El presidente Donald Trump alertó, minutos después de saber que su nuevo veto migratorio también fue bloqueado por la Justicia, que llevará esa batalla legal hasta el Tribunal Supremo y que saldrá victorioso.

"Vamos a pelear contra este terrible fallo, vamos a llegar hasta el Tribunal Supremo, vamos a ganar y vamos a mantener seguros a nuestro país y a nuestros ciudadanos", dijo Trump durante un mitin en Nashville.

Trump respondió así a la decisión del magistrado Derrick Watson, con sede en Honolulu (Hawai), que dejó hoy sin efecto su medida con la que pretendía suspender a partir de esta medianoche la entrada al país de inmigrantes de seis países de mayoría musulmana y de todos los refugiados.

El presidente calificó el fallo de Watson como "un exceso judicial sin precedentes" y reiteró que la Constitución le otorga poderes para suspender la inmigración en pro de la seguridad nacional.

Además, anticipando que los recursos que el Gobierne presente ante el correspondiente Tribunal de Apelaciones del Circuito Noveno -una corte que Trump considera "politizada"- fracasarán, alertó que llevará la batalla legal hasta el Supremo.

"Creo que debemos volver al primer (veto) y recorrer todo el camino (hasta el Supremo). Esto es lo que quería hacer en primer lugar", dijo el presidente.

Trump se refirió así a su primer veto migratorio suspendido por la Justicia a principios de febrero, que, tras una breve, pero infructuosa batalla legal dejó arrinconado.

El presidente presentó el 6 de marzo una versión revisada del veto, a la que hoy calificó de "aguada", en la que introdujo algunos cambios rebajando el tono de la medida con el convencimiento de que esta vez evitaría el escrutinio judicial.

El nuevo veto migratorio suspendía durante 120 días el programa de acogida a refugiados y durante 90 la entrada de ciudadanos procedentes de Irán, Somalia, Sudán, Siria, Yemen y Libia.

A diferencia de la primera orden, la medida dejaba fuera a los ciudadanos de Irak y modifica la provisión sobre los refugiados sirios, que tendrán prohibida su entrada al país durante 120 días y no de manera indefinida, como establecía el veto original.