WASHINGTON – La Casa Blanca entregó este domingo al congreso una larga lista de medidas migratorias que el presidente Donald Trump demanda que sean cumplidas a cambio de avalar cualquier acuerdo para proteger a los jóvenes indocumentados conocidos como dreamers después de que fueran revocadas sus protecciones anteriores. Esto podría poner en peligro una solución legislativa en ciernes para remplazar la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, o DACA.

Antes de acordar proveerle un estatus legal a los 800.000 inmigrantes que llegaron a Estados Unidos de manera ilegal cuando eran niños, Trump insistirá en que se construya un muro en la frontera con México, se contrate a 10.000 agentes migratorios, se establezcan leyes más estrictas para regular el asilo y se le nieguen fondos federales a las llamadas ciudades santuario, que no cooperan con autoridades migratorias.

La Casa Blanca también demanda que se utilice el programa E-verify en empresas, que sirve para filtrar a quienes son migrantes sin documentos, así como que se restrinja la posibilidad de patrocinar a familiares que no sean directos para que también lleguen a Estados unidos, y que se endurezcan las políticas de paso para los miles de menores no acompañados que huyen de la violencia en Centroamérica. Con esto, ya no sería posible que esos niños de Guatemala, El Salvador y Honduras lleguen a Estados Unidos y terminen por sentirse parte de las comunidades del país que quieren estudiar y vivir ahí pero no tienen los documentos legales, como ya sucede con los dreamers. En cambio recibirían un tratamiento similar al que reciben los menores mexicanos, que pueden ser repatriados más rápidamente y con menos derecho de acceder a audiencias con jueces.

“Ahora es el momento para que el congreso adopte estas prioridades migratorias”, dijo Marc Short, director de asuntos legislativos de Trump, durante una conferencia con reporteros el domingo. De otro modo, añadió, la migración ilegal “probablemente aumentará”.

Aunque no queda claro si Trump considera las demandas como requisitos absolutos o como el primer paso para una negociación, las propuestas son como una lista de regalos para los integrantes de la Casa Blanca de línea dura respecto de las políticas migratorias. Los activistas se han opuesto por mucho tiempo a estas medidas al considerarlas draconianas e incluso racistas.

Las demandas fueron trabajadas por varias agencias y departamentos de la Casa Blanca, según algunos funcionarios. Sin embargo, entre las principales figuras detrás de las propuestas están Stephen Miller, el principal asesor de Trump, y el fiscal general Jeff Sessions; ambos se han pronunciado enfáticamente a favor de medidas más agresivas para obstaculizar el ingreso de migrantes y filtrar a los que ya están en Estados Unidos.

Las demandas implicarían una prolongación del debate que se esperaba hubiera en el congreso tras la revocación de DACA: del problema de los dreamers a cambiar por completo todo el sistema migratorio estadounidense en los términos que los conservadores de línea dura han promovido durante décadas.

En una carta a los legisladores, Trump dijo que sus demandas lidiarían con “vacíos legales peligrosos, leyes anticuadas y vulnerabilidades fácilmente aprovechadas” en el sistema de inmigración, y afirmó que representan “reformas que deben ser incluidas” en cualquier acuerdo sobre el futuro de los dreamers.

Los líderes demócratas en el congreso reaccionaron con alarma e indicaron que las exigencias socavan las declaraciones anteriores del mismo presidente, quien dijo que trabajaría con ambos partidos para proteger a los jóvenes indocumentados a través de la legislación.

“Trump no puede estar hablando en serio si dice que habrá compromisos y ayuda para los dreamers si todo empieza con una lista que es execrable para los dreamers, para la comunidad migrante y para la mayoría de los estadounidenses”, sentenciaron el senador por Nueva York Chuck Schumer y la representante por California Nancy Pelosi, líderes del Partido Demócrata en las cámaras alta y baja, respectivamente.

Ambos denunciaron las demandas de la Casa Blanca como asuntos que fracasan en representar “algún intento de comprometerse”. Dijeron que era poco más que un esfuerzo para descartar las negociaciones antes de que siquiera hubieran comenzado.

“Si el presidente hablaba en serio sobre proteger a los dreamers, su personal no está haciendo esfuerzo alguno por asumir esa postura”, dijeron Schumer y Pelosi en un comunicado conjunto.

Trump puso fin a DACA de manera sorpresiva el 5 de septiembre pasado; el expresidente Barack Obama había utilizado su poder de decreto para proteger de la deportación a los aproximadamente 800.000 jóvenes migrantes que obtuvieron con ese programa permisos renovables de dos años de duración para seguir trabajando o estudiando en el país.

Aunque Trump mantuvo su promesa de campaña de poner fin a lo que describió como “una de las acciones más inconstitucionales emprendidas por un presidente”, añadió que trabajaría junto con los demócratas en el congreso para hallar un remplazo a la acción ejecutiva con una medida legislativa, que debería consolidarse en un plazo de seis meses pues DACA quedará completamente desmantelado en marzo de 2018.

Sin embargo, un funcionario de la Casa Blanca declaró el domingo que Trump no aceptará un pacto que permita eventualmente que los dreamers accedan a la ciudadanía.

Los activistas migratorios probablemente ejercerán presión para que los líderes demócratas no accedan a un acuerdo que incluya las demandas que se han dado a conocer del presidente. Pero los defensores de migrantes y activistas por los derechos humanos también están bajo presión de hacer algo en pos de los dreamers, que comenzarán a perder sus permisos de manera escalonada a partir de marzo.