (ganas de joder a la administración municipal azul, desde todos los frentes que ocupa el hegemónico tricolor).

Es fecha que el Ayuntamiento se las ha visto prietas para recaudar lo que supuso sería su agosto por concepto de infracciones electrónicas por conducción a alta velocidad. El Gobierno Estatal no sólo no respaldó al Ayuntamiento en el cobro, sino que ha azuzado a los ciudadanos para que repudien (y se pasen por donde nos les pega el sol) todo el programa de monitoreo y penalización electrónica implementado por el Municipio.

Por convicción o por designación, el que la emprendió contra las fotomultas y todo lo que haga el Municipio fue el ciudadano diputado Francisco Tobías. Mismo que anda promoviendo amparos a diestra y “sin ésta”  contra las fotomultas. Ya un juez le otorgó al Diputado tres amparos tres, que eximen al Diputado de pagar el importe de la multa a que se hizo acreedor por conducir reiteradamente a exceso de velocidad.

El señor “Tobayas” (en inglés) está contento y conmina a los saltillenses a que sigan su ejemplo y se amparen, porque (y eso es motivo de otro debate aparte), la aplicación de la multa o el cobro de la misma violentan algún derecho civil, lo que anula la pena económica impuesta  y exime a los infractores del pago… pero no de la culpa.

Al Diputado de por sí le llueven cuestionamientos sobre por qué mejor no nos amparamos contra la megadeuda (que él mismo ayudó a “legalizar”) o por qué no se pronuncia igual de enérgico contra los carísimos y reiterados cobros de derechos vehiculares de orden estatal. Sabemos la respuesta: porque Tobías es lacayo del actual régimen y su cruzada no es ciudadana, sino política.

Lo chistoso es que sería más legítimo si asumiendo la naturaleza de sus acciones, tuviera el valor de reconocer que como buen aliado del poder, sencillamente no avala las acciones de una gestión de oposición. En serio que sería válido, perfectamente legítimo, en vez de inventar que ha sido víctima de un abuso.

Quizás el esquema de fotomultas sea perfectible, o le falte mucho para estar correctamente instrumentado como en tantas otras regiones del mundo donde opera.

Lo cierto es que el legislador reiterada y sistemáticamente ha infringido el límite de velocidad. Y lo ha hecho por una de dos razones: O le encanta pisarle, o lo hace de manera consciente sólo para desatar una polémica y es, en cualquiera de los dos casos, reprobable. 

Ahora, Tobías puede arengar a los saltillenses diciéndoles que sigan su ejemplo y se amparen como exitosamente le resultó a él y así agrupar un montón de seguidores.

Estará en todo caso encabezando a una bola de infractores que aprecian más su derecho a ser cafres que su seguridad o la de sus semejantes. Es, toda proporción guardada y regresando a las Ligas Mayores, como si un criminal que evadió la acción de la justicia aconsejara a otros sobre cómo librarla también.

¡Felicidades, diputado! ¡Tú, muy bien!

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