Hace tres meses, la publicación del semáforo de reapertura del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador no dejó contento a muchos gobiernos locales, como fue el de Coahuila, en donde el gobernador Miguel Riquelme en ausencia de un claro mandato federal, decidió adoptar un enfoque y velocidad distintos al que planteaba la federación. Se crearon subcomités de Salud regionales integrados en su totalidad por la burocracia municipal y estatal y empezaron a permitir que distintas actividades económicas se echaran a andar. Su modelo calculó cómo la enfermedad y las políticas gubernamentales influirán en la cantidad de personas que trabajan y compran.

El 18 de mayo de este año, el gobernador Riquelme anunció que Coahuila iniciaba ya la reapertura gradual de la economía. Lo hizo en medio de la crisis de salud más grave en un siglo. Se trataba pues, de una apuesta muy riesgosa. El cierre de la economía ocasionado por el COVID-19 estaba causando gran sufrimiento social y económico, y todos esperábamos una reapertura oportuna para comenzar a aliviar la tensión.

En mayo dijimos entonces que una reapertura prematura podría aumentar la crisis. ¿Por qué? Creo que podemos entenderlo con las decisiones que tomaron otros países y ponía como ejemplo el hipotético caso de que, en medio de la pandemia, España, Italia o Inglaterra hubieran decidido abrir su economía el lunes siguiente del pico máximo de muertes y contagios registrados hasta entonces.

En ese tiempo, aquí mismo escribí que todos necesitábamos volver al trabajo, pero con la tranquilidad de que es un riesgo calculado que beneficiará en lugar de dañar la economía y en especial nuestra salud.

La reapertura, por supuesto, se hizo en total desorden y sin ningún protocolo serio. El estado no asumió la responsabilidad de las consecuencias de la acción pública y en ausencia tanto de una vacuna como de un tratamiento, no impuso fuertes restricciones a la libre circulación de personas durante la pandemia, exponiendo a la población a lo que sabemos que es una amenaza, y esta decisión conduciría a un aumento del número de muertes, siendo esto último, responsabilidad del Estado.

No se midieron los riesgos para la salud de los coahuilenses. Había que abrir por abrir. En año electoral no había en la visión oficial nada más importante y así lo dejó claro Riquelme. Nada ni nadie nos regresaría al confinamiento y cerrar la economía por segunda vez o bajar la velocidad de la reapertura era algo impensable.

Parecería que, para Riquelme, Manolo Jiménez y quienes impulsaron esa reapertura antes que ningún estado en México, se trataba de la premisa de ¡tu dinero o tu vida! Pero jamás contaron con que el COVID-19 no leyó ese día las noticias y siguió actuando sobre los coahuilenses sin respetar los planes de los políticos, pues el virus será siempre el virus y no le importa lo que hagamos.

Desde entonces vimos algunos negocios atiborrados y sin cumplir las mínimas medidas que recomendaba la Organización Mundial de la Salud (OMS) para disminuir los contagios y por lo tanto el riesgo de morir por COVID-19. Ni siquiera el gobernador o el alcalde de Saltillo fueron capaces de cumplir con esas normas, exhibiéndose en reuniones sociales sin cubrebocas, algo que fue duramente criticado. Tampoco los coahuilenses hemos sido ejemplo de comportamiento ante el virus y nuestra conducta ha sido decisiva para que la pandemia siga enseñoreándose sobre nuestras vidas.

La mañana del 18 de mayo, el día en que la economía se reaperturó, Coahuila registraba 756 casos de contagios de COVID-19 y habían fallecido 65 personas por esta causa. Desde entonces, el virus se ha ensañado con nosotros hasta llegar a 17 mil 829 casos y matando a 990 personas. Pero a eso debemos sumar que el empleo no sólo no se recuperó, sino que continuó a la baja. Desde el 1 de marzo al cierre de julio, Coahuila ha perdido 36 mil empleos permanentes en términos reales, esto a pesar de la recuperación de 6 mil empleos al cierre de julio.

Quizás por la mente de las autoridades estatales y municipales, 925 muertes eran el precio a pagar. Ellos tomaron una decisión política contraría y los costos de esas medidas están ahí. Era el “¡tu dinero o tu vida!”, al final fueron los dos.