Washington.- El presidente estadounidense, Donald Trump, propuso hoy al Congreso una reforma migratoria que permitiría acceder a la ciudadanía a 1,8 millones de indocumentados que llegaron a EE.UU. de niños a cambio de 25.000 millones de dólares para construir el muro y reforzar la seguridad fronteriza.

La cifra de 1,8 millones de inmigrantes es superior a los 690.000 jóvenes, conocidos como "soñadores" o "dreamers", que actualmente pueden trabajar y están protegidos de la deportación por el programa DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia), cuya vigencia expira en marzo por orden de Trump.

Según informaron altos funcionarios de la Casa Blanca, Trump ha pedido al Congreso que apruebe una ley que permita a los "soñadores" acceder a la ciudadanía en unos 10 o 12 años si cumplen con algunos requisitos, como tener trabajo, educación y "un buen comportamiento moral".

A cambio, ha exigido al Congreso 25.000 millones de dólares para construir el muro fronterizo con México, implementar "mejoras" en la frontera con Canadá y reformar los puestos de control, que regulan el tráfico de personas y mercancías, según estas fuentes.

El presidente, además, pide el fin de la llamada "lotería de visados para la diversidad", que asigna aleatoriamente hasta 50.000 visados al año para los ciudadanos de naciones que tradicionalmente tienen bajas tasas de migración a Estados Unidos, especialmente países africanos.

Al respecto, Trump propone eliminar la lotería, pero asignar esos 50.000 visados a trabajadores altamente cualificados y familias.

El mandatario, además, pide al Congreso que acabe con el actual sistema de reagrupación familiar, conocido por sus detractores como "migración en cadena" y que permite a ciudadanos estadounidenses pedir la tarjeta de residente permanente ("green card") para sus familiares en el extranjero.

En concreto, Trump pide dar prioridad a la "familia nuclear", de forma que los ciudadanos estadounidenses puedan reclamar solo a sus cónyuges e hijos menores de edad que viven en el extranjero pero no a sus hijos mayores de edad y padres, parientes a los que ahora sí pueden ayudar a vivir en EE.UU.

Asimismo, Trump, quiere que el Congreso permita deportar de forma exprés a todos los inmigrantes que crucen la frontera de manera irregular sin importar su país de origen.

Actualmente, solo pueden ser expulsados de manera exprés los inmigrantes de México y Canadá.

La Casa Blanca ha descrito el plan de Trump como un "compromiso" para lograr un acuerdo en el Congreso, donde los republicanos tienen mayoría, pero los demócratas cuentan con votos suficientes para bloquear propuestas y, como ocurrió la semana pasada, forzar un cierre administrativo.

"Es un compromiso difícil, resolver el problema de DACA mientras que al mismo tiempo se trata de sacar adelante una reforma migratoria y velar por la seguridad nacional", dijo durante una llamada con la prensa un alto funcionario de la Casa Blanca, que pidió el anonimato.

De esa forma, la Casa Blanca espera que el Senado pueda votar sobre una ley migratoria durante la segunda semana de febrero, días antes del 8 de febrero, cuando expira la ley presupuestaria que financia a la Administración.

Muchos legisladores demócratas y republicanos han avisado que no apoyarán una ley presupuestaria de gasto si no se alcanza antes un pacto sobre inmigración.

La propuesta de la Casa Blanca ha sido recibida con agrado por parte de algunos republicanos moderados, como Lindsey Graham, que forma parte del grupo bipartidista de senadores que trata de lograr un acuerdo migratorio que satisfaga a Trump y pueda aprobarse en el Congreso.

"El presidente Obama lo intentó y no pudo arreglar la inmigración. El presidente Bush lo intentó y no pudo. Creo que el presidente Trump podrá. Hoy puede haber un mañana para los beneficiarios de DACA", dijo en Twitter Graham, quien acabó con la etiqueta:"#TRUMPDreamers" (los soñadores de Trump).

Aunque el liderazgo demócrata en el Congreso aún no se ha pronunciado, el plan de Trump ya ha cosechado el rechazo de su ala más progresista, incluida la senadora Elizabeth Warren, y de legisladores hispanos, como la presidenta del Caucus Hispano del Congreso, Michelle Luján Grisham.

"No podemos permitir que las vidas de unos jóvenes que han hecho todo bien sean utilizadas como monedas de cambio para políticas antinmigrantes", dijo Luján Grisham en un comunicado.